Conflicto político se trasladó a la competencia por la vocería del COVID-19, afirma Oscar Vallés - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 6 ABRIL, 2020 18:35

Conflicto político se trasladó a la competencia por la vocería del COVID-19, afirma Oscar Vallés

Texto por Deisy Martínez @deicamar

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Miraflores concentra la vocería oficial sobre el COVID-19 en Venezuela. Entre Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se reparten los anuncios diarios sobre los casos del nuevo coronavirus y las acciones para evitar su propagación en el país.

Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios intentan convertirse en una fuente alternativa de información ante la sospecha de que la administración de Nicolás Maduro incurre en manipulación u omisión de las cifras de la enfermedad.

El politólogo Oscar Vallés afirma que ante la llegada del nuevo coronavirus al país con la confirmación de los dos primeros casos el 13 de marzo, el conflicto político se trasladó al manejo de datos sobre la enfermedad. La paralización, tanto de las protestas de calle convocadas por la oposición  como las contramarchas del Psuv, llevan a que las fuerzas y la vigencia del proyecto defendido ante la opinión pública, se canalicen por otras vías.

El conflicto político se está reflejando en una competencia por ver quién maneja la información más confiable y cada sector está haciendo uso de los recursos que poseen para ello. Mucha gente está confinada en su casa, por lo que la necesidad de estar informado es grande”, expresó.

El 23 de marzo, Guaidó aseguró que de acuerdo con cifras oficiales que le hizo llegar un ministerio que no identificó, en el país había más de 200 casos confirmados de COVID-19 para esa fecha. Ese día Maduro habló de 77 casos y para este domingo 5 de abril, la cifra iba por 159 contagiados.

El líder opositor sostiene una y otra vez que Maduro miente. Prueba de ello, es que los primeros casos confirmados el 13 de marzo, corresponde a personas que llegaron al país en vuelos procedentes de España entre el 5 y 8 de marzo, pero se detectó que un taxista mayor de 60 años, ya fallecido, tuvo los síntomas desde el 26 de febrero y aun así se dedicó a trabajar.

Esta versión fue suministrada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, cuando se refirió a la muerte de un taxista en Antímano, víctima del COVID-19.

Este sábado 4 de abril, el diputado José Manuel Olivares, cuestionó que la gestión de Maduro se contradiga con los números relacionados con las pruebas para detectar el virus.

“Si hay un millón de pruebas disponibles como dice Maduro, por qué no se han hecho y por qué no hay más casos positivos”, cuestionó. Alertó que esa es la única forma de hacer proyecciones sobre el tiempo que tomará alcanzar el pico de contagios.

Contrapeso importante ante conflicto político

Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet), cree que el Parlamento está ejerciendo un rol de contrapeso importante. Ello, porque si bien el gobierno de Maduro tiene el monopolio de los datos oficiales, Guaidó y los diputados, apoyados en expertos, están haciendo una serie de advertencias y denuncias que permiten saber que el Ejecutivo no lo tiene todo controlado como quiere hacer ver.

“Informaciones de un lado y de otro le permite a los ciudadanos contrastar y ellos son los que deciden a quien creer o no. Esa batalla por ver quién difunde más información a través de las televisoras que controla el gobierno de Maduro y las redes sociales por las que se mueve más la oposición, le permite a su vez a las alternativas políticas mantenerse vigente ante sus seguidores en medio de la emergencia”, dijo el politólogo.

Señaló que es deber constitucional de la AN hacer monitoreo de los servicios públicos, que ya venían fallando antes de la llegada del virus, y especialmente de la situación de los hospitales públicos y los recursos con los que cuenta para atender la contingencia.

La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Nora Bracho, encabeza dicho monitoreo de servicios públicos, entre ellos los hospitales, que ya arrojó algunos resultados:  87 % de los hogares venezolanos no tienen agua de forma constante, entre 76% y 81% de los hospitales, tampoco, entre otras cifras.

Además, Olivares reportó que en el país existen 250 ventiladores mecánicos para respiración asistida y se requieren al menos 600 mil. Añadió que 70% de los tomógrafos  y rayos X no funcionan, por lo que no se pueden hacer placas para ver si una persona tiene neumonía que es la complicación derivada del COVID-19.

Maduro saca provecho

“Maduro saca provecho de la cuarentena, de los recursos públicos que controla, del apoyo de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, pero debe tener cuidado porque eso no significa oxígeno para su liderazgo”, apuntó Vallés.

El analista advierte que, dependiendo  de cómo el gobernante maneje la emergencia, la fractura social le llegará. “Lo estamos viendo a medida que avanza la cuarentena y las necesidades de la gente se profundizan”, advirtió.

“Guaidó no puede ofrecer hospitales, camas, ni asistencia médica y no le aceptan la ayuda internacional, pero su mensaje puede ser más certero si se apoya más en los especialistas médicos que lo acompañan, de la Federación Médica Venezolana y diversas ONG que prestan labor social”, agregó. Es decir que se mantiene el conflicto político y la confrontación, ahora por el COVID-19.