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Luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicara su informe sobre la situación  de derechos humanos en Venezuela, la Cancillería venezolana negó las detenciones arbitrarias o persecuciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro que se mencionan en el documento.

“Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela”, reza el comunicado.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que cuando la Acnudh menciona las sanciones económicas y administrativas impuestas contra Venezuela “reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el país a partir del año 2014, incluyendo la disminución del 99% del ingreso nacional”.

Sanciones y COVID-19

Y es que este informe reconoce que la sanciones contra Venezuela y la pandemia de covid-19 han aumentado la escasez de recursos disponibles para enfrentar la de crisis humanitaria.

No obstante, considera que la población venezolana “sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales” debido a que persisten la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y la grave subinversión en servicios esenciales.

Además, la Cancillería ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ambos organismos acordaron la renovación por el período de un año de la Carta de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina del Alta Comisionada, incrementando la presencia de funcionarios de la Oficina en el país.