El Foro Penal rechazó, este jueves 9 de agosto, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le haya retirado la inmunidad parlamentaria a los diputados al Parlamento venezolano, Julio Borges y Juan Requesens, porque «se produjeron sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados«, reza parte del comunicado que emitieron.
Mencionaron que solo la Asamblea Nacional, según reza la Constitución venezolana de 1999, es el único poder público que tiene la facultad para autorizar el enjuiciamiento de cualquier diputado que haya cometido alguna falta.
Recordaron que este proceso se realizó «sin citarles ni convocarles (a Borges y Requesens) a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos de defensa y sin permitir, ni siquiera, la actuación e intervención de su defensa técnica a los efectos de que, en nombre de sus representados pudiesen hacer valer, como lo ordena la Constitución, en todo estado y grado del proceso y de la investigación, sus derechos e intereses».
Los dos parlamentarios de Primero Justicia fueron acusados, este martes 7 de agosto, por el presidente Nicolás Maduro de ser parte de un grupo que organizó y proveyó la logística para el atentado fallido en su contra.
Requesens fue arbitrariamente detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) esa misma noche, un procedimiento que la AN considera como una violación a los derechos del legislador por el estado Táchira.
El sábado 4 de agosto cuando el mandatario nacional terminaba su discurso por los actos del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bolívar de Caracas, explotó un dron cerca de la tarima presidencial.
Este hecho que investiga el Ministerio Público como un magnicidio en grado de frustración, dejó seis personas detenidas y otras 19 solicitadas por las autoridades judiciales, tanto en Venezuela como en el exterior.
Para el Foro Penal lo que ocurrió el sábado 4 de agosto «dan motivo a la persecución judicial, previo allanamiento irregular de su inmunidad parlamentaria, no solo de los diputados Borges y Requesens, sino además de varios civiles que aún esperan su presentación ante los tribunales como lo pautan la Constitución y la ley».
A su vez rechazaron cualquier acto de violencia como una acción política. «Siempre nos hemos opuesto y rechazaremos cualquier tipo de violencia como mecanismo de reivindicación política o de cualquier otro tipo».
Sin embargo, reclamaron una investigación imparcial al sistema de justicia venezolano y condenaron que se hayan adelantado pruebas, con las que se viola la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Ante lo expuesto por el presidente Maduro en cadena nacional, se están «violando con
ello los deberes de reserva a los que están sometidas todas las partes y los sujetos
procesales en todo proceso penal».
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El Foro Penal rechazó, este jueves 9 de agosto, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le haya retirado la inmunidad parlamentaria a los diputados al Parlamento venezolano, Julio Borges y Juan Requesens, porque «se produjeron sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados«, reza parte del comunicado que emitieron.
Mencionaron que solo la Asamblea Nacional, según reza la Constitución venezolana de 1999, es el único poder público que tiene la facultad para autorizar el enjuiciamiento de cualquier diputado que haya cometido alguna falta.
Recordaron que este proceso se realizó «sin citarles ni convocarles (a Borges y Requesens) a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos de defensa y sin permitir, ni siquiera, la actuación e intervención de su defensa técnica a los efectos de que, en nombre de sus representados pudiesen hacer valer, como lo ordena la Constitución, en todo estado y grado del proceso y de la investigación, sus derechos e intereses».
Los dos parlamentarios de Primero Justicia fueron acusados, este martes 7 de agosto, por el presidente Nicolás Maduro de ser parte de un grupo que organizó y proveyó la logística para el atentado fallido en su contra.
Requesens fue arbitrariamente detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) esa misma noche, un procedimiento que la AN considera como una violación a los derechos del legislador por el estado Táchira.
El sábado 4 de agosto cuando el mandatario nacional terminaba su discurso por los actos del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bolívar de Caracas, explotó un dron cerca de la tarima presidencial.
Este hecho que investiga el Ministerio Público como un magnicidio en grado de frustración, dejó seis personas detenidas y otras 19 solicitadas por las autoridades judiciales, tanto en Venezuela como en el exterior.
Para el Foro Penal lo que ocurrió el sábado 4 de agosto «dan motivo a la persecución judicial, previo allanamiento irregular de su inmunidad parlamentaria, no solo de los diputados Borges y Requesens, sino además de varios civiles que aún esperan su presentación ante los tribunales como lo pautan la Constitución y la ley».
A su vez rechazaron cualquier acto de violencia como una acción política. «Siempre nos hemos opuesto y rechazaremos cualquier tipo de violencia como mecanismo de reivindicación política o de cualquier otro tipo».
Sin embargo, reclamaron una investigación imparcial al sistema de justicia venezolano y condenaron que se hayan adelantado pruebas, con las que se viola la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Ante lo expuesto por el presidente Maduro en cadena nacional, se están «violando con
ello los deberes de reserva a los que están sometidas todas las partes y los sujetos
procesales en todo proceso penal».
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