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Este sábado 16 de abril vence la prórroga que dio el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, al Estado venezolano para que informe sobre las investigaciones que adelanta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional.

Pero la fiscalía podría otorgar seis meses más al concluir este plazo. La abogada, especialista en derecho internacional, Sara Fernández, afirma que “todo parece indicar que hay posibilidad de que el fiscal se inhiba seis meses en aplicación del artículo 18 del Estatuto de Roma”.

Este artículo básicamente establece que el fiscal puede inhibirse seis meses si así lo considera o continuar la investigación, para lo cual debe pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Es preciso recordar que la CPI solo puede actuar si el Estado no puede demostrar que tiene voluntad ni capacidad para llevar justicia a las víctimas.

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Principio de cooperación

Fernández, quien también es representante del Centro de Justicia y Paz, argumenta que es posible que Khan de oportunidad al Estado venezolano de avanzar con las investigaciones pues ha demostrado que está priorizando el principio de cooperación.

El anuncio de la instalación de una oficina de la CPI en Caracas, enfocada en dar asistencia técnica a las autoridades venezolanas con el objetivo de fortalecer la jurisdicción nacional, apunta en esa dirección, sostiene la abogada.

Aunque destaca que las organizaciones de derechos humanos consideran que el Estado venezolano no ha demostrado una voluntad real de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y que la “reforma judicial” anunciada es insuficiente, también ven una oportunidad en caso de que el fiscal se inhiba.

“La fiscalía considera que hay que darle prioridad a la cooperación mientras se tenga porque esto permite tener acceso a mucha información que no tienen las organizaciones de la sociedad civil ni las víctimas. Esto es importante para un objetivo de largo plazo, en cuanto a que puede fortalecer las pruebas que tiene la fiscalía para confirmar cargos y demostrar las responsabilidades más allá de toda duda razonable”, expone.

Fernández recuerda que la fiscalía de la CPI se vio obligada a retirar los cargos en contra del presidente de Kenya, en 2014, porque la falta de cooperación de las autoridades le impidió tener acceso a información vital para sostener el caso.

Oficina en Caracas “es una novedad”

La oficina de la CPI que será instalada en Caracas próximamente es “sui géneris”, en opinión de Fernández, pues se constituirá después de que la fiscalía inició una investigación formal.

Anteriormente, los mecanismos de complementariedad positiva se aplicaban, pero durante la fase del examen preliminar, lo que fue criticado porque significó que, en el caso colombiano, la fiscalía tardara 17 años en tomar una decisión sobre si abrir o no una investigación.

Otra característica diferenciadora de la oficina que estará en Caracas es que apunta a tener una presencia permanente en el terreno. En Colombia, el equipo de la Fiscalía viajaba al país por un tiempo específico y luego se regresaba a La Haya, apunta Fernández.

“Entre los beneficios de tener personal de la fiscalía de la CPI en el país es que esta presencia te da un conocimiento de contexto que siempre es importante para la investigación. También el hecho de que pueden tener acceso a expedientes y hay oportunidad de que se creen canales de comunicación con la sociedad civil y las víctimas”, señala.

No obstante, la experta pidió bajar las expectativas en cuanto rol que tendrá la oficina en Caracas, pues precisa que, por las declaraciones del fiscal se presume que tendrá más una naturaleza de asistencia técnica, lo cual no excluye que pueda desarrollar contacto con las víctimas y la sociedad civil, pero tampoco lo plantea como la prioridad principal.

“Por eso es importante que la fiscalía de a conocer cuál es el objetivo que tendrá esta oficina”, agrega.

Crímenes no tipificados 

El hecho de que en la legislación venezolana no estén tipificados los crímenes internacionales, entre ellos los de lesa humanidad, genera debate sobre si es posible condenar a los presuntos responsables con esta normativa.

Para Fernández, el estándar que tiene la CPI sobre qué considera como juicios válidos puede ser cumplido con la actual legislación venezolana siempre y cuando los delitos imputados respondan a la gravedad de los crímenes cometidos y se investigue a las cadenas de mando de esos delitos.

No obstante, subraya que es necesario que el Estado venezolano avance en la tipificación de estos crímenes para dar cumplimiento con sus obligaciones como signatario del Estatuto de Roma.

La experta respondió estas preguntas en el foro Impacto de la Oficina de la CPI en Venezuela, que fue organizado por la organización Defiende Venezuela. 

En el evento también participó el abogado Yeimber Machado, quien es investigador en el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, y estuvo a cargo de hacer un recuento sobre el caso Venezuela I que lleva la fiscalía de la CPI.

Foto: www.icc-cpi.int