Griselda Colina: Gobierno deja en evidencia que no quiere solución negociada

POLÍTICA · 13 JUNIO, 2020 17:51

Griselda Colina: Gobierno deja en evidencia que no quiere solución negociada

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez Fotos por Efe (Foto Principal)

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Sin solución negociada. La directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, rechazó el nombramiento de los nuevos rectores del Poder Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Aseguró que esto deja en evidencia “la nula disposición del gobierno (de Nicolás Maduro) a una solución negociada“.

En entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, Colina criticó la forma y el fondo de la designación de los cinco rectores principales y los 10 suplentes del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por un lado sacaron a Socorro Hernández, a quien se le vencía el periodo en 2023 y a Luis Emilio Rondón, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas quienes, por norma constitucional, cesaban en sus puestos en 2021.

Para Colina esto demuestra que no hubo respeto de la legalidad. Lo único que vería positivo es la salida de Lucena por los cuestionamientos en su contra en la dirección del CNE.

Rectores sin experiencia técnica

“Estas dos supuestas personas de oposición que están entrando al CNE no tienen conocimiento, capacidad y la experticia que tiene el rector Rondón y genera más dudas. En este momento tan complejo ¿cómo van a hacer para llevar un proceso electoral donde hay tantas exigencias, demandas y ojos puestos?”, se preguntó la experta en el tema electoral.

Añadió que la designación ratifica que “no es un tema legal ni constitucional, ni siquiera los tiempos están allí. Se suponía que los rectores de la sociedad civil se les vencía su periodo en el 2021, había unas rectoras del Poder Ciudadano y Ciencias Políticas que se les vencía en 2023, pero también salen; solo queda ratificada  D’ Amelio”.

“No podemos aceptar ese CNE”

Para Griselda Colina el TSJ y la Sala Constitucional “hicieron lo que les dio la gana”. Lo que a su vez califica como grave.

“Eso demuestra también que no entienden la grave situación que está viviendo el país, es tan grave y difícil que los venezolanos no podamos contar hoy con la posibilidad de avanzar a un proceso electoral. Es lamentable”, afirmó.

Otra muestra de que no esperaban algún acuerdo mínimo es que el plazo de 72 horas que la Sala Constitucional dio al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) para entregar una lista de preseleccionados, tampoco lo cumplieron.

“No podemos aceptar ese CNE con esas condiciones, actores y forma de actuar; pero tampoco podemos abandonar el camino que nos hemos trazado que es constitucional y pacífico para la solución de la crisis en Venezuela”, reiteró.

Colina insistió en que así como se logró un acuerdo humanitario para la mitigación de los efectos del coronavirus en el país con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es necesario que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pueda hacer lo mismo en el tema electoral.

“Hemos propuesto la posibilidad de que Naciones Unidas, a través de su Departamento de Asistencia Electoral pueda tener un rol más activo en el país. Esto pasa por voluntad política, porque el país miembro que reconoce la ONU es el gobierno de Maduro y deben ellos hacer solicitud formal y eso nos permitiría tener certeza y tener diagnóstico real de cuál es el estado del CNE”.

Rectoras sancionadas

Cuestionó también que nombraran como rectoras a dos magistradas del TSJ sancionadas por gobiernos extranjeros, lo que da a entender que al chavismo no le importa lo que piense la comunidad internacional sobre la situación venezolana.

Indira Alfonzo, nombrada como presidenta del ente comicial, fue sancionada en 2018 por el Gobierno de Canadá. Esto después de ser señalada como una de las responsables de los comicios presidenciales de mayo de ese año, en los que se reeligió Maduro.

Además, Gladys Gutiérrez quien fue nombrada rectora principal y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral, fue sancionada por el Gobierno de Panamá en marzo de 2018, al ser considera como funcionaria de alto riesgo para el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.

La sanción se dio cuando era magistrada del TSJ como miembro de la Sala Constitucional, que este viernes la nombró como rectora.

Además los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) la sancionaron en diciembre pasado, como parte de las acciones contra funcionarios aliados a Maduro.

“Hay magistrados que votaron por ellos mismos, los mismos sancionados están ahora en el CNE, los plazos de vigencia del mandato de los rectores no fueron tomados en cuenta. Esto no es legal ni tiene que ver con la legalidad, sino con la voluntad política de los actores”, afirmó.

También consideró ingenuo y una posición míope la de los cinco partidos de la minoría de oposición que pidieron se declarase la omisión legislativa para nombrar al CNE, lo que finalmente ocurrió.

“Es lamentable que estos actores pretendan decir que ya está el CNE. Cuando revisas la composición de los órganos subordinados seguimos perdiendo, no hay disposición al cambio ni contrapesos importantes para que las organizaciones políticas puedan seguir negociando unas elecciones que sirvan. Esto es lo grave, que la miopía o insistencia del gobierno por mantenerse en el poder está por encima de la necesidad de la gente”.