En Venezuela existe una política de criminalización contra líderes sindicales, políticos, entre otros que aplica el gobierno de Nicolás Maduro y cuyo móvil es la permanencia en el poder, comentó la abogada y directora de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.
Borges, explicó este martes 5 de julio, que el monitoreo realizado por organizaciones de la sociedad civil ha identificado y registrado la existencia de patrones de criminalización, cómo se aplican y cuándo hay momentos de agravamiento, para exponerlos ante la ciudadanía y a las organizaciones internacionales.
“Los periodistas son los que reciben mayores ataques. Eso es parte de nuestra documentación: la desaparición de medios y este silencio que parece que hay una paz negativa. Documentamos los femicidios gracias a los periodistas, ya este año van 62 femicidios. Es una política de criminalización para mantenerse en el poder. Estamos viendo que el móvil es la permanencia en el poder”, dijo Borges durante la entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en su programa #ConLaLuz.
El pasado 29 de junio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su último informe sobre Venezuela, en el que aseguró que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación.
Varias organizaciones de la sociedad civil han hecho seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el organismo internacional. Sin embargo, según el monitoreo, el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) desde 2019.
La abogada comentó que entre los elementos que revelan el informe de la Acnudh y el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es que las grandes violaciones de derechos humanos siguen sin ser investigadas y que existe un patrón de impunidad.
En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permanecen antiguos funcionarios que carecen de independencia. Por esa razón, las víctimas están imposibilitadas de tener una justicia independiente. De allí la importancia de la documentación y coordinación con organismos internaciones y de la sociedad civil. “Cuando contemos con justicia independiente, las víctimas tendrán respuesta”, señaló Borges.
En el caso de Venezuela, continuó la abogada, se puede observar el rol importante que estos organismos pueden jugar. “Gracias a la Misión de Determinación de Hechos se han abierto investigaciones. Esperamos que en el caso de Venezuela, (la próxima Alta Comisionada) tenga compromiso y entendimiento sobre lo que pasa en Venezuela”.
Sobre la participación del cuerpo diplomático en la marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se realizó en Caracas el pasado domingo 3 de julio, Borges comentó que refleja la importancia de no dejar solos a los venezolanos en la reinstitucionalización del país.
“Ese respaldo a las exigencias de derechos es parte de lo que necesitamos, de lo que implican los mandatos de las organizaciones de derechos humanos. Es un mensaje importante este respaldo”, señaló.
La abogada alentó a la ciudadanía a continuar colaborando con las organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos.
“Necesitamos romper el silencio con la exigencia de nuestros derechos, organizados y no perder la esperanza. Este es un trabajo de muchos años. Sé que a veces los venezolanos nos sentimos desalentados (…) Son momentos complicados para el país, pero no podemos renunciar al ejercicio de nuestros derechos”.
Puede ver el programa completo en el siguiente link: https://youtu.be/5WcSQeTpQu8
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En Venezuela existe una política de criminalización contra líderes sindicales, políticos, entre otros que aplica el gobierno de Nicolás Maduro y cuyo móvil es la permanencia en el poder, comentó la abogada y directora de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.
Borges, explicó este martes 5 de julio, que el monitoreo realizado por organizaciones de la sociedad civil ha identificado y registrado la existencia de patrones de criminalización, cómo se aplican y cuándo hay momentos de agravamiento, para exponerlos ante la ciudadanía y a las organizaciones internacionales.
“Los periodistas son los que reciben mayores ataques. Eso es parte de nuestra documentación: la desaparición de medios y este silencio que parece que hay una paz negativa. Documentamos los femicidios gracias a los periodistas, ya este año van 62 femicidios. Es una política de criminalización para mantenerse en el poder. Estamos viendo que el móvil es la permanencia en el poder”, dijo Borges durante la entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en su programa #ConLaLuz.
El pasado 29 de junio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su último informe sobre Venezuela, en el que aseguró que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación.
Varias organizaciones de la sociedad civil han hecho seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el organismo internacional. Sin embargo, según el monitoreo, el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) desde 2019.
La abogada comentó que entre los elementos que revelan el informe de la Acnudh y el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es que las grandes violaciones de derechos humanos siguen sin ser investigadas y que existe un patrón de impunidad.
En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permanecen antiguos funcionarios que carecen de independencia. Por esa razón, las víctimas están imposibilitadas de tener una justicia independiente. De allí la importancia de la documentación y coordinación con organismos internaciones y de la sociedad civil. “Cuando contemos con justicia independiente, las víctimas tendrán respuesta”, señaló Borges.
En el caso de Venezuela, continuó la abogada, se puede observar el rol importante que estos organismos pueden jugar. “Gracias a la Misión de Determinación de Hechos se han abierto investigaciones. Esperamos que en el caso de Venezuela, (la próxima Alta Comisionada) tenga compromiso y entendimiento sobre lo que pasa en Venezuela”.
Sobre la participación del cuerpo diplomático en la marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se realizó en Caracas el pasado domingo 3 de julio, Borges comentó que refleja la importancia de no dejar solos a los venezolanos en la reinstitucionalización del país.
“Ese respaldo a las exigencias de derechos es parte de lo que necesitamos, de lo que implican los mandatos de las organizaciones de derechos humanos. Es un mensaje importante este respaldo”, señaló.
La abogada alentó a la ciudadanía a continuar colaborando con las organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos.
“Necesitamos romper el silencio con la exigencia de nuestros derechos, organizados y no perder la esperanza. Este es un trabajo de muchos años. Sé que a veces los venezolanos nos sentimos desalentados (…) Son momentos complicados para el país, pero no podemos renunciar al ejercicio de nuestros derechos”.
Puede ver el programa completo en el siguiente link: https://youtu.be/5WcSQeTpQu8