El chavismo maniató a la Asamblea Nacional (AN) con la invención de la figura del desacato, desde 2016, que deja sin efecto todos los actos del único poder que controla la oposición.
Hasta julio de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, había emitido 104 sentencias que limitan o anulan las competencias del Poder Legislativo.
Las iniciativas parlamentarias han quedado “congeladas” en un “banco de leyes” por el bloqueo institucional y los magistrados que fueron electos en el seno del Legislativo están forzados a operar desde el exilio, al igual que la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz.
En los primeros 100 días la AN aprobó cinco leyes, negadas luego por Maduro y el TSJ
El escenario para la oposición en 2020 no es más alentador. Analistas consultados consideran que los parlamentarios, bajo el mandato de Juan Guaidó, tendrán “poco margen de maniobra” para enfrentar el último año de esta legislatura.
“La fundamentación jurídica del desacato es muy débil, pero los miembros del sistema hegemónico del chavismo simplemente no le permiten a la oposición una capacidad real de actuación. Mientras se mantenga el supuesto desacato las expectativas para la Asamblea Nacional no son nulas, pero sí muy bajas”, señaló el doctor en ciencias políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Varnagy.
Uno de los dilemas a los que se enfrentará la Asamblea Nacional será elegir o no un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Si lo hace sin que ocurra una negociación política con el chavismo, los rectores correrán la misma suerte que los magistrados en el exilio. Pero si se escogen, mediante un acuerdo con el oficialismo, entonces se producirá desconfianza sobre la imparcialidad del árbitro, expone el analista.
Aunque el profesor reconoce los avances que obtuvo la oposición en política internacional, 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la Asamblea Nacional como el único poder legítimamente electo, los atribuye a la figura del dirigente de Voluntad Popular y no a la institución.
“Las designaciones que se hicieron (los representantes especiales) fueron hechas por el gobierno interino y no desde el cuerpo legislativo”, argumenta.
Guaidó también tendrá que lidiar con la pérdida de confianza en 2020. El incumplimiento de la ruta establecida: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres erosionó la credibilidad del político y de la institución.
“Se partió desde una falacia porque se pensó que el estamento militar tiene un pensamiento institucional cuando tiene un pensamiento de grupo céntrico que favorece sus propios intereses”, agrega.
Para recuperar apoyo, Varnagy aconseja renovar las estructuras de los partidos políticos porque, a su juicio, algunos mantienen prácticas autoritarias en su seno: “Las presidenciales de varios de los partidos han resultado inamovibles, la conformación de los cuerpos directivos de esos partidos están muy aferrados al poder”.
De acuerdo con la encuestadora Datanálisis, en su estudio de noviembre de 2019, la evaluación negativa de la AN aumentó de 39,3%, en marzo de 2016, a 60,9%, en noviembre de este año.
Mientras que la encuestadora Delphos registra que el índice de confianza del Parlamento pasó de 46%, en mayo de 2019, a 26% en noviembre de este año. Mientras que la encuestadora Delphos registra que el índice de confianza del Parlamento pasó de 46%, en mayo de 2019, a 26% en noviembre de este año.
Para la politóloga María Puerta Riera, el Poder Legislativo termina el año “frágil, con una actuación debilitada por la excesiva confianza puesta en actores externos, lo que descuidó la construcción de nexos internos”.
La profesora, phd en ciencias sociales, enumera los retos de la Asamblea Nacional en 2020:
1.- Elegir una nueva directiva lo que implica definir su liderazgo. La elección de una figura distinta a Juan Guaidó sometería a revisión el apoyo de las 50 naciones que reconocen al dirigente de Voluntad Popular actualmente, explica Puerta.
2.- Definir la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral
3.-Debatir sobre participar o no en las elecciones parlamentarias con un CNE sin renovación o con renovación hecha sin cumplir con las normas. “Esto va a generar más fricciones y las contradicciones serán difíciles de ocultar”, advierte.
Sobre la pérdida de confianza, Puerta responde: “La desconfianza es consecuencia directa de expectativas no resueltas y promesas incumplidas. El venezolano promedio desconoce por qué la Asamblea Nacional está maniatada. Son pocos los venezolanos que saben que no recibe recursos o que entiendan que el Tribunal Supremo de Justicia ha usurpado sus funciones”.
“Para los venezolanos, la AN, con Guaidó a la cabeza, prometió que Maduro saldría del poder y eso no ha ocurrido”, añade.
Más parlamentarismo de calle
La analista María Puerta Riera sostiene que los diputados deben volver a la calle a acompañar a la gente, organizar y educar. “La gente necesita sentirse acompañada, no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y la censura de los medios pone más limitaciones al proceso comunicacional”.
También debe existir celeridad en la investigación y en la sanción a los diputados involucrados en la trama de corrupción que reveló el portal Armando.Info.
“A la oposición le va a resultar muy difícil hablar de transición evitando ir a elecciones. La presión por la renovación del CNE debe continuar con una negociación política que pueda conducir a este escenario”, concluye.
Foto: correodelcaroni.com