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El gobierno de Nicolás Maduro calificó de «falsedades» las denuncias sobre asesinatos extrajudiciales y persecución a la disidencia que hizo este miércoles la Misión Internacional de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país.

«Ante las falsedades de la supuesta Misión de Determinación de Hechos, nuestro embajador ante el Consejo de Derechos Humanos da una extraordinaria respuesta», dijo en Twitter el canciller de Maduro, Jorge Arreaza.

«Venezuela no reconoce esa Misión ideologizada, que inventa informes a distancia de manera antiética», prosiguió Arreaza, al tiempo que adjuntó un video de la respuesta que ofreció el embajador venezolano en Ginebra, Héctor Constant, a las denuncias hechas contra el país caribeño.

La presidenta de la Misión de la ONU que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la portuguesa María Valiñas, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos para analizar la evolución de las libertades fundamentales en la nación suramericana y aseveró que la represión contra las voces críticas sigue sin remitir.

Citó como ejemplo el arresto del exdiputado Gilberto Sojo, un hecho que denunció la oposición venezolana a finales de febrero, así como 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias desde septiembre pasado, cuando presentó su primer informe.

Además, Valiñas dijo que las fuerzas policiales asesinaron a 200 personas desde septiembre pasado, una denuncia que respaldan ONG locales como Provea, que el martes indicó que al menos 2.853 personas murieron a manos de los diferentes cuerpos armados del Estado venezolano durante el 2020.

Como respuesta, indicó que estos señalamientos se armaron con información «falsa, en extremo politizada, parcializada y selectiva».

«(El informe) fue elaborado con técnicas de fake news (noticias falsas), que recurre una vez más a fuentes inventadas o anónimas y a publicaciones en redes sociales, lo cual constituye una vergüenza académica», dijo Constant en el material que compartió Arreaza.

Asimismo, el embajador venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos tildó la intervención de Valiñas como un «circo mediático que pretende hacer» de las garantías fundamentales «un arma para continuar agrediendo» a su país.