Alertan que nueva normativa contra las ONG pone en riesgo a miles de personas

POLÍTICA · 15 ABRIL, 2021 15:21

Alertan que nueva normativa contra las ONG pone en riesgo a miles de personas

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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Una nueva normativa obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a suministrarle al gobierno de Nicolás Maduro información sobre sus fuentes de financiamiento, asociaciones e incluso el listado de beneficiarios debidamente identificados, lo que pone en riesgo a miles de personas, advierten defensores de derechos humanos.

“Es como si las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina de (José Rafael) Videla o en el Chile de (Augusto) Pinochet le hubiesen dado a los dictadores información sobre sus beneficiarios. ¿Cuál hubiese sido la consecuencia?, más detenidos, más tortura, más muerte”, alerta el activista de DD. HH. Marino Alvarado.

El miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que, según la norma dictada el 30 de marzo, las ONG tendrían que revelar la identidad de las personas que denuncian las ejecuciones extrajudiciales de las Faes, las torturas o las detenciones arbitrarias.

“Tenemos una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad, eso es pretender que las organizaciones de la sociedad civil nos convirtamos en sapos cooperantes del gobierno. No vamos a poner en riesgo la libertad e incluso la vida de nuestros beneficiarios”, afirma.

La providencia N° 001-2021, del 30 de marzo establece que las ONG deben precisar quiénes son los organismos nacionales o extranjeros de los cuales reciben dádivas, donaciones o aportes; asimismo, el listado de las organizaciones internacionales con las que mantienen algún tipo de asociación y todos los datos referidos a los beneficiarios que reciben asistencia humanitaria o de otro tipo.

“Política de hostigamiento”

La ONG Acceso a la Justicia fue la primera en denunciar la normativa que considera “es parte de una política de hostigamiento”, esta vez dirigida desde la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento que es quien dicta la regulación.

La organización señaló que el gobierno venezolano “busca acallar la voz de lucha y denuncia ante la opinión pública nacional y mundial, especialmente por la ausencia de Estado de derecho”.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, explica que la norma es inconstitucional porque atenta contra el derecho a la asociación, que es un derecho humano, y obedece a una “lógica de hostigamiento”.

“Aquí hay una dinámica que es claramente inconstitucional, es una lógica de hostigamiento que ya han sufrido organizaciones como Alimenta la Solidaridad, Azul Positivo y Convite (…) Hay una voluntad en el modelo político de monopolizar el bien”, expresa.

Correa señala que la providencia amenaza el trabajo social y humanitario que desarrollan estas organizaciones porque si no se registran pueden recibir una sanción asociada a la Ley Contra el Terrorismo.

Subraya que el Código Civil venezolano dicta las directrices que deben cumplirse para constituir organizaciones y los mecanismos de rendición de cuentas que deben respetarse.

Al menos tres artículos de la Constitución son violentados con la nueva normativa, según el activista Marino Alvarado. Estos son: Artículo 2, que el estado venezolano se constituye en los valores de la solidaridad y la preminencia de los derechos humanos; el 49 que consagra la presunción de inocencia; y el 132 que contempla la obligación de las personas de promover y defender los derechos humanos en el país como fundamento de la convivencia democrática y la paz social.