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Un total de 18 millones 749 mil 681 dólares con 49 centavos aprobó la Comisión Delegada Legislativa, que dirige Juan Guaidó, para el pago de las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados en cortes y tribunales extranjeros “en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano”.

Las deudas fueron contraídas por la Procuraduría designada por el Gobierno interino, con insuficiencia presupuestaria y sin cumplir con el procedimiento de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes venezolanas, entre 2019 y 2020.

El acuerdo aprobado este martes 12 de enero justifica la actuación de la Procuraduría, con la salvedad de que contrajo dichas deudas “en razón de la protección de un bien jurídico mayor; en este caso los intereses patrimoniales de los venezolanos en el extranjero, en el contexto de la grave crisis institucional, política y humanitaria que atraviesa Venezuela como consecuencia de la usurpación del poder ejecutivo por parte del régimen de Nicolás Maduro”.

Contraloría deficiente

De esta manera, la Comisión Delegada aprobó el desembolso de más recursos públicos pertenecientes a la República, un debate que no ha contado con el respaldo unánime de la plenaria de diputados en el pasado. La fracción de Primero Justicia salvó su voto el 28 de enero de 2019, por considerar que los mecanismos de rendición de cuentas y de contraloría eran vulnerables.

En esa oportunidad señalaban que no había sido posible verificar la ejecución de 3.500.000 dólares que fueron destinados a la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales gestionadas por el Banco Central de Venezuela, así como de los activos de Pdvsa.

También se pronunciaban sobre la aprobación de 20.000.000 de dólares para el Fondo Especial de Litigios, aprobados en enero de 2019. “Se parecen más a un presupuesto no sometido a controles y no a un Fondo de Litigios en sentido estricto”, cuestionaron.

Los correctivos que se implementaron después fue la designación de un Contralor y más recientemente la creación de un Consejo Nacional de Defensa Judicial integrado por: David Natera, como secretario del Consejo; Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriela Gallo y Freddy Orland.

Controles

La comisión de Contraloría, representada por Carlos Paparoni, respaldó una serie de condiciones que la Delegada ordenó al Procurador “especial” cumplir para subsanar los errores procedimentales anteriores.

Entre las exigencias destacan:

1️⃣ Realizar los procedimientos de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la República y estableciendo montos apegados al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Adicionalmente, velar porque cualquier requerimiento de recursos adicionales debe ser a partir de una extensión del contrato debidamente autorizado por el Consejo Nacional de Defensa Judicial.

2️⃣ Solicitar la presentación, por parte de la Procuraduría, de un informe sobre las posibilidades de la República y de otros entes del Estado de obtener o no decisiones favorables en los litigios cursados en tribunales extranjeros.

3️⃣ Solicitar a la Procuraduría un informe con el presupuesto de gastos, desagregado caso por caso e indicando el total para el año 2021.

4️⃣ Designar una comisión especial que revise con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría Especial de la República y las juntas ad-hoc involucradas la situación actual de los litigios, para desarrollar lineamientos de un proceso de subsanación de los fallos ocurridos en el proceso de contrataciones y la evaluación de una estrategia que responsa a los mejores intereses de la República.

Un acuerdo aprobado más no votado

La dirección de comunicación de la Comisión Delegada Legislativa compartió un segundo acuerdo que autoriza a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela el uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos.

Este documento autoriza el uso de 1.053.052 para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales administradas por el BCV y el uso de 7.560.544 para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos de Venezuela.

Sin embargo, el acuerdo no fue leído por secretaria y, en consecuencia, no fue votado por los integrantes de la Comisión Delegada Legislativa presentes en la sesión de este martes 12 de enero. Tampoco se aclaró si este monto es adicional a los 18 millones aprobados o forma parte del total.

La defensa de los activos en el exterior ha costado cerca de 40 millones de dólares si se suma el total aprobado por el Legislativo de mayoría opositora en los últimos tres años.