Para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) la Asamblea Nacional (AN) requiere del voto de sus dos terceras partes (112 diputados). De allí que en los actuales momentos la mayoría opositora en el Parlamento (100 legisladores aproximadamente) ni la bancada del chavismo (49) pueden por sí solos designar a las autoridades del ente comicial.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) Luis Lander advierte que los hechos del 5 de enero (que derivaron en la existencia de una AN paralela) en el Parlamento dificultan aun más las negociaciones entre los factores adversos y la posibilidad que se elija un Poder Electoral por consenso, pero aun así no lo considera imposible. De allí el llamado de organizaciones de la sociedad especialmente al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para que permita que sus diputados se incorporen al Comité de Postulaciones Electorales.

«El año pasado se logró que la Comisión Preliminar fuera conformada por consenso entre los diputados del Parlamento y eso fue sorprendente. También consideramos positivo que más de 50 organizaciones civiles hayan postulado a quienes podrían ser los diez miembros del Comité de Postulaciones por la sociedad civil. La Comisión Preliminar ha hecho el esfuerzo de seguir funcionando pero el juego se tranca al llegar el momento de la votación en plenaria», expresó.

La bancada del chavismo, comandada por el constituyente Francisco Torrealba, promueve la omisión legislativa para que sea el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) el que nombre a los nuevos rectores. Esto con el apoyo e incluso solicitado por la fracción de la oposición disidente encabezada por la directiva paralela de la AN.

Pese a los desacuerdos, parlamentarios de oposición y gobierno se han estado reuniendo a puerta cerrada para buscar el consenso, aunque el propio Torrealba ha dicho que se «están cruzando nombres» de posibles rectores para presentarle la propuesta al Poder Judicial porque sera el alto Tribunal el que hará el nombramiento final.

«Un nuevo CNE por la AN traduciría el acuerdo político que sería respetado por los actores. Si es por el TSJ no es lo mejor, pero si ese nombramiento de rectores es negociado entre los factores políticos no es tan malo, lo que no debería pasar es que sea un proceso unilateral porque habrá desconfianza y los resultados de la elección que organice no serán aceptados», aseveró el experto.

Lamentó que un clima tan polarizado como el actual el sentarse a negociar sea considerado casi un crimen.

Buenas elecciones

Lander recordó a los factores políticos y a los ciudadanos que no hay condiciones electorales óptimas en ninguna parte del mundo, lo que sí puede lograrse subrayó, son buenas elecciones, es decir, aquellas con garantías que permitan que los resultados sean respetados por todos los actores y competidores.

Indicó que sean presidenciales o parlamentarias las elecciones convocadas este año se debe primero designar el nuevo CNE que no esté parcializado a favor de ninguno de los participantes como ocurre en la actualidad, vía AN preferiblemente. Luego, advirtió, que tales autoridades tienen una lista de tareas importantes por ejecutar tales como la revisión exhaustiva de la estructura nacional del ente comicial, pues a su juicio, hay funcionarios «polémicos» que deben ser removidos en pro de generar confianza.

«Por ejemplo, quien dirige la oficina del estado Bolívar fue el responsable de lo ocurrido en las elecciones regionales en esa entidad, pese a que el candidato Andrés Velásquez mostró pruebas fehacientes de la manipulación de las actas manuales con las que se hizo la totalización de los resultados», dijo.

Otro aspecto, señaló, es la evaluación de la plataforma tecnológica y la realización de auditorías técnicas necesarias antes y después del proceso electoral que permitan a su vez la recuperación de la confianza en el voto automatizado. «No es necesario volver al voto manual, si se hacen las auditorías funciona la automatización», afirmó.

Un elemento a considerar igualmente es la actualización del Registro Electoral, no solo para que entre 2 y 3 millones de migrantes puedan ejercer su derecho al sufragio en el exterior sino para registrar la migración interna que puede incidir de forma importante en unos comicios como los parlamentarios. También, acotó, se deben procurar condiciones equitativas en publicidad y propaganda.

En cuanto a la observación nacional e internacional aclaró que para el OEV no es importante el nombre que se le dé, es decir, si es observación o acompañamiento sino lo que se haga como parte de esas funciones. Alertó que si solo se permite la visita de individualidades con posiciones ya predeterminadas será muy poco lo que se pueda aportar sobre la validez de una elección.

«La última labor buena que se hizo en este sentido fue en las elecciones presidenciales de 2006, cuando la Unión Europea vino al país, montó unas oficinas en Caracas con meses de antelación y trajeron mil observadores. La mayoría no estaba al tanto de la realidad política pero sí eran expertos en asuntos electorales, reconocieron los resultados pero señalaron que debían hacerse correcciones para próximos procesos», relató.

La oposición y la comunidad internacional pujan por unos comicios presidenciales como válvula de escape a la crisis, pero Lander es partícipe de que de lograrse condiciones, la oposición llame a votar si de momento solo hay parlamentarias como corresponde de acuerdo con la Constitución.