El Gobierno Interino que encabeza Juan Guaidó rechazó la designación por parte de la Asamblea Nacional del 6D de 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que desde este 26 de abril incluyen a varias figuras claves del chavismo.
Según la instancia creada por el Parlamento de 2015, este hecho es una imposición del Gobierno de Nicolás Maduro y es «la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos».
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Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la dirigencia opositora considera que esas designaciones solo buscan «proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país».
Aseguran que el acto realizado por el Parlamento de mayoría chavista solo tiene el objetivo de «entorpecer los esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD. HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia y reparación en nuestro país».
La dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela.
— Juan Guaidó (@jguaido) April 26, 2022
Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad.
Esto abona en la búsqueda de justicia en la CPI y la necesidad de un Acuerdo integral. https://t.co/cLlibWo0xo
Consideran además que por lo sucedido se hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de “principio de complementariedad” entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera.
«En ese sentido, instamos a la comunidad internacional a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela. Exhortamos, de igual forma, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra se todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de Maduro», agregan en el comunicado.
El gobierno interino llamó a sus actores políticos, organizaciones, familiares y víctimas a «no desmayar en la lucha por conseguir que se haga justicia tras tantos años de lucha», y a no permitir que «este espejismo de reforma judicial evite que se logre una verdadera reparación ante lo sufrido».
Indican que desde el Gobierno de Juan Guaidó «continuaremos impulsando la negociación como mecanismo fundamental para la reinstitucionalización de Venezuela, proceso urgente para garantizar un futuro mejor para nuestros ciudadanos».