“Lo peor no es estar preso, sino que Venezuela esté secuestrada. Si es el precio que tengo que pagar, lo haré”, es lo que le dice Juan Requesens a sus familiares las pocas veces que logran visitarlo. El diputado de Primero Justicia cumple este 7 de agosto un año detenido sin ser juzgado, acusado en un juicio que se ha prorrogado sin justificación.
“Esto no es un problema judicial, sabemos que es político. Ha sido un año duro y es él quien nos da fortaleza”, expresó su padre, Juan Guillermo Requesens, en conversación con Efecto Cocuyo.
El caso del joven parlamentario, de 30 años de edad, está plagado de irregularidades, desde su detención arbitraria el 7 de agosto de 2018. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en su casa en Caracas y lo llevaron detenido a la fuerza, junto a su hermana Rafaela Requesens, al acusarlo de estar vinculado al presunto atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de ese año. Fue trasladado a El Helicoide.
El procedimiento sucedió sin orden de aprehensión y en violación a su inmunidad parlamentaria, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la que asaltó su inmunidad -acción violatoria al artículo 200 de la Constitución-. Estuvo incomunicado por más de 72 horas y su padre también denunció que fue sometido a suministro de drogas y torturas.
Requesens tuvo su audiencia de presentación seis días después de detenido, el 13 de agosto -aunque la misma corresponde a las 72 horas del arresto-. La Fiscalía, en ese momento, le imputó, junto a los otros 15 detenidos en el caso, ocho delitos por el presunto intento de magnicidio:
– Instigación pública continuada
– Homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro
– Homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana
– Uso de artefactos explosivos
– Asociación para delinquir
– Financiamiento al terrorismo
– Daños a la propiedad
– Traición a la patria
Sin embargo, el caso de Requesens, que debería haber terminado tres meses después de su detención, lleva un año en proceso y solo se encuentra en una fase intermedia. Está en un limbo jurídico.
La audiencia preliminar, que corresponde realizarse entre los 15 y 20 días después de su arresto, finalizó el 1 de julio de 2019: 328 días luego de su detención, debido a retrasos innecesarios y reiteradas sesiones diferidas. Se pautó tarde y duró más de cinco meses.
No obstante, después de su audiencia preliminar, la jueza Carol Padilla del Tribunal 1° de Control con competencia en Terrorismo admitió los cargos contra Requesens y los demás acusados en este caso. Sin embargo, los tribunales no han dado el pase a juicio. Los abogados ni siquiera han recibido formalmente la sentencia del tribunal de manera escrita.
“Se ha violado todo el debido proceso. Intencionalmente retardan el proceso, para que las personas permanezcan presas sin forma de defenderse”, afirmó Joel García, abogado del parlamentario.
“Cumplimos un año. Estamos la fase intermedia. Aún no tenemos ni siquiera la sentencia del tribunal de manera escrita”, añadió García.
De esta manera el acusado puede durar cualquier cantidad de tiempo en proceso sin comenzar a cumplir ninguna condena, denunció García. Juan Requesens es uno de los 550 presos políticos que contabiliza Foro Penal y el segundo parlamentario, junto a Edgar Zambrano.
Violaciones
Retardo procesal. Cada detenido tiene derecho al debido proceso y la legítima defensa, como lo establece el artículo 49 de la Constitución. En el caso de Requesens, su abogado aseguró que su proceso no debió durar más de tres meses y el retardo procesal, que lo mantiene preso sin iniciar condena, viola este artículo.
En las reducidas visitas que han tenido los familiares con el diputado Requesens afirman que lo han encontrado con maltratos físicos y psicológicos. Esto lo reafirma el video que circuló en redes el 12 de agosto de 2018, en el cual aparecía Requesens semidesnudo y desorientado.
Dos días antes, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, hizo público un video de Requesens en el cual confiesa haber ayudado a Juan Monasterios (señalado de ser el organizador del atentado). En ninguno de los dos videos degradantes hubo presencia de abogados o fiscales del Ministerio Público.
Además, los 16 detenidos por este caso -incluido Requesens- denunciaron en su audiencia preliminar el 1 de julio, haber sido torturados en presencia de los fiscales de la causa: Farik Mora y Dinora Bustamante.
La aplicación y encubrimiento de tratos crueles y torturas, físicas y psicológicas, a los privados de libertad, son penalizados por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, decretada por la Asamblea Nacional. Quienes violen estos artículos podrían pagar condenas de entre 13 a 25 años.
“El funcionario público que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado o sancionada con la pena de quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su cargo (…)” reza parte del artículo 17 de esta ley, para sancionar la tortura.
También es víctima de falsa acusación. Entre los delitos que se le acusan al parlamentario está la flagrancia, a pesar de ser detenido tres días después del presunto atentado contra Nicolás Maduro. El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal explica que un delito flagrante es “aquel que se acaba de cometer o el que se esté cometiendo”.
También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió.
Pero el diputado fue detenido en su casa 72 horas después del hecho, a pesar de que el Gobierno aseguró que fue arrestado bajo esta figura, al igual que cinco personas más. Además, el artículo 44 de la Constitución señala que un detenido en flagrancia debe ser presentado en 48 horas ante un tribunal. Requesens lo presentaron una semana luego.
El diputado Requesens también cuenta con el beneficio de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la cual solicita al Gobierno venezolano “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal del diputado”. Sin embargo, no ha sido acatada.
“A un año del secuestro”
“Se cumple un año de su secuestro sin ninguna orden judicial”, afirmó Requesens, su padre. Desde entonces, la rutina de la familia Requesens cambió. Su madre todos los días le lleva la comida a El Helicoide. Su padre, médico traumatólogo, pudo retomar el ejercicio de su trabajo meses después de la detención. No pierde la esperanza de verlo libre.
“Es inocente. Es un abuso y una tragedia lo que está sucediendo, pero él se siente tranquilo, está fuerte moralmente. No pierdo la esperanza de verlo afuera, pero como dice él, siempre apegados a la constitución”.
A sus hijos, Sabrina y Adriano, menores de cuatro años, les han dicho que su padre está en una misión secreta. Y el joven diputado pareciera estarlo. Según relata su padre, Requesens solo aguarda a su liberación para mantenerse en la lucha política.
“No soy yo el único preso y, además, por encima de todo eso está Venezuela”, les comenta a su familia en las visitas.
Para Requesens padre, ha sido una captura solo por pensar distinto. Una práctica que calificó de sistematizada para acallar a las voces disidentes. Y pensar distinto, entonces, les ha costado un año fuerte.
“Ha estado aislado, en condiciones deplorables, sometido a tratos crueles e inhumanos. La comida que se le lleva se la dan en la tarde. Está expuesto a baños con aguas negras”.
Recuerda sus palabras para darse fuerza: “‘Tenemos que seguir luchando en unidad’, es lo que me dice”.
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Fotos: Iván Reyes.