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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, planteó este miércoles a los países participantes en el 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que evalúen la activación del principio de responsabilidad de proteger en Venezuela.

Esto, a raíz del reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre violaciones de DDHH en Venezuela, en el que se recomienda a Estados iniciar acciones penales para enjuiciar a responsables de crímenes de lesa humanidad.

 El abogado experto en derecho internacional, Mariano de Alba explica que la responsabilidad de proteger es un compromiso político adoptado en el año 2005 en la ONU para tratar de responder a la comisión de graves crímenes como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

«Tiene tres pilares: primero, la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus ciudadanos. Segundo, el exhorto de la comunidad internacional a un Estado cuando observe que no lo está haciendo. Tercero, la adopción de medidas diplomáticas o coercitivas cuando un Estado no quiera o no pueda proteger a su población», señala a Efecto Cocuyo.

De Alba indica que el principio de responsabilidad ha sido activado recientemente durante situaciones de violencia étnica en Kenia entre 2007 y 2008 y crisis políticas en Costa de Marfil y Libia durante 2011. En estos dos últimos países africanos, menciona, el Consejo de Seguridad autorizó operaciones militares para responder a la violencia.

«En la República Centroafricana también se invocó el principio, primero con gestiones diplomáticas y luego con una autorización del Consejo de Seguridad a fuerzas de la Unión Africana y de Francia para que protegieran a la población y restauraran la seguridad en el país», ejemplifica.

Implicaciones

La solicitud de Guaidó, señala De Alba, podría abrir espacio para mayor presión diplomática y medidas multilaterales en respuesta a la situación de DDHH Venezuela. Aclara que se debe esperar las reacciones de los países, especialmente de Estados Unidos que no cree en los mecanismos multilaterales de la ONU, por considerarlos poco efectivos para resolver este tipo de conflictos.

«Si la solicitud es acogida, lo que debería ocurrir es el inicio de deliberaciones en Naciones Unidas y específicamente en el Consejo de Seguridad, sobre cómo responder ante la situación en Venezuela. Un primer paso que sería el reconocimiento formal por al menos una mayoría de países de que el Estado venezolano no tiene la voluntad de proteger a la población de los crímenes de lesa humanidad», indica.

En el informe de la Misión ONU se reconoce la parcialidad del sistema de justicia venezolano, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia y que en los casos de violaciones de DDHH en los que la Fiscalía abrió una investigación, hay encubrimiento de la cadena de mando. De allí que los expertos recomiendan a Estados miembros de Naciones Unidas iniciar demandas penales contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, empezando por el mismo gobernante, ante la imposibilidad de que la justicia sea garantizada dentro del propio territorio venezolano.

El experto estima probable que en primera instancia, los Estados traten de insistir en exhortar nuevamente al Estado venezolano (segundo pilar del principio de responsabilidad) que cumplan con su obligación. Cumplido, este paso, posteriormente deben reconocer y dejar por sentado que no observan intención del Estado venezolano en proteger a la población para luego evaluar qué medidas tomar al respecto.

«Hay medidas diplomáticas y humanitarias que podrían acordar. De hecho, gran parte de la presión internacional que hemos observado en los últimos años, podría entenderse como parte de este grupo. Ahora, adoptar medidas de carácter multilateral sería un avance importante. La situación exige mayor creatividad de la comunidad internacional. Ya luego quedarían las medidas coercitivas que van desde sanciones hasta el uso de la fuerza militar», apunta.

Medidas coercitivas poco probables

Las medidas coercitivas que puede evaluar Naciones Unidas, si las gestiones diplomáticas fracasan, implican sanciones como las ya aplicadas o el uso de la fuerza militar, que en el caso venezolano De Alba ve poco probable. La razón es que debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China, aliados del gobierno chavista, tienen poder de veto.

«Para la implementación de medidas coercitivas, los Estados que estén dispuestos a tomarlas, van a tender a evitar transitar el mecanismo de Naciones Unidas y hacerlo de forma unilateral como lo ha venido haciendo Estados Unidos. Hasta ahora, la experiencia de discusión de la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad ha sido infructuosa no solo por la oposición de países como Rusia y China, sino porque la mayoría de los países han estimado que la respuesta internacional no debe darse en ese organismo sino por la vía unilateral de cada país o en todo caso a través de organismos regionales», advierte.

La «destreza» de Maduro en la ONU

Durante su derecho de palabra a través de Youtube, el líder opositor sostuvo que las vías diplomáticas para que Maduro acepte una solución negociada a la crisis han sido agotadas, por lo que es el momento «de acciones oportunas y decisivas» por parte de la ONU, dada la gravedad de la situación. Clamó porque se asuma la responsabilidad de asistir al Gobierno interino en su misión de proteger al pueblo venezolano.

«Esa propuesta tiene importante riesgos por la destreza política con la que se mueve Maduro en Naciones Unidas, asesorado por la experiencia de Cuba en el organismo. El problema central es que por ahora no hay voluntad internacional de tomar medidas más severas para responder a la crisis en Venezuela», advierte de Alba.

Cree que al trasladarse la discusión de Venezuela de manera preponderante a Naciones Unidas, el gobernante promueve mejor la idea de que las denuncias de crímenes de lesa humanidad no son ciertas o son exageradas y que la crisis del país se debe a la sanciones económicas que encabeza el gobierno del Donald Trump.

De hecho, en su derecho de palabra en la asamblea de la ONU, Maduro recalcó el compromiso de su gestión con el diálogo internacional para impulsar la promoción y protección de los derechos humanos. También denunció el bloqueo financiero y económico de EEUU,país al que además acusó de intentar ataques militares como la llamada operación Gedeón.  

Sin transición

De Alba estima que EEUU, que ya ha descartado una intervención militar porque podría agravar el problema, seguirá por la vía de la presión diplomática y económica, mientras Europa prefiere sanciones personales en lugar de económicas, dado que se considera que afectan al pueblo venezolano y presionar para lograr una salida negociada.

«En los próximos días lo que podemos esperar es ver la reacción de la comunidad internacional ante la propuesta de Guaidó para determinar si es acogida y hay disposición ha tratar la situación en un escenario multilateral o si va a persistir las respuestas unilaterales de EEUU, la Unión Europea y Latinoamérica», puntualiza.

 Para el abogado, el planteamiento de Guaidó es un esfuerzo para tratar de aumentar la presión internacional y tratar de acallar críticas en Venezuela que lo acusan de no hacer más para que la comunidad internacional tome medidas que busquen el cambio de gobierno.

«Proponer la aplicación de la responsabilidad de proteger podría generar mayor presión internacional, pero no es lo que va a propiciar una transición en Venezuela. Los venezolanos tenemos que entender que una parte de la comunidad internacional puede y va a ayudar, pero no va resolver el problema de generar el cambio de gobierno y tampoco reconstruir el país, ello depende de reforzar la presión interna», asegura.