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La ONG Justicia Venezolana presentó un balance de lo que fue la situación de los presos políticos militares durante 2021, cuya cifra asciende actualmente a 180 personas, en su mayoría (72) provenientes de las filas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, denuncia que a lo largo de 2021, poco o nada hicieron las autoridades encargadas para brindar protección y seguridad a los presos políticos militares, ni siquiera, afirmó, para cumplir las más elementales condiciones de reclusión.

32 presos con patologías 

Como consecuencia de dicha situación, la organización alerta que 32 presos políticos militares registran patologías que no han sido atendidas, tales como afecciones traumatológicas (lumbares, hombro y columna), ictericia, pérdida de la visión y de la memoria, entre otras. Todas asociadas a condiciones inadecuadas de reclusión, de acuerdo con la ONG.

Justicia Venezolana recuerda la muerte del general Raúl Isaías Baduel, el 12 de octubre de este año. Abogados y familiares exigieron una investigación internacional para determinar las causas reales de la muerte, puesto que, aseguraron, el exministro de la Defensa no recibió la atención médica debida, pese al deterioro progresivo de su estado de salud.

La pandemia por COVID-19, según se registra en el balance anual, vino a agravar violaciones de derechos entre militares presos por motivos políticos. La ONG denuncia aislamiento extremo, precaria atención médica y restricción de visitas.

«Es necesario seguir llamando la atención sobre las violaciones que se comenten en contra de los oficiales institucionales que se encuentran presos por razones políticas, en aras de preservar su salud y sus vidas, las cuales corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones y, además, siendo sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión», señala la ONG.

Retardo procesal

Del número de 180 militares privados de libertad actualmente por motivos políticos, 40 provienen del Ejército, once de la Armada, diez de la Aviación, mientras que de 47 no se tiene certeza del componente de origen. La cifra total de procesados por razones políticas asciende a 252, de los cuales 237 son hombres y 15 mujeres.

La ONG registra un retardo procesal de hasta 700 días. Apunta especialmente los casos de varios oficiales que tienen más de 1.000 días presos, bajo regímenes de prisión preventiva.

Justicia Venezolana advierte que los tribunales no han hecho su parte al «perpetuar el incumplimiento de las garantías procesales» en los casos de los presos políticos militares.