Hay un discurso de odio contra venezolanos retornados

POLÍTICA · 15 JULIO, 2020 19:27

Hay un discurso de odio contra los venezolanos retornados, advierten defensores

Texto por Ibis Leon | @ibisL Fotos por EFE/JOHNNY PARRA

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El gobierno de Nicolás Maduro ordenó perseguir y capturar a todos los trocheros y a quienes entren al territorio usando pasos fronterizos irregulares porque “están contaminando a sus comunidades y matando a sus familias”.

El funcionario también llamó “irresponsables” a los venezolanos que ingresan al territorio por los “caminos verdes” y en una declaración de este miércoles 15 de julio responsabilizó a un “trochero” de “matar” a su madre por entrar al país contagiado.

Según cifras oficiales, de los 9.178 casos que había el 11 de julio, 3.287 provenían de Colombia. “La mitad de los casos de Venezuela son extranjeros“, dijo Maduro.

Defensores de derechos humanos alertan que estas expresiones forman parte de una campaña de odio contra los venezolanos retornados a quienes se les responsabiliza por el aumento del número de contagios de COVID-19.

Consideran preocupante que las autoridades no discriminen entre quienes se lucran del tráfico de personas y quienes retornan desesperados porque quedaron desempleados, sin ahorros y sin vivienda.

El Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb) llama “bioterroristas” a los trocheros. “Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia”, publica la institución militar en su cuenta oficial de Twitter, un mensaje que fue leído por Maduro en el canal del Estado.

El Ceofanb exhorta a los ciudadanos a denunciar, a través de un correo electrónico, al vecino o a la vecina que haya retornado al país por los caminos verdes.

“Ya no es ni siquiera un tema de estigmatización, de etiquetamiento, ahora se trata de criminalización. Ya pasamos a una etapa superior de criminalización abierta”,  cuestiona Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Para Bolívar no existe una diferencia entre el que trafica y la víctima de tráfico en el discurso gubernamental y recuerda que en Colombia hay 24 mil venezolanos represados que quieren regresar al país, según el propio director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

“La gente se desespera y busca cómo meterse. Migración Colombia calcula que se van a demorar seis meses en retornar esos 24 mil venezolanos”, señala.

Es tajante al afirmar que se comenten delitos de odio contra los venezolanos que regresan a su país. “El gobierno ha manoseado tanto la terminología de lo que son delitos de odio que es difícil entender que esto sí es un delito de odio porque estas señalando a un sector de la población, estas instigando a que se rechace a un sector de la población”, manifiesta.

“Usar el término de terroristas y poner a las personas como responsables de la transmisión de esta enfermedad, en circunstancias democráticas, pudiera ser tipificado por esta Ley Contra el Odio.  Ese tipo de declaración incita al odio debería si ser investigada”, coincide Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, en 2017, establece en su artículo 20 que incurre en el delito de promoción o incitación al odio:

“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años”.

“Lo que puede suceder es que en una comunidad donde se detecte un caso positivo las personas reaccionen espontáneamente de mala manera agrediendo a las personas. Se puede generar una situación de mucha tensión por la ansiedad y nerviosismo en las personas al detectarse un caso positivo en sus inmediaciones”, explica Uzcátegui.

“Es escandaloso que alguien pueda sugerir que un venezolano retornado que porte la enfermedad sin saberlo, porque muchas personas la portan de manera asintomática, pueda ser calificado de bioterrorista. Eso puede generar reacciones impredecibles no solo de los funcionarios que deban atenderlo sino de la comunidad donde esa persona viva”, añade.

Derechos vulnerados

Provea ha registrado la vulneración del derecho a la salud, a la libertad de expresión y a la alimentación en albergues dispuestos para los venezolanos que regresan.

“Nosotros alertamos que, por esa discriminación, las personas retornadas estaban recibiendo abuso verbal y psicológico sistemático en los centros donde estaban siendo recluidas (albergues) y que son manejados por personal policial y militar que no está adiestrado para atender a personas con alguna afección”, afirma Uzcátegui.

Agrega que en los puntos de atención social integral (Pasi), como son denominados los albergues, hay intimidación y amenazas para que no se conozcan las denuncias.

“Hay un problema de acceso al territorio, las personas que están intentando ingresar se les obstaculiza la entrada porque son calificadas como bioterroristas. Luego está toda la discriminación que no se puede llamar xenofobia porque esta se refiere al rechazo al extranjero, pero hay una fobia”, expone Bolívar.

La investigadora destaca la opacidad que existe sobre los Pasi. “Desde el 19 de abril se perdió acceso a la información de Acnur que indicaba el número de albergues que había, su ubicación y su capacidad. En ese momento había más de 9 mil cupos y ya eran ocupados más de 6 mil; es decir, dos tercios estaban llenos a un mes de cuarentena. Pero luego se eliminó la información y la sensación que da es que están colapsados y por eso restringen el paso”, argumenta la especialista.

Los defensores de derechos humanos exhortan al gobierno nacional a aumentar los albergues y cumplir con rigurosidad las medidas de protección. Además de abandonar la retórica discriminatoria.