La Comisión especial de investigación de acciones perpetradas contra la República desde la directiva y miembros de la Asamblea Nacional (AN) para el período 2016-2021, exhortó este 19 de enero al Ministerio Público y al Poder Judicial para que actúen contra diputados que se extendieron el período a través de la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó.
Sobre este hecho, el Parlamento de 2015 alertó a la Unión Interparlamentaria (UIP), principal interlocutor parlamentario de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Desde la AN hemos enviado alerta a la Unión Interparlamentaria y a su presidente, Duarte Pacheco, sobre amenazas del régimen de Maduro contra diputados legítimos”, se expresa desde la Comisión Delegada, a través de un mensaje divulgado en Twitter.
De igual forma, desde la Comisión Delegada Legislativa, de mayoría opositora, se denuncia ante la UIP que el parlamento venezolano tiene el mayor número de parlamentarios perseguidos del mundo, con más de 30 diputados en el exilio debido a amenazas y procesos judiciales en su contra por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Órdenes de captura
Los legisladores elegidos el 6 de diciembre, encabezados por José Brito, como presidente de la comisión, y Hugbel Roa, como primer vicepresidente, pidieron específicamente órdenes de captura en las próximas 48 horas contra quienes insisten en ejercer el cargo de diputados de manera ilegal, según afirma, luego de que su período constitucional finalizara el 5 de enero de 2021.
Brito rechaza que la Comisión Delegada haya aprobado el uso de 18 millones de dólares, el pasado 12 de enero, para pagar a bufetes de abogados que ejercen la defensa de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), contra la demanda de la empresa Cristalex. Esto lo califica como manejo ilícito de fondos de la República en el exterior. Advierte que los exdiputados opositores de 2015 se encuentran en flagrancia, por lo que podrían ser apresados en cualquier momento.