El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de este organismo para apoyar las investigaciones que inició el Ministerio Público sobre hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Judicial, de Pdvsa y de algunas alcaldías.
Recientemente, la Policía Nacional Anticorrupción detuvo al exsuperintendente de de Criptoactivos y Actividades Conexas, Joselit Ramírez; al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristobal Cornieles Perre; al Juez 4° antiterrorista, José Maxcimino Márquez; y al alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías) en el estado Aragua, Pedro Hernández.
Amoroso se pronunció horas después de lo previsto por la prensa, con un breve mensaje anunció que la Contraloría:
1.-Brinda apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado y de gobierno, por las valientes acciones para combatir estos hechos de corrupción vengan de donde vengan con el fin de depurar la administración pública de funcionarios corruptos.
2.-Repudia que funcionarios al servicio del Estado utilicen el patrimonio para enriquecerse ilícitamente.
3.- Designa a los directores generales de control de la Contraloría General de la República para que coadyuve con el Ejecutivo Nacional en las acciones emprendidas para combatir los hechos de corrupción.
La práctica habitual es que la Contraloría sea la que ejerza el control, la vigilancia y la fiscalización de los gastos y bienes públicos e inste, de ser necesario, a la Fiscalía a que ejerza las acciones judiciales correspondienes con motivo de infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público, de acuerdo con el artículo 289 de la Constitución.
Sin embargo, en esta oportunidad, la acción contra los funcionarios presuntamente implicados en corrupción es atribuida al Ejecutivo.
El primer vicepresdente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reveló que los jueces involucrados «cobraban por las sentencias».
Sobre el alcalde de Las Tejerías dijo que «un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos».
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El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, designó a los directores generales de control de este organismo para apoyar las investigaciones que inició el Ministerio Público sobre hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Judicial, de Pdvsa y de algunas alcaldías.
Recientemente, la Policía Nacional Anticorrupción detuvo al exsuperintendente de de Criptoactivos y Actividades Conexas, Joselit Ramírez; al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristobal Cornieles Perre; al Juez 4° antiterrorista, José Maxcimino Márquez; y al alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías) en el estado Aragua, Pedro Hernández.
Amoroso se pronunció horas después de lo previsto por la prensa, con un breve mensaje anunció que la Contraloría:
1.-Brinda apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado y de gobierno, por las valientes acciones para combatir estos hechos de corrupción vengan de donde vengan con el fin de depurar la administración pública de funcionarios corruptos.
2.-Repudia que funcionarios al servicio del Estado utilicen el patrimonio para enriquecerse ilícitamente.
3.- Designa a los directores generales de control de la Contraloría General de la República para que coadyuve con el Ejecutivo Nacional en las acciones emprendidas para combatir los hechos de corrupción.
La práctica habitual es que la Contraloría sea la que ejerza el control, la vigilancia y la fiscalización de los gastos y bienes públicos e inste, de ser necesario, a la Fiscalía a que ejerza las acciones judiciales correspondienes con motivo de infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público, de acuerdo con el artículo 289 de la Constitución.
Sin embargo, en esta oportunidad, la acción contra los funcionarios presuntamente implicados en corrupción es atribuida al Ejecutivo.
El primer vicepresdente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reveló que los jueces involucrados «cobraban por las sentencias».
Sobre el alcalde de Las Tejerías dijo que «un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos».