El penúltimo fin de semana de marzo se conoció a través de las redes sociales que la Policía Nacional Contra la Corrupción, creada por el gobernante Nicolás Maduro, realizaba allanamientos y detenciones de funcionarios y particulares, tras destaparse una nueva trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También por detectarse supuestos vínculos entre un alcalde y jueces con bandas delictivas.
A la fecha, el Ministerio Público no ha ofrecido detalles de lo que investiga exactamente sobre tales hechos en la industria petrolera, ni confirmado quiénes son los sospechosos apresados y de qué se les acusa, por lo que las versiones extraoficiales abundan. Solo se comprobó, vía Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el canal del Estado VTV, las capturas del diputado del chavismo, Hugbel Roa, y del jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez.
Partidos y dirigentes políticos y organizaciones gubernamentales han criticado la opacidad con la que los organismos competentes y el gobierno nacional han manejado los casos, a diferencia de lo que ocurre cuando algún opositor es encarcelado y en las alocuciones tanto el fiscal general como voceros del chavismo muestran videos, grabaciones y hasta dudosas confesiones de los implicados.
A continuación diez claves sobre el caso:
Reporteros de sucesos indicaron que los operativos de la policía anticorrupción en la búsqueda y captura de implicados en ilícitos se iniciaron el jueves 16 de marzo. Maduro habría ordenado investigar el desfalco de 3 mil millones de dólares en Pdvsa.
Al final de la tarde del domingo 19 de marzo, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informa sobre la designación de los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94, con competencia en las materias de corrupción, delincuencia organizada y derechos humanos para investigar «los graves hechos» que vinculan a funcionarios en «repudiables tramas delictivas».
Un comunicado del Ministerio Público (MP) agregó que los hechos investigados abarcan distintas ramas del Poder Público e implican a «sectores estratégicos» para el desarrollo nacional y la administración pública.
¿Cuántos detenidos hay?
A falta de información oficial, circularon versiones sobre la identidad de los detenidos entre el 16 y el 19 de marzo, sin que ninguna haya sido desmentida por las autoridades hasta ahora. Saab no ha dicho nombres ni cantidad, pero el 21 de marzo, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, dijo que había 19 detenidos y que «venían más» porque las investigaciones «apenas comienzan».
Los nombres que trascendieron son: el del diputado de 2020 Hugbel Roa; el empresario Alejandro Arroyo (supuesto «testaferro» de Roa); el exgobernador de Sucre, Edwin Rojas (presunto socio de Arroyo); coronel del Ejército Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y Rafael Perdomo, uno de los dueños de la Constructora HP, vinculado a Pérez Suárez.
Asimismo, el gerente general de PDV Marina, coronel Samuel Testamarck; teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, quien se desempeñaba como gerente general de la Dirección de seguridad Integral de 4 ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco; el jefe de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), Joselit Ramírez.
La más reciente detención conocida fue la de otro presunto «testaferro» de Roa, Daniel Prieto, quien fue apresado cuando intentaba ingresar a República Dominicana, el 22 de marzo y fue devuelto a Venezuela.
El lunes 20 de marzo, el ministro del Petróleo y uno de los hombres fuertes del chavismo, Tareck El Aissami, informó en su cuenta de Twitter que renunciaba al cargo para «facilitar» las investigaciones. No se conoce sobre ninguna acción judicial en su contra pese a sus nexos con los detenidos.
El contralor General de la República, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de este organismo para apoyar las investigaciones que inició el MP sobre hechos de corrupción. Al igual que Saab, habló en general y no se refirió a ningún funcionario o caso en específico.
Maduro reveló el lunes 20 de marzo, que desde octubre y noviembre de 2022 venían siguiendo «pistas importantes de los mecanismos de funcionamiento de estas mafias que se incrustaron en el cuerpo de Pdvsa, de la Sunacrip y del Poder Judicial». Al aceptar la dimisión de El Aissami anunció que hará una nueva revisión en Pdvsa. Pidió «castigo ejemplar» para los «mafiosos».
El alto vocero del chavismo Diosdado Cabello no dejó de referirse al tema a principios de semana, para descartar división en las filas revolucionarias y asegurar que los detenidos por aparecer involucrados en delitos son una «minoría».
El 21 de marzo, la AN de 2020 le allanó la inmunidad parlamentaria al diputado Hugbel Roa para que pueda ser sometido a juicio por su presunta participación en hechos de corrupción en Pdvsa.
Previamente, el TSJ le participó al Parlamento que declaraba «procedente» la detención de Roa y que no correspondía antejuicio de mérito contra el diputado porque fue capturado en «flagrancia», por lo que el juicio se haría en tribunales ordinarios.
¿Nuevas capturas?
El 21 de marzo se volvió a pronunciar Saab para advertir que las investigaciones por casos de corrupción en Pdvsa y en otras instancias públicas continuaría por lo que no descartaba más detenciones en los próximos días. Ese día tampoco confirmó identidad ni número de detenidos.
«Estamos viendo experticias telefónicas e incautaciones en las que van a salir nuevos elementos que nos llevarán a otras personas», dijo.
ONG como Transparencia Venezuela cuestionaron la escasa información sobre los funcionarios detenidos por estar vinculados en supuestos hechos de corrupción dentro y fuera de Pdvsa. La ONG señaló en un comunicado que el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo y especialmente el tamaño del patrimonio público comprometido.
Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió que también se investigara tanto a Maduro como a El Aissami por lo ocurrido en Pdvsa y rechazó que el tema se manejara como si fuera un asunto interno del Psuv.
Jorge Rodríguez descarta candidatura presidencial pero persisten potenciales «relevos» en el chavismo
Una medida del TSJ contra primarias no sería legal sino política, señalan analistas
Cuatro exministros de Chávez rechazan que Lula omita violaciones de DDHH en Venezuela
Maduro dice que Petro se está convirtiendo en un «garante» del diálogo venezolano
Autobús que trasladaba a 35 migrantes venezolanos sufre accidente en carretera de México
Jorge Rodríguez descarta candidatura presidencial pero persisten potenciales «relevos» en el chavismo
Funcionarios de PNB rescatan a bebé dentro de contenedor de basura en El Valle
Exposición de arte contemporáneo UNA = TODAS abrirá al público el 8 de junio en la GAN
Goicoechea: “Cierre técnico” de la AN de 2015 entregaría activos a Maduro
El penúltimo fin de semana de marzo se conoció a través de las redes sociales que la Policía Nacional Contra la Corrupción, creada por el gobernante Nicolás Maduro, realizaba allanamientos y detenciones de funcionarios y particulares, tras destaparse una nueva trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). También por detectarse supuestos vínculos entre un alcalde y jueces con bandas delictivas.
A la fecha, el Ministerio Público no ha ofrecido detalles de lo que investiga exactamente sobre tales hechos en la industria petrolera, ni confirmado quiénes son los sospechosos apresados y de qué se les acusa, por lo que las versiones extraoficiales abundan. Solo se comprobó, vía Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el canal del Estado VTV, las capturas del diputado del chavismo, Hugbel Roa, y del jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez.
Partidos y dirigentes políticos y organizaciones gubernamentales han criticado la opacidad con la que los organismos competentes y el gobierno nacional han manejado los casos, a diferencia de lo que ocurre cuando algún opositor es encarcelado y en las alocuciones tanto el fiscal general como voceros del chavismo muestran videos, grabaciones y hasta dudosas confesiones de los implicados.
A continuación diez claves sobre el caso:
Reporteros de sucesos indicaron que los operativos de la policía anticorrupción en la búsqueda y captura de implicados en ilícitos se iniciaron el jueves 16 de marzo. Maduro habría ordenado investigar el desfalco de 3 mil millones de dólares en Pdvsa.
Al final de la tarde del domingo 19 de marzo, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informa sobre la designación de los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94, con competencia en las materias de corrupción, delincuencia organizada y derechos humanos para investigar «los graves hechos» que vinculan a funcionarios en «repudiables tramas delictivas».
Un comunicado del Ministerio Público (MP) agregó que los hechos investigados abarcan distintas ramas del Poder Público e implican a «sectores estratégicos» para el desarrollo nacional y la administración pública.
¿Cuántos detenidos hay?
A falta de información oficial, circularon versiones sobre la identidad de los detenidos entre el 16 y el 19 de marzo, sin que ninguna haya sido desmentida por las autoridades hasta ahora. Saab no ha dicho nombres ni cantidad, pero el 21 de marzo, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, dijo que había 19 detenidos y que «venían más» porque las investigaciones «apenas comienzan».
Los nombres que trascendieron son: el del diputado de 2020 Hugbel Roa; el empresario Alejandro Arroyo (supuesto «testaferro» de Roa); el exgobernador de Sucre, Edwin Rojas (presunto socio de Arroyo); coronel del Ejército Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y Rafael Perdomo, uno de los dueños de la Constructora HP, vinculado a Pérez Suárez.
Asimismo, el gerente general de PDV Marina, coronel Samuel Testamarck; teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, quien se desempeñaba como gerente general de la Dirección de seguridad Integral de 4 ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco; el jefe de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), Joselit Ramírez.
La más reciente detención conocida fue la de otro presunto «testaferro» de Roa, Daniel Prieto, quien fue apresado cuando intentaba ingresar a República Dominicana, el 22 de marzo y fue devuelto a Venezuela.
El lunes 20 de marzo, el ministro del Petróleo y uno de los hombres fuertes del chavismo, Tareck El Aissami, informó en su cuenta de Twitter que renunciaba al cargo para «facilitar» las investigaciones. No se conoce sobre ninguna acción judicial en su contra pese a sus nexos con los detenidos.
El contralor General de la República, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de este organismo para apoyar las investigaciones que inició el MP sobre hechos de corrupción. Al igual que Saab, habló en general y no se refirió a ningún funcionario o caso en específico.
Maduro reveló el lunes 20 de marzo, que desde octubre y noviembre de 2022 venían siguiendo «pistas importantes de los mecanismos de funcionamiento de estas mafias que se incrustaron en el cuerpo de Pdvsa, de la Sunacrip y del Poder Judicial». Al aceptar la dimisión de El Aissami anunció que hará una nueva revisión en Pdvsa. Pidió «castigo ejemplar» para los «mafiosos».
El alto vocero del chavismo Diosdado Cabello no dejó de referirse al tema a principios de semana, para descartar división en las filas revolucionarias y asegurar que los detenidos por aparecer involucrados en delitos son una «minoría».
El 21 de marzo, la AN de 2020 le allanó la inmunidad parlamentaria al diputado Hugbel Roa para que pueda ser sometido a juicio por su presunta participación en hechos de corrupción en Pdvsa.
Previamente, el TSJ le participó al Parlamento que declaraba «procedente» la detención de Roa y que no correspondía antejuicio de mérito contra el diputado porque fue capturado en «flagrancia», por lo que el juicio se haría en tribunales ordinarios.
¿Nuevas capturas?
El 21 de marzo se volvió a pronunciar Saab para advertir que las investigaciones por casos de corrupción en Pdvsa y en otras instancias públicas continuaría por lo que no descartaba más detenciones en los próximos días. Ese día tampoco confirmó identidad ni número de detenidos.
«Estamos viendo experticias telefónicas e incautaciones en las que van a salir nuevos elementos que nos llevarán a otras personas», dijo.
ONG como Transparencia Venezuela cuestionaron la escasa información sobre los funcionarios detenidos por estar vinculados en supuestos hechos de corrupción dentro y fuera de Pdvsa. La ONG señaló en un comunicado que el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo y especialmente el tamaño del patrimonio público comprometido.
Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió que también se investigara tanto a Maduro como a El Aissami por lo ocurrido en Pdvsa y rechazó que el tema se manejara como si fuera un asunto interno del Psuv.