Igbert Marín Chaparro levanta huelga de hambre tras visita de la ONU

POLÍTICA · 6 ENERO, 2022 17:10

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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Este jueves 6 de enero se dio a conocer que el teniente coronel Igbert Marín Chaparro,  detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, decidió levantar la huelga de hambre que había empezado hace 17 días, tras  llegar a un acuerdo con las autoridades gracias a la intervención de de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela.

«Luego que las autoridades se comprometieran a atender algunas de sus demandas, el tcnel. Igbert Marín Chaparro, levantó la huelga de hambre», informó a través de Twitter el abogado defensor Alonso Medina Roa.

Esta decisión ocurre luego de que la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas en Venezuela ingresara al recinto reclusorio para constatar el estado de salud del teniente coronel, quien se encuentra preso en los calabozos de la Dgcim detenido desde marzo 2018, acusado de “instigación a la rebelión”.

Marín Chaparro perdió seis kilos durante esta huelga de hambre, por lo que su defensa y sus familiares habían alertado y exigido conocer cuál era su estado de salud, pues se tuvo conocimiento de que había sido evaluado por personal médico y psicológico y un reconocimiento forense por parte del Ministerio Público sin que se informaran los resultados.

El efectivo castrense, registrado por la ONG Justicia Venezolana como uno de los 180 militares presos por motivos políticos, empezó la huelga de hambre exigiendo la visita de una comisión de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet; Comité de la Cruz Roja Internacional, el encargado de negocios de la Unión Europea y el Nuncio Apostólico, para que verifiquen las condiciones de reclusión de los allí privados de libertad.

También pidió la visita «de una comisión de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para que verifiquen in situ la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la CPI (Corte Penal Internacional), por el uso sistemático de torturas y tratos crueles contra mi persona, los secuestros en la casa de los sueños y demás presos políticos», señalaba en una carta Marín Chaparro.

El 2 de marzo de 2018, Igbert Marín, para ese entonces jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, fue detenido junto a otros ocho funcionarios más por agentes de la Dgcim y llevado a la sede en Boleíta,  tras una reunión que tuvo con sus subalternos y jefes en instalaciones militares de Caracas, quienes reclamaron mejores condiciones alimenticias para su tropa, condenar la corrupción institucional dentro de la FANB y exigir equipamiento para las unidades.

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Además, pidió eliminar la «casa de los sueños», el cual es un espacio con celdas de castigo, ubicado en el sótano de la Dgcim en Boleíta, Caracas, caracterizado, según denuncias, por ser muy cerrado y reducido con camas y duchas.  El militar, lo caracteriza como un «depósito de seres humanos, centro de tortura y demás violaciones de DDHH»

Finalmente, solicitó la liberación de los presos políticos civiles y militares en Venezuela y la reanudación de la mesa de la Mesa de Diálogo Nacional «dirigida por el Reino de Noruega e incluir la presencia de una Delegación de Ex-presos políticos como muestra del deseo de conciliación nacional».

Violación al debido proceso

Igbert Marín Chaparro fue apresado el 2 de marzo de 2018, junto a otros oficiales en su mayoría comandantes de diferentes batallones del Ejército, acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue imputado por instigación a la rebelión, con una condena de seis años de cárcel. 

Sin embargo, esta decisión fue apelada en su oportunidad y a la fecha la Corte Marcial no ha convocado a nueva audiencia para conocer el recurso, pese a ser una orden de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tras anular el juicio oral y público. Por esto, Igbert Marín Chaparro ha denunciado la violación de sus derechos fundamentales, torturas, tratos crueles, falta de atención médica oportuna, violación al debido proceso.