Hoy se cumplen cuatro días desde la nueva detención al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro y el periodista que trabaja como su asistente, Víctor Ugas. Hasta ahora los familiares y abogados desconocen sitio de reclusión y condiciones de salud de ambos.
Quien lidera el equipo de defensores, Ana Leonor Acosta, así como el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, denunciaron que en ausencia de sus abogados, fue celebrada una audiencia de presentación en El Palacio de Justicia el domingo 22 de diciembre. La juez a cargo del Tribunal 29 de Control, Hilda Villanueva, apuntaron, les impuso un defensor público y no se les comunicó siquiera qué delitos les imputaron.
Este 24 de diciembre, el abogado Joel García, quien representa al diputado Juan Requesens, denunció que el delito imputado a Ugas fue el de resistencia a la autoridad, delito considerado de menor gravedad y por ello no amerita medida privativa de libertad. Acotó que de hecho al periodista le impusieron medida sustitutiva de libertad pero con fianza.
“La medida cautelar sustitutiva de libertad de Fianza impuesta al periodista Victor Ugas, no podrá ser ejecutada sino hasta mediados del mes de enero 2020. La fianza le fue impuesta con la única intención de mantenerlo secuestrado. La maldad en su norte”, rechazó García.
Familiares del periodista indicaron que han visitado diferentes sedes de órganos policiales y en todas niegan tenerlo. García alertó que se encuentra sin alimentos, vestido y artículos de higiene personal. La madre de Ugas, Yris Azócar hizo un llamado este 24 de diciembre para saber el paradero de su hijo, quien, aseguró, padece de asma.
En el caso Caro, Acosta dijo desconocer exactamente de qué se le acusa. Su situación se complica, pues recientemente fue acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de orquestar junto a los diputados Gaby Arellano, José Manuel Olivares e Ismael León, bajo el auspicio de los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador, el asalto contra el batallón del batallón de selva 513 Mariano Montilla de la población del Luepa, al sur del estado Bolívar. Todo, según Maduro, como parte de un plan denominado “Navidad bañada de sangre” para conspirar contra su gestión. El Ministerio Público no se ha pronunciado ni sobre la captura del diputado y del periodista ni sobre los hechos en el mencionado estado.
Debido proceso y DDHH
Acosta indicó que al diputado y al periodista se les ha violado tanto el debido proceso como sus derechos humanos. En principio, fueron detenidos arbitrariamente sin orden judicial por personas armadas y vestidas de negro y son víctimas de desaparición forzada considerado como delito de lesa humanidad, porque desde la aprehensión en la parroquia El Paraíso de Caracas, la tarde del viernes 20 de diciembre, no se sabe cuál es la ubicación o dónde permanecen detenidos.
“La detención se dio en la calle, a una cuadra de la vivienda de Gilber Caro. Estos organismo de seguridad no ingresaron al inmueble. Simplemente detuvieron a estas dos personas y se las llevaron”, dijo Acosta.
También se les negó el derecho a la defensa porque la jueza Villanueva les impuso un defensor público y no les permitió abogados privados.
En el caso de Caro (suplente de Rafael Guzmán incorporado a la AN) goza de inmunidad parlamentaria, consagrada en el artículo 200 de la Constitución, pero ya ha sido privado de libertad tres veces (enero de 2017, abril de 2019 y diciembre de 2019) sin que esa prerrogativa sea respetada. La ONG Acceso a la Justicia advierte que la Carta Magna es clara en cuanto a cómo debe ser la detención de un parlamentario.
“La Constitución dice que si un diputado de la AN es detenido cometiendo un delito, su sitio de reclusión debe ser su domicilio hasta que el Tribunal Supremo de Justicia considere enjuiciarlo y le solicite permiso al Parlamento (allanamiento de la inmunidad). Esto no se cumplió en el caso de Caro”, dice la ONG en un comunicado.
La garantía del derecho a la vida y a la salud del legislador y el profesional de la comunicación también están en duda porque no se ha podido constatar la condición física de ambos. La abogada expresó que testigos de la captura les aseguraron que fueron golpeados antes de subirlos a un vehículo negro y que en el procedimiento habrían actuado conjuntamente funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guardia Nacional y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes).
Medidas cautelares
Este 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció para exigirle al Estado venezolano cumpla con las medidas cautelares otorgadas a favor del diputado Caro el 15 de mayo de 2019, luego de su segunda captura. Igualmente solicitó que le sean respetados el derecho a la vida, a la integridad y al debido proceso.
“Cidh recibió denuncias sobre violaciones al debido proceso y derecho de defensa del diputado Gilber Caro. Entre otras, inmunidad parlamentaria fue levantada de forma irregular y el diputado no tuvo acceso a sus abogados durante presentación ante tribunales. Se recuerda al Estado de Venezuela que, en su posición de garante, tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas, en especial, de aquellas que están bajo su custodia”, instó la Comisión.