Asamblea Nacional rechaza muerte de manifestantes en protestas por gasolina #28Jul

POLÍTICA · 28 JULIO, 2020 16:01

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Deisy Martínez


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La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) debatió este martes 28 de julio las más recientes violaciones de derechos humanos durante protestas por gasolina en el país y la situación actual en la que se encuentran presos políticos, como los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto.

El presidente del Parlamento y reconocido como mandatario interino del país por más de 50 países, Juan Guaidó, rechazó la impunidad con la que actúan organismos de seguridad del Estado.

Los parlamentarios condenaron el asesinato de Carlos Chaparro, en la estación de servicio Buenos Aires, en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, a manos del capitán de la GN, Carlos Borregales, durante una manifestación por combustible.

En este hecho también resultó herido, Cristóbal Ruiz. Recordaron que el 16 de julio también fue baleado y murió un pescador de 18 años, Joe Albornoz, en una protesta por igual motivo en Isla de Toas, Zulia.

“Estos hechos son un alerta grave por la impunidad con la que actúan organismos afectos al régimen que funcionan más como protectores de un gobierno de narcotraficantes que como organismos de seguridad. Es muy grave lo ocurrido en isla de Toas (Zulia), en Anzoátegui y el Arco Minero, la orden a la Fanb es muy sencilla, respetar la Constitución”, expresó Guaidó durante la sesión ordinaria.

Víctimas de supuestos enfrentamientos

La diputada Tatiana Montiel advirtió que cada vez que ciudadanos son asesinados en protestas, como las de por gasolina, o en procedimientos policiales con uso de fuerza excesiva, las autoridades los hacen ver como enfrentamientos. Indicó que entre 2016 y 2017 hubo 16.000 asesinatos calificados de esa forma.

“Luego de dos días de cola la gente se negó aceptar que Carlos Borregales (capitán de la GN) abriera nuevamente la estación a personas ajenas a la cola, la gente protestó el hecho y la respuesta fueron tiros. No existe enfrentamiento entre quienes ostentan armas de la República y ciudadanos desarmados, es violencia estatal, un vil asesinato”, repudió la legisladora.

El parlamentario Héctor Cordero advirtió que los militares convirtieron el suministro de gasolina en un negocio propio para cobrar entre 2,5 y 3 dólares el litro, y que la finalidad de tales muertes es que la población tenga miedo y no haga protestas por sus derechos.

“Gilber está debajo de una escalera”

En un punto de información previo al orden del día, la diputada Adriana Pichardo alertó una vez más sobre las torturas y tratos crueles e inhumanos, a los que aseguró, son sometidos los presos políticos. Hizo especial énfasis en las condiciones de reclusión de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en Caricuao y San Martín, en Caracas.

“Gilber le dijo a su hermana  que está a punto de volverse loco, que está pasando hambre. Esto es tortura, tratos crueles e inhumanos. Renzo también está en la sede de las Faes, pero de La Quebradita (San Martín),  incomunicado, desprovisto de luz solar, de alimentos, también ha perdido mucho peso. A ninguno  se les ha permitido juramentar a su defensa privada”, denunció Pichardo.

Mediante un video dirigido a la AN, la hermana del diputado Caro, Yeidi Caro, describió que el parlamentario no está en una celda sino es un espacio acondicionado debajo de una escalera, tan reducido que le impide ponerse de pie y sin acceso a luz solar.

“Pasa todo el día sin tomar agua, grita para que le lleven algo y no lo hacen, el 16 de julio lo fui a visitar y  tuve que desnudarme, la funcionaria me tocó, pero me mandaron a decir con su hija que pudo verlo hoy  que ya yo no podía ir más, no quieren que yo diga en qué condiciones está”, lamentó. Pidió no cesar en la lucha por la liberación de los presos políticos y porque se respeten sus derechos humanos.

Desde su detención en diciembre de 2019 y hasta hace un día, se desconocía el paradero de Caro, quien está privado de libertad por segunda ocasión. Prieto, acusado de financiamiento terrorismo y promoción al odio, está preso desde marzo de este año. En ambos casos se ha denunciado secuestro y desaparición forzada.