El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado este 7 de agosto en el que señala que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “deberá abstenerse de inscribir candidaturas en Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”.
El 20 de octubre de 2016, tribunales penales de estos siete estados notificaron al Poder Electoral el inicio de investigaciones por denuncias de un presunto fraude electoral cometido durante la recolección del 1% de las firmas que activarían el referendo revocatorio presidencial.
El inicio de estas investigaciones provocó la suspensión del revocatorio que promovía la coalición de partidos de oposición. Diez meses después, estos tribunales, que no tienen competencia en materia electoral, no han emitido sentencias firmes sobre las supuestas irregularidades.
Expertos consultados aseguran que el Poder Electoral no puede limitar las postulaciones de la MUD a las gobernaciones en las entidades señaladas bajo el argumento del presunto fraude del revocatorio.
“El CNE hace saber, sin mayor precisión, que la MUD no puede postular candidatos en algunos estados en vista de ciertos procesos penales que tiene en curso, de lo que parece desprenderse que para el CNE la MUD, como organización política, pierde los derechos políticos que le asisten para hacer sus postulaciones. Esto es inconstitucional porque, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, hasta tanto el registro de un partido no sea anulado o cancelado, el partido puede ejercer plenamente sus derechos políticos; por lo tanto, el CNE no puede impedirle a la MUD postular candidatos por supuestos procesos penales en curso”, explica el abogado experto en derecho administrativo y profesor universitario, José Ignacio Hernández.
En criterio de la constitucionalista Isabel Este, de impedirse las postulaciones en los siete estados, el CNE estaría violando los derechos de participación política de los venezolanos.
“En el supuesto de que se confirme que hubo fraude en la recolección de las firmas del revocatorio, ese proceso no puede afectar las elecciones regionales y las sanciones que se tienen que aplicar deben ser las que correspondan al delito de fraude”, apunta.
La abogada sostiene que los tribunales penales no han emitido sentencias firmes por lo que la decisión de limitar las postulaciones de la MUD “viola el principio de derecho penal que establece que no puede haber crimen sin que previamente la ley lo establezca”. “Incluso si estos tribunales emiten sentencias firmes la decisión tampoco estaría apegada a derecho porque son instancias a las que no les compete la materia electoral”, manifiesta.
El coordinador nacional de asuntos electorales y representante del partido Un Nuevo Tiempo ante el CNE, Vicente Bello, opina que el CNE actúa de forma parcial para inhabilitar la postulación de candidatos opositores.
“Esos tribunales penales notificaron el año pasado al CNE el inicio de un procedimiento que no avanzó. No se han pronunciado sobre si admitieron o no esas denuncias y no existen sentencias firmes”, afirma.
Bello adelantó que los representantes legales de la MUD analizan el exhorto hecho por el CNE y ejercerán las acciones correspondientes.
“No es una decisión del CNE si la MUD se abstiene o no de postular candidaturas a las regionales”, concluye.