La posibilidad de que se otorgue “amnistía” a dirigentes que se postulen para las elecciones regionales del 21 de noviembre, de acuerdo con el rector principal del Poder Electoral, Roberto Picón, quizás explica por qué opositores como Américo De Grazia comenzaron a mostrar aspiraciones por gobernaciones.
Durante el foro Nuevo CNE : ¿Garantía para una mayor participación electoral? organizado por TalCual, el 28 de mayo, Picón aseguró que en el gobierno se ha discutido informalmente la posibilidad de levantar sanciones, tales como inhabilitaciones políticas, a quienes estén dispuestos a inscribir sus candidaturas.
Antes, junto al vicepresidente del ente comicial, Enrique Márquez, ya habían asomado que se haría un exhorto a instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) para que revisaran dichas inhabilitaciones y en lo posible fueran eliminadas.
Picón aclaró que la medida no es un hecho, que las negociaciones continúan y que se debe esperar al período de postulaciones establecido entre el 9 y el 27 de agosto, en el cronograma electoral, aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mientras transcurren las negociaciones por lograr mayores garantías electorales entre un sector de la oposición, de la sociedad civil y Miraflores, algunos dirigentes con medida de inhabilitación política han mostrado interés en participar en el venidero proceso electoral. A continuación presentamos algunos nombres:
Regreso al país
Américo De Grazia: Sobre él pesa una inhabilitación política por 15 años, desde febrero de 2021. El contralor general, Elvis Amoroso anunció la sanción contra él y otros 27 diputados de 2015, por no presentar declaración jurada de bienes como parlamentarios salientes.
De Grazia aseguró el 17 de mayo que regresaría al país esta primera semana de junio para realizar una gira por el estado Bolívar. Sus aspiraciones no solo serían respaldadas por partidos políticos opositores en la región sino por parte del mismo chavismo disidente, tal como lo dejó entrever el exalcalde metropolitano de Caracas y dirigente del partido REDES, Juan Barreto.
“Mi puesto de lucha estará entre los míos. Comenzaré mi gira por Upata. Guayana nos inspira con su dolor, hambre, violencia, saqueada por el arco minero, sus trabajadores abandonados”, escribió en su cuenta de Twitter.
El diputado de 2015 se encuentra en el exilio (Italia) desde 2019, tras ser acusado de participar en el intento de alzamiento militar del 30 de abril de ese año. En agosto de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro le otorgó un indulto junto a más de 100 políticos, pero persiste la inhabilitación.
Propone que para los venideros comicios regionales se activen las maquinarias y una red de testigos de mesa para ganar espacios y recuperar y que pasadas las elecciones regionales y una vez recuperada la confianza de los electores, se active el referendo revocatorio contra el mandato de Nicolás Maduro. Posteriormente, indica, vendrían las elecciones presidenciales, no antes.
Un exgobernador y un exalcalde
Liborio Guarulla: Gobernó el estado Amazonas entre 2001 y 2017, fue inhabilitado por la CGR para ejercer cargos públicos por 15 años, desde mayo de 2017. La razón es supuesta corrupción durante su gestión.
El 20 de mayo aseguró a Efecto Cocuyo que de ser levantada la sanción a partir de gestiones del actual CNE, está dispuesto a competir de nuevo por la jefatura regional. Actualmente milita en Un Nuevo Tiempo (UNT), pero si la tolda decide no participar en las regionales por decisión de la plataforma unitaria, no dudará en buscar otros respaldos en la región.
“Las oposiciones políticas se hacen participando en procesos electorales, en democracia o en dictadura, para llegar al poder por la vía del voto, lo otro son las opciones de fuerza que no conducen a nada. Condiciones electorales óptimas nunca han habido, ni en la llamada cuarta República ni ahora en dictadura”, sostiene.
“La realidad regional indica que hay deseo de participar en las elecciones”, afirman dirigentes de partidos
Enzo Scarano: Exalcalde del municipio San Diego, estado Carabobo. En medios regionales se ha reseñado que pudiera regresar al país para disputarle la gobernación de dicha entidad al chavismo, a petición del excandidato presidencial, Henrique Capriles.
Actualmente, Scarano reside en Estados Unidos, a donde se trasladó hace varios años, ante la amenaza de nuevos procesos judiciales en su contra.
En 2014 fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por el TSJ, por supuesto desacato a una sentencia que le ordenaba disolver las manifestaciones públicas contra el gobierno de Nicolás Maduro de ese año, en el municipio San Diego. Fue puesto en libertad en febrero de 2015.
En junio de 2015, la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional acordó solicitar a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación contra Scarano por las presuntas amenazas preferidas contra un funcionario de la CGR.
Posteriormente, la CGR lo sancionó con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 15 años en 2017, lo que le impidió participar en los comicios de alcaldes de ese año.
En marzo de 2018, el TSJ le levantó la inhabilitación política, producto de la sentencia condenatoria a prisión en su contra de 2014, mas sigue la impuesta por la CGR del año anterior, ratificada por el TSJ el 29 de mayo de 2019.
Historial de inhabilitaciones
De acuerdo con Acceso a la Justicia, entre 2002 y 2015, la CGR inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos para ejercer cargos públicos en Venezuela. La ONG ha denunciado que las medidas se producen por retaliaciones políticas y el interés del chavismo de sacar del camino electoral a dirigentes adversarios con apoyo popular y así facilitar la victoria de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en elecciones.
Durante la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, en marzo de este año, el contralor Elvis Amoroso reportó un total de 150 inhabilitaciones entre 2019 y 2020, luego de que según la Contraloría “contravinieran” las normas del Estado.
Los inhabilitados más recientes (desde febrero de 2021) son 28 legisladores de 2015, encabezados por el líder opositor Juan Guaidó, junto a Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares, además de De Grazia. Todos, por 15 años, por no presentar declaración jurada de bienes como parlamentarios salientes.
Guaidó ya había sido objeto de sanción, igualmente por 15 años, en marzo de 2019. Amoroso lo acusó de realizar desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un costo superior a los 310 millones de bolívares (para entonces unos 94.000 dólares) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos. El presidente de la Comisión Delegada Legislativa y la plataforma unitaria de partidos que lo acompañan no han decidido si participarán en las regionales. Mientras, presionan un proceso de negociación por elecciones presidenciales con el apoyo de Noruega.
Entre los actuales inhabilitados por la CGR también están dirigentes como Henrique Capriles por 15 años desde el 2017, con lo que se le impidió participar en las presidenciales de 2018.