En el acuerdo político de Barbados hay 12 garantías electorales que las delegaciones del oficialismo y la oposición se comprometieron a cumplir.
Sin embargo, a más de un mes de la firma del documento —suscrito el 17 de octubre de este año— no se registran avances en esta materia.
El retraso se atribuyó al referendo consultivo sobre el Esequibo pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba abocado a organizar este proceso.
Pero una semana después de la consulta nada ha cambiado. Al día de hoy no se maneja información sobre nuevas jornadas de actualización del Registro Electoral (para los venezolanos dentro y fuera del país) y ni siquiera se ha anunciado la fecha de la elección presidencial prevista para el segundo semestre de 2024.
Las partes involucradas en la negociación se manejan con hermetismo bajo la máxima de que “cuando hay una negociación en marcha la mejor declaración es la que no se da”.
Los pocos gestos de «buena voluntad» que públicamente ofreció el oficialismo se limitaron a no implosionar la elección primaria del 22 de octubre, aunque después de realizada el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia para “suspender todos los efectos” del acto político.
Otra señal fue la puesta en marcha de una breve y accidentada jornada para la inscripción y actualización del RE, en octubre, que solo duró 16 días y fue suspendida por el referendo. El rector principal Juan Carlos Delpino entregó un informe a la Comisión de Registro Civil y Electoral con las siguientes observaciones:
1️⃣ Falta de información con relación a la ubicación de los puntos.
2️⃣ Falta de uniformidad en la solicitud de los recaudos, siendo el único requerido la cédula de identidad.
3️⃣ Incumplimiento en el horario de funcionamiento de algunos puntos.
4️⃣ En algunos casos los agentes de inscripción y actualización solo atendían las solicitudes orientadas a poblar los nuevos centros de votación.
Posteriormente, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó de otra jornada que inició el 7 de octubre y culminó el 22 de octubre. Según los datos oficiales, en ese periodo se registraron 139.784 nuevos inscritos y 386.877 reubicaciones.
No obstante, el número de rezagados es impresionante, según estiman organizaciones nacionales de observación electoral y organismos internacionales que dan cuenta de la magnitud de la migración venezolana.
En este sentido, Súmate calcula que hay aproximadamente 6 millones de venezolanos en el país que necesitan inscribirse o actualizar sus datos en el RE para poder votar y, en el exterior, por lo menos 4 millones en la misma situación.
Por lo que se requieren jornadas masivas y continuas para asegurar la mayor participación posible en los próximos comicios.
El último gesto del chavismo fue consentir un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones políticas. Sin embargo, el procedimiento ha sido interpretado por algunos analistas como un “caramelo de cianuro” ya que no garantiza que el máximo tribunal del país, cuya independencia ha sido cuestionada, imparta justicia y deje sin efectos las medidas arbitrarias.
Adicionalmente, se autorizó el ingreso al país de representantes del Centro Carter para explorar el alcance de una eventual observación internacional, pero se cerró la puerta a la misión de la Unión Europea.
Ataques al acuerdo político
Recientemente, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra uno de los organizadores de la primaria, Roberto Abdul, quien está detenido e incomunicado desde hace 6 días.
Las órdenes de aprehensión también recaen contra tres colaboradores cercanos de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado.
Los afectados son: Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones de Vente Venezuela; Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de Vente; y Henry Alviarez, coordinador de organización del partido.
Además, uno de sus integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación, Lester Toledo, fue implicado en las acciones del Ministerio Público junto a otros opositores.
Todos acusados de presuntamente cometer los delitos de conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Esto ha sido interpretado por la delegación opositora como un atentado al acuerdo de Barbados.
“Las órdenes de captura dictadas por el régimen en contra de miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela y Súmate que se encuentran dentro del país es una señal inequívoca de persecución, falta de voluntad de respetar el acuerdo de Barbados y de obstaculizar el camino electoral”, cuestionó Tomás Guanipa, representante de Primero Justicia y delegado para la negociación.
La Causa R, partido que forma parte de la negociación, alertó: “Estamos frente a una nueva violación de los derechos humanos en Venezuela y una patada a la negociación y al acuerdo de Barbados, por lo que se debe responder de manera contundente ante esta amenaza”.
El dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano señaló que el acuerdo “está al borde del fracaso”.
Mientras que Machado dijo que en este momento “no es factible hacer una aseveración de cómo está el acuerdo político de Barbados y para dónde va” dado el incumplimiento del gobierno de Maduro en cuanto a liberaciones de presos políticos e inhabilitaciones.
El acuerdo de Barbados, en materia electoral, está seriamente debilitado, en opinión del politólogo y experto en procesos electorales Jesús Castellanos.
«La apertura de una investigación a la Comisión Nacional de Primaria y a Súmate tras el éxito de la primaria; el mecanismo de “revisión” de las inhabilitaciones ante el TSJ; la persecución a dirigentes de Vente y otros opositores y la persecución; la detención ilegal y la desaparición forzada de Roberto Abdul de Súmate dan cuenta del poco valor que Maduro y su gobierno le está dando a dicho acuerdo», expone.
«A esto hay que agregarle la sentencia del TSJ que ordena suspender los efectos de la primaria», agrega.
Haciendo un balance, recuerda que el mejoramiento de condiciones electorales claves no se ha concretado y solo está la posibilidad de una observación electoral del Centro Carter en 2024, sobre lo cual tampoco hay mayor información.
En este sentido, señala que «la valoración sobre el cumplimiento del acuerdo de Barbados, en materia electoral, es prácticamente nulo, con la advertencia que la situación electoral ahora pareciera ser peor que antes del acuerdo».
Si bien reconoce que dicho pacto político impidió que se torpedeara la realización de la primaria, lo ocurrido después es muy grave, argumenta.
A pesar de esto, Castellanos no da por «definitivamente cerrado» el acuerdo ni la negociación, aunque considera que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene poco interés en respetarlo.
«Aun queda espacio para la negociación, los actores internacionales, EE.UU., Noruega, la Unión Europea y también países de la región pueden promover posibilidades de encuentro, en las cuales Maduro no pierda lo alcanzado por el acuerdo y la oposición pueda dar pasos en el logro de condiciones electorales reales», expresa.
Sobre la fecha de las presidenciales, el politólogo explica que si se fija en los últimos meses del segundo semestre hay más posibilidades de que se cumplan debidamente todas actividades dentro del calendario electoral como por ejemplo: una jornada robusta (en días, localidades y puntos) de inscripción y actualización del RE dentro y fuera del territorio nacional.
También la solicitud oportuna de la observación electoral internacional, la posibilidad de formación de grupos de electores o de iniciativas propias, todas las auditorías del proceso y una campaña electoral lo suficientemente extensa, entre otros
Las 12 garantías electorales
Entre las garantías electorales que siguen sin cumplirse está la actualización del RE en el exterior, el cese de las inhabilitaciones políticas y la fecha para la elección presidencial.
Estas son las 12 garantías que contempla el acuerdo político de Barbados:
1️⃣ Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional.
2️⃣ Ejecución de la actualización del Registro Electoral permanente, incluyendo:
a. Jornadas especiales de inscripción y actualización.
b. Campañas de información y promoción de la inscripción y actualización de datos.
c. Establecimiento de puntos de inscripción y actualización en todo el territorio nacional con presencia de testigos de los actores políticos.
d.- Continuación del proceso de cedulación en todo el país y desarrollo de operativos especiales de cedulación, de conformidad con la ley.
e.- Realización de jornada de actualización del Registro Electoral en el extranjero sin más limitaciones que las previstas en Constitución y la ley.
f. Depuración del Registro Electoral.
3️⃣ Desarrollo de todas las auditorias previstas en el sistema electoral venezolano, incluyendo las relacionadas con el RE, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales de conformidad con ley electoral.
4️⃣ Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas incluida la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y Centro Carter a los fines de observar el proceso electoral presidencial sin perjuicio de los derechos de los actores políticos a invitar a acompañantes nacionales e internacionales dentro del marco de la ley.
5️⃣ Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país. Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, paz de Venezuela.
6️⃣ Exhorto a todos los actores políticos y funcionarios públicos para respetar y cumplir normativa electoral y las decisiones del CNE durante el desarrollo de la campaña.
7️⃣ Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional.
Las partes promoverán que sea levantada cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos y otros actores políticos.
8️⃣ Reconocimiento del derecho de actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento transparente que aseguren la pulcritud en su origen y manejo sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.
9️⃣ Promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados así como asegurar igualdad de todos los candidatos en el acceso a medios de comunicación nacionales e internacionales así como en espacios públicos bajo la administración del Estado.
🔟 Se promoverá participación de todos los medios de comunicación en la cobertura de la campaña electoral conforme a lo previsto en la ley y los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
1️⃣1️⃣Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
1️⃣2️⃣ Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.
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