Frente a la tumba del exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, en el Cementerio del Este (Distrito Capital) donde sepultaron sus restos por orden del Gobierno nacional, la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, fue categórica al rechazar la medida oficial:  “En vez de ser un acto de la familia, fue un acto del Estado”, y condenó las irregularidades que rodearon la entrega del cuerpo a los familiares.

Solórzano, presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el asesinato de Pérez y sus seis compañeros durante la “Masacre de El Junquito“, dijo que protegerán los cuerpos de las víctimas -ya todas inhumadas-. “No tiene que haber en el futuro ningún tipo de alteración a los lugares donde están enterrados los cadáveres”, aseveró.

Informó que el informe de la comisión especial que encabeza será presentado este lunes 22 de enero, a las 10 de la mañana, en la sede de dicha instancia en el edificio administrativo del Parlamento.

Los diputados que investigan los hechos que rodean la “Masacre de El Junquito” han denunciado numerosas irregularidades en el proceso de entrega de los cadáveres, así como en los procedimientos para enterrarlos, ya que ocurrieron sin autorización familiar y sin permitir actos velatorios en ninguno de los casos.

16 horas de impotencia, protestas y dolor vivieron familiares de Óscar Pérez y su grupo

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