En momentos en que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, pone sobre el tapete unas eventuales elecciones parlamentarias, antes o después de las presidenciales o en comicios conjuntos, la sociedad civil recuerda que uno de los paso hacia una transición democrática en Venezuela es desmontar el entramado de leyes que han servido para la represión política.
Lo haga el Parlamento actual, dominado por el chavismo, o el que resulte de votaciones libres y transparentes, analistas coinciden en que llevará su tiempo, por lo que es preciso comenzar lo antes posible.
Defensores de derechos humanos y políticos han advertido que el panorama no es alentador. Desde su instalación el 5 de enero, el Poder Legislativo ha avanzado con reformas legales necesarias para la cooperación económica con Estados Unidos, que ejerce un tutelaje sobre Miraflores desde el 3 de enero, pero no para restaurar el Estado de derecho y de justicia.
En la AN, además de normativas económicas, se sancionó una Ley de Amnistía evaluada como selectiva y discriminatoria, se nombró a un fiscal general y defensora del pueblo a la medida del Ejecutivo y no se ha asomado cuándo podría designarse un nuevo Poder Electoral y Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de la AN admitió, el 19 de febrero, un “mal uso” de la Ley contra el Odio, pero no se ha decidido su reforma o derogación. Es apenas uno de varios textos legales que se demanda sean derogados como demostración de voluntad política para avanzar en una transición democrática.
“Luego de tres meses, la derogación de un conjunto de leyes sigue siendo una demanda urgente para iniciar un proceso que desmonte en el aspecto legal, el andamiaje jurídico que alimenta el estado represivo y de persecución política en Venezuela”, advirtió la directora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
La ONG Transparencia Venezuela subrayó en un informe reciente la vigencia de leyes aprobadas entre 2014 y 2024 que permitieron la consolidación de mecanismos represivos y que, en su conjunto, «reducen el espacio cívico, limitan el trabajo humanitario, restringen libertades fundamentales, afectan de forma diferenciada a colectivos vulnerables, concentran poder en el Ejecutivo, legalizan la opacidad en la gestión pública, debilitan el Estado de derecho, dificultan la recuperación económica y mantienen un alto riesgo de corrupción con gran impacto negativo en la vida la gente».
La Ley Contra el Odio encabeza lista
Una veintena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Laboratorio de Paz y FundaRedes, plantean una lista de al menos cinco instrumentos jurídicos más el decreto del estado de conmoción exterior emitido el pasado 6 de enero que deben ser anulados por la AN.
La organización defensora de DDHH, Human Rights Watch, se ha hecho eco de la demanda de abolir leyes que considera “abusivas”, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, además de la necesidad de una reforma real de las instituciones venezolanas, actualmente supeditadas a los interés del Poder Ejecutivo.
La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es la primera que se menciona a la hora de hablar de leyes por derogar entre las ONG.
“Es uno de los pilares jurídicos de la persecución y de las detenciones arbitrarias en el país. La Ley Contra el Odio ha sido un instrumento de aplicación discrecional que ha criminalizado y judicializado hasta los mensajes de WhatsApp. Es el instrumento para violar la libertad de expresión, fomentar la censura, la inhibición y la autocensura. Es una ley contraria en su aplicación a las libertades fundamentales”, recalcó Rendón.
Dicho texto legal fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, pasando por encima de las competencias de la AN de mayoría opositora. Casi una década después, voceros del chavismo, encabezados por Jorge Rodríguez, admiten “excesos” por la aplicación del instrumento legal de 25 artículos y anunciaron una posible reforma, en febrero, sin que se haya mencionado de nuevo el tema a la fecha. Para las ONG no solo debe ser cambiada la ley, sino levantada su sanción.
En los primeros seis años de la norma, la ONG Espacio Público registró que 162 personas sufrieron los rigores de la aplicación de la Ley contra el Odio que castiga con penas de hasta 20 años de cárcel, amenaza con cierre a medios y hasta ilegalización de partidos políticos, en caso de que promuevan «el fascismo».
En el informe de Provea, divulgado el 2 de marzo de 2026, se documentaron (entre enero de 2024 y octubre de 2025) 40 imputaciones judiciales, 36 detenciones arbitrarias y 3 condenas a más de 10 años de prisión por delitos vinculados a la opinión y 125 casos relacionados con la libertad de expresión, por considerarse que promovieron el odio.
«La derogación es jurídicamente viable, no crea vacíos legales porque estas leyes no tienen nada que se deba proteger y sus pocos elementos positivos ya están contemplados en otros instrumentos legales. Derogarlas es necesario para restituir el marco constitucional, pues eliminaría los vicios de origen y competencia, pues son leyes que fueron aprobadas por órganos sin cualidad para legislar o sin cumplir con el procedimiento de formación de las leyes, lo que compromete su legitimidad jurídica», sostiene Transparencia Venezuela sobre el conjunto de leyes a abolir.
Otras leyes “contra la sociedad civil”
Otro instrumento jurídico aprobado por la ANC en 2018 y que ONG como Transparencia Venezuela consideran que sirven a la corrupción es la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, porque faculta al Ejecutivo a realizar contratos de interés público nacionales e internacionales de manera discrecional, sin el control del Parlamento y con el carácter de “secreto de Estado”.
Para entonces, diputados de la AN de 2015, como Alfonso Marquina, alertaron que en la vía para evadir sanciones internacionales el exgobernante Nicolás Maduro se dirigía a ejercer el financiamiento sin control en una “especie de caja negra”, con cuentas distintas o separadas al Tesoro Nacional y suscribir acuerdos con empresas extranjeras, lesionando los intereses de la República.
Por esta y otras razones también se considera que dicha ley debe integrar la lista de normativas derogables por parte de la AN, cuando se tome la decisión de proceder.
En la demanda de derogación no pueden faltar las llamadas normativas “contra la sociedad” civil, de acuerdo con las ONG; a saber, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ley Antisociedad). Incluyen también en la petición, algunos artículos del Código Penal.
“La ley contra las ONG ha sido usada en países autoritarios para acabar con la independencia y las libertades asociativas y eso pasó a ser una realidad en Venezuela. De un estudio realizado por Hum-Venezuela (plataforma de la sociedad civilsobre la Emergencia Humanitaria Compleja), sólo el 2% de las ONG que intentaron registrarse lo lograron, bajo el esquema de la ley. El propio sistema ONU (Naciones Unidas) dijo que esa ley era inmodificable y que sencillamente es un esperpento jurídico contra el derecho de asociación establecido en la Constitución (artículo 52)”, expuso Rendón.
Las organizaciones de la sociedad civil añaden artículos del Código Penal que también deberían ser eliminados. Estos son los artículos 147 y 148 sobre vilipendio al presidente de la República y altos funcionarios; el artículo 222, sobre ultraje al funcionario público; el artículo 285 sobre la instigación a delinquir; el 286 sobre agavillamiento y el 128 sobre traición a la patria (uno de los delitos más imputados a los presos politicos junto con el de terrorismo e instigacion a delinquir).
“Esto ha convertido la aplicación discrecional del derecho penal en herramienta de persecución y control político. Deben derogarse, y en general hacer unas leyes acordes con los estándares en ddhh. Una transición democrática es inviable mientras persistan los instrumentos legales utilizados para la persecución política.”, advirtió la defensora de DDHH.
Convertir a ciudadanos en «terroristas»
Otro instrumento legal rechazado por los defensores de DDHH es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Es consideradado el “instrumento medular”, bajo el cual cientos de venezolanos han sido perseguidos y acusados de terrorismo de manera injusta y arbitraria, bajo la lógica del “enemigo interno”, solo por disentir del gobierno.
Se subraya que los delitos tipificados en esta normativa están excluidos del actual proceso de amnistía que se lleva a cabo en Venezuela desde el 19 de febrero de forma retardada y con discriminacion.
“Según su aplicación, Venezuela sería un país con miles de terroristas. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha señalado que el delito de terrorismo forma parte del patrón de persecución política y de las violaciones graves a los DDHH en Venezuela. Cuando Delcy Rodríguez amenaza acompañada de militares que no se permitirá el extremismo violento y fascista, se está reproduciendo el guión sistemático y generalizado por el que miles de personas han sido judicializadas y víctimas de persecución y de actos crueles, inhumanos y degradantes”, fustigó Rendón.
Igualmente se menciona la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, abreviada como “ley resorte», aprobada por el gobierno de Hugo Chávez hace 22 años. Se considera una normativa clave para la hegemonía comunicacional, la razzia contra medios de comunicación, prensa y radio que vino después de su promulgación y que aún se mantiene.
¿Por qué debe ser derogada la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo?
“Porque es una ley para la criminalización, el control, la vigilancia, la censura y la autocensura. Implementada de manera muy lesiva a las libertades por Conatel, sancionando, suspendiendo transmisiones, cerrando medios, aplicándola de forma selectiva discrecional y autoritaria. La relatoría de libertad de expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha reiterado que es incompatible con los ddhh, usa conceptos vagos, permite sanciones desproporcionadas y es un instrumento de control político de lo que se dice en los medios en Venezuela”, respondió Rendón.
Restricciones y corrupción
En el informe de Transparencia Venezuela, al que tuvo acceso Efecto Cocuyo, se mencionan otras leyes que considera restrictivas de derechos y alimentan la corrupción. Además de ya las mencionadas están la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público (Ley de Transparencia), la Ley Constitucional sobre Precios Acordados, Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista y el Régimen de Control Cambiario.
Sobre la Ley de Transparencia, la ONG advirtió que no protege el derecho de acceso a la información, sino que, por el contrario, lo limita al omitir el alcance del término de información pública, además de obviar el principio de transparencia activa, no crear un órgano garante ni sanciones frente al incumplimiento de la norma.
“La Ley de IGTF y de la Ley de Pensiones, así como el resto de las cargas fiscales y parafiscales tienen recaudaciones secretas, toda vez que la Ley de Presupuesto no se publica desde el año 2017, mientras que las estadísticas fiscales no se publican desde 2009. Se desconoce el uso de los fondos; ya casi se cumplen dos años de haber sido aprobada la Ley de Pensiones sin que haya ocurrido un ajuste en el pago de las pensiones», recordó la ONG.
En cuanto a la Ley de Precios Acordados, la ONG indicó que impone fuertes controles administrativos que afectan la fijación de precios, eliminan márgenes de ganancia reales, acaba con la competencia, ocasiona escasez e incentivan la informalidad y mercados negros entre quienes tienen poder de arbitraje para sacar provecho personal. En consecuencia, los ciudadanos terminan pagando más dinero por el producto.
“Derogar todas estas leyes permitirá restaurar la separación de poderes, garantizar libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, reducir discrecionalidad administrativa, fortalecer Estado de derecho, recuperar instituciones económicas inclusivas, incentivar inversión y crecimiento, reconstituir transparencia fiscal y de contratación pública y armonizar la legislación venezolana con estándares democráticos internacionales”, subrayó Transparencia en su informe.
¿Qué pasa con la conmoción exterior?
Así como el decreto de emergencia económica, la sociedad civil también teme que el Decreto de Estado de Conmoción Exterior se prorrogue en el país de manera indefinida, por lo que también se pide su derogación o que no se prorrogue. La norma que entró en vigencia a partir del 3 de enero, día de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas especiales estadounidenses, ordena a los órganos de policía en su artículo 5 a emprender la búsqueda y captura de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado.
El artículo 3 establece que la Presidencia de la República podrá dictar todas las medidas de orden político, legal, administrativo, económico o social que considere necesarias.
El 3 de abril, el decreto cumplió los primeros 90 días establecidos en la Constitución para su vigencia, sin que hasta ahora la AN se haya pronunciado sobre una prórroga por el mismo lapso, por lo que en la práctica ya no estaría vigente.
“Actualmente, existe un limbo que constitucionalmente derogaría el decreto, pero el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en la norma fundamental y suprema dictando e inventando figuras jurídicas inexistentes en nuestra legislación. Hay que derogar el decreto porque ya no hay amenaza externa, hay un acuerdo con una nación (EEUU) que ejerce una tutela y una (presidenta encargada) que ejerce un cargo con absoluta ilegitimidad. Ya no hay conmoción ni riesgo de ir a una guerra”, sostuvo la defensora de DDHH.
Malas señales
Desde Laboratorio de Paz se cree posible lograr la transición a la democracia en Venezuela; sin embargo, la ONG señala que no es lo que está ocurriendo ahora, bajo una tutela de EEUU que prioriza la estabilidad del sector económico sobre las libertades civiles y los derechos humanos.
También alerta que hay un “vacío constitucional y de poder muy peligroso” que debe reencauzarse en la brevedad. De allí que es importante la presión del liderazgo político y de la sociedad civil para que se convoquen elecciones con todas las garantías democráticas. Asimismo, resalta la importancia de que pueda aplicarse una justicia transicional en Venezuela para que las violaciones de DDHH no queden impunes y para que haya garantías de reparación a las víctimas y no repetición de los delitos.
“Actualmente tenemos muy malas señales. El sector mayoritario y de liderazgo legítimo del país no tiene siquiera posibilidad de volver (al país), tampoco quienes han migrado por persecución política. Estamos en una especie de negociación y reacomodo entre élites del autoritarismo y sus satélites para el reacomodo del poder. Estamos transitando una adaptación autoritaria hacia una estabilización autocrática, con impunidad y apertura económica”, alerta Rendón.
Puso como ejemplo la salida del Gabinete y de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público (MP), de funcionarios cercanos a los Maduro Flores para ser sustituidos por personas señaladas por la Misión de Determinación de Hechos, basada en testimonios de víctimas, como ejecutores intelectuales y materiales de violaciones gravísimas a los DDHH, sobre todo en la estructura de seguridad militar y policías, la inteligencia y el MP.
«La Venezuela democrática y transparente debe eliminar los conflictos normativos
vigentes, que contradicen las recomendaciones de organismos como el Sistema
Interamericano y Universal de Derechos Humanos, las relatorías de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones Interamericanas y de Naciones Unidas contra la corrupción, los estándares anticorrupción internacionales como los de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las recomendaciones de Grupo de Acción contra el Financiamiento Ilícito, la Convención de Palermo, entre otros», subrayó Transparencia Venezuela.