Gobierno busca estigmatizar la protesta social dicen analistas por caso Ferrominera

POLÍTICA · 30 NOVIEMBRE, 2018 12:25

Gobierno busca estigmatizar la protesta social, dicen analistas por caso Ferrominera

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez

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Estigmatizar la protesta social. Así definen analistas consultados la decisión de enviar a El Dorado a nueve trabajadores de Ferrominera del Orinoco, tras protestar por mejoras salariales.

Para el abogado y experto en derechos humanos, Jesús Ollarves, que nueve trabajadores de esta empresa básica en Guayana fuesen recluidos en esta cárcel, ubicada al sur del estado Bolívar, es una muestra de que “buscan estigmatizar y perseguir la protesta social“.

Ollarves dijo que el Gobierno nacional, a través del Poder Judicial, aplica el “derecho penal del enemigo” contra líderes sociales que exponen la situación precaria que viven los venezolanos.

“Lo más oprobioso es que lo hace quien dice ser un presidente obrero, pero que persigue de la manera más abyecta y desalmada a los obreros”, sostuvo el también doctor en derecho y asesor del Parlamento Latinoamericano.

A su juicio, que los encarcelen en El Dorado es condenarlos de manera anticipada, porque se trata de una penintenciaría de máxima seguridad, donde las condiciones de reclusión son deplorables.

Además añadió que “se está utilizando el sistema penal como herramienta de persecución y no como garantía para el ciudadano como debe ocurrir en una sociedad demócratica”.

Entre las violaciones que existen tras la imputación de los trabajadores por los supuestos delitos de traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo, daño a la Nación y porte ilícito de armas se encuentran:

-Violación del derecho a la protesta, garantizado en la Constitución de 1999
-Violación al derecho de libertad de expresión
-Demuestra una falta de independencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial
-Se deja a un lado el Código Orgánico Procesal Penal que contempla medidas cautelares menos restrictivas
-Violación al debido proceso y al Estado de derecho

En el caso del secretario general de Ferrominera, Rubén González, al presentarlo en un tribunal militar se le violan sus derechos porque es un civil y no es juzgado por sus jueces naturales, por el contrario, se usa una juridiscción militar. Además no ha cometido delitos de esa naturaleza para ser encausado por tribunales castrenses.

Denunciar en la OIT

Para la presidenta del sindicato Únete, Marcela Máspero, lo ocurrido en este último caso es “un secuestro”. Desde la Plataforma de Conflicto y demás organizaciones sindicales, enviaron una comunicación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se pronuncie sobre el caso.

En el organismo ya hay un expendiente sobre González, a quien detuvieron por protestar en el año 2009 y en 2011 fue condenado a prisión, aunque después anularon su sentencia.

“Estamos ante una escalada de violencia y terrorismo contra líderes sociales y sindicales, porque hay una organización y unificación de la lucha. El Gobierno al quedarse sin líderes y con sindicalistas gobierneros corporativistas no tiene otra acción sino que perseguir a los legítimos representantes de los trabajadores”, indicó.

Máspero dijo que desde la Plataforma de Conflicto exigen la libertad inmediata de los trabajadores y estudian movilizaciones para continuar denunciando las arbitrariedades de Nicolás Maduro, como la de estigmatizar y aplicar terrorismo de Estado contra los trabajadores.

Foto: Jhoalys Siverio-@Jhoalys/ Correo del Caroní