Al cierre del mes de julio, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, el Parlamento con mayoría del chavismo ha sancionado 11 leyes en los primeros siete meses del año y 70 desde la instalación de dicho Poder Legislativo en enero de 2021.
La AN con 277 diputados cierra el primer semestre del año con el anuncio sorpresivo de otra renovación del Poder Electoral, pese a que en 2021 designó a cinco rectores principales y 10 suplentes, producto de un acuerdo político con la oposición, por lo que fue considerado como el Consejo Nacional Electoral (CNE) «menos desequilibrado» en dos décadas de dominio rojo.
La plenaria dio algunos pasos en el camino hacia la instauración de un Estado Comunal con la aprobación de algunas leyes relacionadas con el «poder popular» como la reforma de la Ley de Consejos Comunales, pero no los suficientes, pese a tratarse de una petición expresa del gobernante Nicolás Maduro. En la gaveta aún permanecen normativas que no han superado la primera discusión, como la Ley de Ciudades Comunales desde 2021.
Las «prioridades» parecen haber cambiado, a raíz del escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a mediados de marzo y que llevó a la renuncia del entonces ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, Maduro ordenó una «cruzada» anticorrupción a la que se sumó la AN dirigida por Rodríguez con la sanción de algunas leyes relacionadas como la Ley de Extinción de Dominio, para confiscar bienes y propiedades producto del delito.
¿Qué leyes se aprobaron?
«Más allá de la aprobación de leyes que es lo fundamental de la labor legislativa, esta AN que se eligió en 2020 no cumple con el control de las acciones del Ejecutivo, que es otra de las competencias establecidas en la Constitución», señaló Miguel González Marregot del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.
Entre las leyes sancionadas de enero a julio de 2023 son: Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad (24 de enero); Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica (7 de febrero); Ley para la Atención Integral a las Personas del Trastorno del Espectro Autista (28 de marzo); Ley Orgánica de Extinción de Dominio (27 de abril); Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero (16 de mayo).
Asimismo, fueron aprobadas en segunda discusión la Reforma a la Ley de Contraloría Social (25 de mayo) y a la Ley de Consejos Comunales (22 de junio); Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (18 de julio) y la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas (26 de julio).
Ante el desfalco de 3.000 millones de dólares detectado en Pdvsa, lo cual a mediados de marzo provocó una ola de detenciones que incluyeron a varios funcionarios y empresarios, la AN inició su «cruzada anticorrupción» con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a uno de sus diputados emblemáticos, Hugbel Roa. Luego prometió aprobar leyes en esa línea y reformar otros textos legales como la Ley Contra la Corrupción para aumentar los castigos contra dicha modalidad delictiva.
¿Lucha anticorrupción?
Así surgió la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, para confiscar bienes producto de actividades delictivas de manera expedita, sin esperar una condena contra el acusado. El chavismo calculó en 10.000 los bienes y activos identificados con hechos ilícitos en el país.
Juristas como Fernando Fernández y Román Duque Corredor dudaron de la constitucionalidad de la normativa por considerarla una «confiscación disfrazada» que atenta contra la propiedad privada y que prohíbe la Carta Magna en su artículo 116, salvo que la extinción de dominio se produzca luego de una sentencia firme en un juicio.
También alertaron que tendría efectos retroactivos, puesto que Jorge Rodríguez indicó que podían abarcar bienes «robados» durante la gestión de la AN de 2015, encabezada por Juan Guaidó, lo cual contradice el artículo 24 constitucional que señala que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.
Quedó pendiente la revisión, por orden de la directiva de la AN de 2020, Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos.
«Todavía está por verse el alcance genuino y la aplicabilidad de esas leyes anticorrupción y si quedarán en mera propaganda o si solo se aplicarán con fines de retaliación contra la oposición», dijo González Marregot, en declaraciones a Efecto Cocuyo.
Oposición incluida
A la Ley de Extinción de Dominio, le siguió la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con el objetivo de «castigar» el manejo de activos en el exterior por parte de la AN de 2015, amparado en las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro y en el reconocimiento al Parlamento de mayoría opositora por parte de gobiernos como el de Estados Unidos y de la Unión Europea.
«Tenemos que insistir, instrumentos legales que usar, el Código Penal permite castigar delincuentes, hay una Ley de Extinción de Dominio que tiene que aplicarse para sentar el precedente que aquí las leyes se aplican y que son unos ladrones», expresó Jorge Rodríguez este 26 de julio ante la plenaria, al alertar sobre eventual subasta de Citgo para junio de 2024.
En la aplicación de ambas leyes, el chavismo en la AN de 2020, más allá de los castigos a la corrupción detectada en su seno, incluye amenazas de acciones penales a través del Ministerio Público, contra la gestión del gobierno interino liderado por Guaidó y que incluye no solo a diputados de 2015 sino también a actuales candidatos a las primarias de la oposición como María Corina Machado y Henrique Capriles. Rodríguez mencionó directamente a 18 opositores y advirtió que la lista es «más larga».
Una comisión especial, presidida por Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, que investiga las consecuencias de la política de sanciones durante el gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Maduro y a los opositores que lo apoyaron, designada en junio, presentará un informe en agosto.
¿Qué pasó con el Estado Comunal?
Sobre la revisión de leyes del Poder Popular ordenadas por Maduro, que buscan allanar el camino hacia la instauración de un Estado Comunal en Venezuela, según analistas, solo vieron luz durante este primer semestre, las reformas a las leyes de Contraloría Social y Consejos Comunales. Sobre esta última, la Alianza Democrática advirtió que da carácter territorial a instancias no previstas en la Constitución y por eso salvó su voto en la aprobación.
Quedaron en cola las leyes de Planificación Pública y Popular, Gestión Comunitaria, Sistema Económico Comunal, Economía Comunal y propiamente la Ley Orgánica del Poder Popular. Vale acotar que la Ley de Ciudades Comunales aguarda por su segunda discusión desde 2021.
«Hay un aparente reposo con estas leyes, pero no se descarta que de un momento a otro puedan ser retomadas con celeridad porque este es el proyecto central del partido de gobierno, cambiar el ordenamiento político territorial de la República establecido en la Constitución de nación —estados— municipios y parroquias por comunas, ciudades comunales y consejos comunales y restar recursos y competencias a los estados y especialmente a los municipios», advirtió el especialista en Gerencia Pública.
Mencionó que la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios va en la misma línea de restar autonomía a las regiones por la vía del cobro de impuestos. Sostuvo que si bien es necesaria una articulación en la materia para evitar especulación, la forma de hacerlo debió debatirse y llegar a acuerdos sin atentar contra la capacidad de los municipios de generar recursos propios ante el insuficiente presupuesto vía Situado Constitucional.
Ajuste a la ruta electoral
De igual forma se quedaron en la primera discusión la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela (enero de 2023), denunciada por atentar contra la lucha por los derechos humanos en Venezuela, el Proyecto de Ley Orgánica Contra todo tipo de Discriminación y la Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva.
Ante el avance de las primarias opositoras y el respaldo que exhiben algunos candidatos en sus recorridos por el país y a punto de entrar el país en año de elecciones presidenciales, a González Marregot no le extraña que la AN de 2020 se alinie, según afirmó, a la «estrategia» de «desestímulo» del voto por parte del poder político y haya decidido designar a un nuevo CNE que se ajuste a sus intereses.
«Esta AN, que no representa ni a la mitad del país, está en sintonía con la estrategia de generar desconfianza, incertidumbre, irrespetar el derecho al sufragio para aumentar la abstención para 2024, de allí que urge rescatar la institucionalidad del país a partir de un cambio político», agregó.
Este 27 de julio culmina el proceso de postulaciones de candidaturas al CNE ante el Comité designado por la AN de 2020 y que preside el diputado Giuseppe Alessandrello (Psuv).