Gonzalo Himiob: En el caso Baduel debe aplicarse protocolo de la ONU sobre muertes potencialmente ilícitas

POLÍTICA · 13 OCTUBRE, 2021 11:44

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Ibis Leon | @ibisL


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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en su artículo 43, que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.

Basado en lo que dice el texto constitucional, la responsabilidad por la muerte del general Raúl Isaías Baduel, anunciada este 12 de octubre, recae sobre el Estado venezolano. Es el décimo preso político que muere bajo custodia de organismos de seguridad.

El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, explica que el caso Baduel encaja en los supuestos establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas de las Naciones Unidas (2016).

Este protocolo aplica para los casos en los que:

1️⃣ La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida.

2️⃣ La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida o se encontraba bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes.

3️⃣La muerte podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida.

“Lo que corresponde es aplicar el protocolo de Minnesota de 2016 de la ONU en el cual se establecen cuáles son las pautas para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Dentro de esas pautas existe la posibilidad de solicitar cooperación internacional para garantizar la objetividad y la imparcialidad de los resultados de esas investigaciones. Las víctimas pueden requerir el auxilio de organismos internacionales objetivos e independientes para esto”, afirma.

El activista de derechos humanos señala que la muerte de cualquier preso en una cárcel, especialmente de un preso político, revela que en ninguno de los centros de reclusión de Venezuela existen las estructuras, los medios, los mecanismos ni las herramientas suficientes para mantener la salud y la vida de los privados de libertad.

“Esto se agrava por el hecho de que cuando se hacen solicitudes para que determinados presos sean trasladados a instituciones médicas, a hospitales o clínicas, donde puedan recibir el tratamiento que necesitan, los tribunales en casi todos estos casos o ignoran la solicitud o la niegan”, advierte.

Derecho a la vida

Himiob considera que en Venezuela el derecho a la vida “está quedándose en letra muerta porque no parecen los órganos de custodia ni los tribunales ganados a la idea de que es indispensable respetar la salud y la vida de las personas que están bajo su responsabilidad, sobre todo cuando ni siquiera han sido juzgados; es decir, cuando tienen el derecho a ser tratados como inocentes porque les ampara la presunción de inocencia”.

“De acuerdo a decisiones internacionales de organismos como la CIDH, el derecho a la vida es el más importante y principal de los derechos humanos porque sin derecho a la vida no es posible ejercer ningún otro derecho, por eso es tan importante que se respete la vida de las personas, especialmente las que están en mayor vulnerabilidad”, expresa.

50 presos políticos enfermos

Foro Penal registra que 50 presos políticos, de los 259 que hay en Venezuela, necesitan atención médica urgente.

Himiob destaca los casos de la comerciante Emirlendris Benítez, recluida en el Inof, quien padece complicaciones de salud que le impiden caminar por su cuenta. “Pese a que se le han realizado exámenes médicos, no se le ha facilitado el tratamiento que necesita y su situación se va agravando sistemáticamente”, denuncia el abogado.

También menciona el caso del primer teniente del Ejército Luis Alejandro Mogollón, preso en Ramo Verde. “Al momento de su detención tuvo fractura de cráneo, su situación de salud es muy grave”, alerta el defensor de derechos humanos.

Foro Penal informó que Mogollón pasó nueve días esposado desde el momento de su detención el 28 de marzo de 2017.

Inhumación

El abogado defensor Omar Mora Tosta informó que a los familiares de Baduel se les informó que el general será “objeto de una inhumación (entierro) controlada” en el Cementerio del Este, este miércoles 13 de octubre.