El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, quien este miércoles cuestionó al Consejo Nacional Electoral y Miraflores por los impedimentos que puso a la Mesa de la Unidad Democrática para postular a Corina Yoris como su candidata a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En un texto que publicó el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, antes Twitter, rechazan las acusaciones de Miller sobre la inscripción de candidatos que «le son cómodos a Maduro», así como las advertencias de que habrá una respuesta a estas decisiones que consideran deslegitiman el proceso electoral presidencial venezolano.
«Venezuela ha cumplido no solamente con las normas legales y constitucionales para llevar a cabo las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sino que también ha cumplido con cada punto del acuerdo firmado entre el gobierno legítimo de Venezuela y la autodenominada Plataforma Unitaria Democrática de un pequeño sector de la derecha venezolana».
Agregan que es Estados Unidos la que intenta impedir se apliquen los acuerdos de Barbados, que ambos sectores firmaron el 17 de octubre de 2023, pero que la coalición opositora ha dicho en reiteradas oportunidades que el gobierno lo incumplió.
Incluso, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, al hacer una consulta con diferentes sectores del país para entregar un cronograma electoral al CNE, aseguró que el documento que se logró al que llamaron «Acuerdo de Caracas» era mejor que el de Barbados.
Qué respondió el gobierno a EE.UU.
Señalaron de que Estados Unidos viola también lo que ese país acordó en el pasado «en diálogos directos» con Miraflores.
«Estados Unidos pretende minimizar la participación de 37 fuerzas políticas a nivel nacional que abarcando el amplio espectro ideológico que existe en el país, inscribieron 13 candidaturas presidenciales, entre ellas 12 que se identifican como oposición», dice el comunicado del canciller Gil.
Sin nombrar a la Plataforma Unitaria Democrática, el gobierno señala a sectores de la oposición de «no tener intenciones sinceras de medirse electoralmente ante el pueblo, sino más bien de ejercer acciones en función de garantizar los intereses estadounidenses y los de los apellidos de la oligarquía venezolana».
Ante la imposibilidad de postular a Yoris, la coalición opositora optó por colocar el nombre de Edmundo González Urrutia como un «guardapuestos» de las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática y el Movimiento Por Venezuela (MPV), a la espera de lograr, en los lapsos legales correspondientes, sustituir su nombre.
Estas acciones del CNE contra este sector de la oposición trajeron la condena de la mayoría de los gobiernos de Suramérica y otras partes del continente, incluso de dos aliados del chavismo en la región: Colombia y Brasil, que elevaron sus preocupaciones ante estos hechos.