La plataforma unitaria democrática y el gobierno de Nicolás Maduro explicaron, a través de los jefes de las delegaciones negociadoras, los pasos a seguir en el «procedimiento para la revisión de medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República».
Antes de finalizar noviembre, el Reino de Noruega, a través de la cuenta de la red social X, publicó el documento y destacó que lo recibió de las partes sentadas en la mesa este jueves.
Como facilitador de este proceso de diálogo desde 2021, fue el país europeo el que dio a conocer el documento, donde se establece que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibirá las solicitudes para levantar las medidas de forma individual por cada candidato.
Estos son los 4 puntos que contempla ese procedimiento:
1️⃣Proceso individual y hasta el 15D
Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer e! recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
2️⃣ Celeridad del TSJ
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
3️⃣ No «ofender» al tribunal
En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4️⃣Respetar decisión de la Sala
Cada uno de los interesados asume el compromiso de:
a) Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
b) Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y !os intereses de !a Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
c) Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
d) Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
Qué dijeron Rodríguez y Blyde
Tras la publicación del procedimiento, tanto Jorge Rodríguez, por el chavismo, como Gerardo Blyde, por la plataforma unitaria, emitieron comentarios en sus redes sociales.
Rodríguez señaló que «hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada».
Mientras que Blyde añadió que «el Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales». Y agregó que está el precedente del amparo que introdujo Manuel Rosales en el año 2014, que le permitió el levantamiento de una inhabilitación política que le impuso la Contraloría General de la República cuando fue gobernador del Zulia en el año 2007.
Un día antes el jefe negociador opositor había anunciado que vendría este procedimiento, pese a que horas después el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, desmintió a Blyde y dijo que no se levantarían inhabilitaciones políticas.
Los inhabilitados de la oposición
La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, María Corina Machado, tiene una medida que le impuso la Contraloría el pasado mes de junio, que le impide postularse a cargos públicos por 15 años. Antes, cuando fue diputada a la Asamblea Nacional recibió una inhabilitación por un año.
Otros políticos opositores con estas sanciones son Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial de la oposición, entre 2012 y 2013, una restricción que usó para abandonar su carrera a las primarias del pasado mes de octubre.
También las tiene el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien se presentó como candidato a la gobernación de Barinas en las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021. El político obtuvo la victoria frente al entonces gobernador y hermano del fallecido Hugo Chávez, Argenis Chávez, pero una sentencia de la Sala Electoral del TSJ anuló su triunfo y alegó su inhabilitación política, por lo que ordenó repetir los comicios.
Esta misma Sala Electoral declaró la nulidad de las primarias del 22 de octubre en las que resultó ganadora Machado, mientras que la Fiscalía General de la República comenzó una investigación contra miembros de la comisión nacional organizadora de este proceso y representantes de juntas de al menos siete estados del país, al aceptar como válidas denuncias de fraude durante esa elección.