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Un grupo de académicos y activistas de derechos humanos suscriben una carta en la que afirman que las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos.

En la misiva, que dirigen al presidente estadounidense Joe Biden, no solicitan expresamente el levantamiento de las sanciones, pero sí plantean la flexibilización de las medidas coercitivas que perjudican la producción petrolera.

Proponen que los ingresos petroleros que se obtengan se usen para mitigar la crisis humanitaria “a través de mecanismos libres de corrupción que involucren acuerdos entre el gobierno y la oposición”.

Esta acción ha avivado el debate sobre la efectividad de las sanciones como mecanismo para provocar una transición política en Venezuela y desatado fuertes críticas de dirigentes políticos que apoyan al opositor Juan Guaidó.

¿Causa o consecuencia?

La narrativa del gobierno de Nicolás Maduro es que las sanciones han sido la causa de la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Sin embargo, ha quedado demostrado que el empobrecimiento de los venezolanos tiene su origen en la gran corrupción, la mala administración y el desmantelamiento del Estado de derecho.

Esto ha sido documentado por organizaciones no gubernamentales, como Provea, Acceso a la Justicia o Transparencia Internacional, y por relatores de las Naciones Unidas.

Un ejemplo de esto son las conclusiones de la relatora de la ONU, Alena Douhan, quien determinó que las sanciones “han tenido un efecto devastador en toda la población”, pero admitió que la crisis económica comenzó en 2014 (cinco años antes de que Donald Trump impusiera las sanciones sectoriales).

Según Douhan, la crisis está asociada a la mala gestión gubernamental, la corrupción y los controles de precios por parte del Estado.

Lea también: Feliciano Reyna: Hay que transitar terrenos espinosos para resolver problemas sociales

Reacciones

El centro del debate entre quienes apoyan la carta y quienes la rechazan es precisamente si las sanciones son la causa o la consecuencia y si sirven o han servido para democratizar el país. Lo que antes era un consenso en la oposición entorno a que la recuperación de la democracia implicaba la salida de Maduro del poder, ahora genera opiniones encontradas.

Una revisión de las reacciones que se han hecho públicas en Twitter permite ilustrar diferentes posturas, haciendo la salvedad de que esta red social apenas representa una pequeña parte de la opinión pública nacional:

El abogado experto en derecho penal internacional, Fernando Fernández, opina que levantar las sanciones sin erradicar antes las causas de la emergencia humanitaria equivale a “suprimir los síntomas del cáncer sin operar o tratar la enfermedad”.

“Mientras se mantengan las causas de la emergencia humanitaria inducida ésta no cesará haya o no sanciones. La exigencia de cambios de conducta debe volcarse hacia las causas y los causantes, no a las consecuencias ni a los síntomas. Al cesar aquellas, se eliminarán sus efectos”, argumenta el profesor.

Fernández enumera como causa de la crisis “los planes de la patria, las malas prácticas de corrupción y del crimen organizado” y subraya que se trata de un “efecto originado por diseño”. “La causa es un modelo de Estado y unas políticas establecidas de manera consciente mediante leyes y prácticas institucionales”, apunta.

Desde la otra acerca, políticos como Freddy Guevara afirman que hay “intereses promoviendo una agenda aún más peligrosa que busca que nos resignemos a vivir en dictadura a cambio de una apertura económica”.

Aunque sostiene que no está de acuerdo con calificar de “vendido” a todo aquel que apoye el levantamiento de sanciones, considera que dar dinero (ingresos petroleros) al gobierno de Maduro no se traducirá en beneficios para el pueblo.

“Si Maduro quiere que levanten las sanciones, entonces que levante su dictadura. Su dictadura es la causante de la peor crisis humanitaria de nuestra historia moderna”, afirma tajante Carlos Vecchio.

Y la lista de políticos críticos incluye a Alfonso Marquina y a Mariela Magallanes, entre otros.

Un “camino espinoso”

Mientras que los firmantes defienden su posición argumentando que buscan acuerdos para aliviar la emergencia humanitaria.

El director de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, respondió a Efecto Cocuyo que el propósito que anima su respaldo a la carta es la posibilidad de conseguir inversión para la reconstrucción de áreas esenciales y urgentes como la infraestructura en salud, educación y servicios básicos.

“No puedo negar de ninguna manera lo complejo, lo espinoso del terreno, pero no queda otra que transitarlo si queremos ayudar a resolver problemas sociales muy serios en el plazo urgente y sin perder de vista otros que son de atención, como los temas de justicia y derechos humanos”, explica.

El economista Francisco Rodríguez, quien también suscribe la carta, señala que “la negociación se puede utilizar para acordar reglas de confrontación que permitan proteger a los venezolanos del daño colateral que la crisis de gobernabilidad genera a la economía venezolana”.

“Nuestro planteamiento se centra en buscar mecanismos que permitan recuperar acceso a mercados petroleros bajo la condición de que los recursos se usen bajo la supervisión internacional y se dirijan a atender la crisis humanitaria”, expone.

Según esta premisa, las sanciones económicas no provocan cambios en los sistemas políticos.