La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó las inhabilitaciones políticas contra opositores venezolanos este miércoles 31 de enero.
En un comunicado en su sitio web calificaron estas decisiones como «propias de regímenes autoritarios».
Se refirieron a los casos de María Corina Machado, candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, y el exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, a quienes la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les impuso una prohibición de 15 años para postularse a cargos de elección popular.
«Estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios», manifestaron.
La Cidh recordó que el sistema judicial venezolano no es independiente ni imparcial. Por el contrario consideraron que «ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Adicionalmente, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024».
El organismo, que pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que el chavismo denunció en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dijo que los países deben cumplir con las normativas legales, en especial aquellas en las que los órganos administrativos no pueden violar o cercenar los derechos políticos de la población.
«Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal», subrayaron. Esto no ocurrió ni con Machado ni con Capriles Radonski.
Condena internacional por inhabilitaciones
La Cidh se suma a pronunciamientos de países americanos, entre los que están Panamá, Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Argentina y Uruguay, que han manifestado su preocupación y rechazo a estas decisiones. También desde Estados Unidos y la Unión Europea, así como Francia y España, se sumaron a los cuestionamientos tras la decisión del TSJ del pasado 26 de enero.
«En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano, en particular, es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», pidió el organismo.
Además, abogó «a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».