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Tres meses después de que el partido Voluntad Popular denunciara sobornos por parte del chavismo a diputados de oposición para que retiraran su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) anunció el inicio de una investigación al respecto.

«Estamos iniciando una investigación sobre los sobornos a diputados para que cambiaran su postura política e investigar a sobornados y sobornadores y que quede claro quiénes fueron, cuánto recibieron y a cambio de qué, en el marco de la operación que se conoció de manera mediática como la operación alacrán«, según informó el presidente de la comisión, José Pratt.

En la llamada operación alacrán están involucrados diputados disidentes de la oposición encabezados por el titular del Parlamento paralelo, Luis Parra, su primer vicepresidente Franklin Duarte y su segundo vicepresidente José Gregorio Noriega. Además el jefe de la fracción Venezuela Unida, Luis Loaiza y  los legisladores José Brito, Conrado Pérez, Guillermo Luces, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y Chaim Bucarán, entre otros.

Todos fueron acusados de recibir alrededor de un millón de dólares para que llegado el 5 de enero votaran contra la reelección de Guaidó como presidente de la AN.

«Determinaremos quiénes recibieron dinero y prebendas. Tenemos información de que algunos han estado recibiendo concesiones mineras en el estado Bolívar para servir a esa operación política de asalto al Palacio Legislativo, no a la AN porque está instalada aquí», expresó Pratt antes de iniciarse la sesión ordinaria extramuro de la AN, que realizada en el auditorio del colegio María Auxiliadora en Altamira, este miércoles 4 de marzo.

El parlamentario adelantó que algunos diputados a los que intentaron comprar como José Marquina testificarán ante la Comisión y se analizarán audios de llamadas grabadas como prueba de los sobornos. El mismo Marquina dio a conocer uno. Señaló a Noriega de ofrecerle dinero a cambio de cambiar su postura política.

«Sabemos que en este país no funcionan las instituciones, pero lo primero que nosotros podemos hacer es determinar la responsabilidad política para que quede un expediente abierto de quiénes participaron en esto llegado el momento de hacer justicia», explicó.

Indicó que la imposibilidad de ingresar al edificio administrativo de la AN supone obstáculos para el trabajo parlamentario al no tener acceso a los expedientes que reposan en la sede de la Comisión de Contraloría, pero que se reunirán en otros espacios.

En diciembre, a raíz de un reportaje publicado en el portal Armando Info sobre la emisión de cartas exculpatorias a favor de empresarios señalados de corrupción en el programa Clap, fue intervenida la Comisión de Contraloría. La instancia era integrada por la mayoría de los legisladores señalados de aceptar sobornos.

Se creó también una comisión especial dirigida por el diputado Edgar Zambrano para que investigara sobre ese caso. Hasta la fecha no hay resultados de esa investigación, aunque el legislador aseguró en febrero que aun trabajan y pronto presentarían un informe final.