Desafiando la línea del opositor Juan Guaidó, Américo De Grazia propone usar las elecciones regionales como una suerte de “plebiscito” en contra de Nicolás Maduro. El problema: el dirigente de La Causa Radical está inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por 15 años y se encuentra en el exilio.
Aunque la Constitución y las leyes venezolanas no impiden expresamente que alguien se postule como candidato estando fuera del país, la inhabilitación (ordenada por la Contraloría General que controla el gobierno chavista) si bloquea la aspiración de De Grazia.
“Es un gesto simbólico que lo que busca es cambiar la actual narrativa abstencionista; es un intento por destrancar el juego y potenciar el escenario electoral”, opina el politólogo Piero Trepiccione.
El especialista señala que el anuncio del exdiputado de la Asamblea Nacional sirve para “abrir el camino a otros” en cuanto a motivar o estimular la postulación de más opositores, pero en el sentido práctico es poco el efecto que puede generar pues el Poder Electoral no aceptará la candidatura de un político inhabilitado.
El exilio también juega en contra: “El éxito se mide sobre el terreno de juego, desde el exilio puedes enviar señales, organizar, documentar, mostrar al mundo las particularidades de un régimen político, pero si no tienes un liderazgo orgánico en el terreno, con conexión y representatividad, no vas a producir cambios sustanciales”, argumenta Trepiccione.
El analista destaca que alrededor de un 45% de la población venezolana está ganada a participar en elecciones aún en condiciones adversas, por lo que este tipo de estrategias apuntan a movilizar a los ciudadanos.
Candidato en el exilio
Antes de Américo De Grazia, el dirigente Eduardo Lapi se postuló como candidato a gobernador de Yaracuy estando fuera del país en 2008. En esa oportunidad, presentó su candidatura mediante un poder que firmó para que su hermano sirviera como intermediario.
Pero este motivo, su postulación, que había sido admitida por la Junta Regional Electoral, fuera impugnada bajo el señalamiento de que había violado “los requisitos formales de presentación y recepción de la planilla de postulación”.
Una abogada, consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, que prefiere mantener su nombre en reserva, explica a Efecto Cocuyo que aunque en la legislación no hay ningún impedimento para que alguien se postule desde el exilio, en ese caso se partió del hecho de que el sufragio (activo y pasivo) es un acto personal que mal puede ejercerse a través de un representante o un intermediario.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso en contra de Lapi no porque se encontrara en el exilio sino por la acusación de corrupción que pesaba sobre el político.
La abogada también sostiene que las inhabilitaciones que ejecuta el Contralor General de la República son inconstitucionales, pues esta atribución debería ser exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia: “La competencia que se le asigna al Contralor es inconstitucional porque solo mediante sentencia firme, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, una persona quedará inhabilitada políticamente y no por un acto administrativo”.
Inhabilitado
De Grazia fue inhabilitado por la Contraloría General en febrero de este año junto a otros dirigentes opositores como Juan Guaidó. Por esta razón, «no puede participar como candidato en ninguna elección incluso si reside en el país», subraya el politólogo exasesor del CNE Jesús Castellanos.
El especialista recuerda el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República que establece que la inhabilitación “restringe la aptitud para ser funcionario público incluso los de elección popular” durante la vigencia de la sanción.
El artículo 39 de la Constitución y el 132 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales también señalan que los ciudadanos que estén sujetos a una inhabilitación no podrán ejercer derechos políticos como postularse a cargos de elección popular.