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Amnistía Internacional Venezuela solicitó al Poder Legislativo este 10 de agosto promulgar un código que garantice que el sistema judicial nacional procese a responsables de delitos de persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, y de esclavitud, traslado forzoso de la población, prostitución forzada o apartheid.

Según un comunicado de la organización no gubernamental, la norma permitiría la cooperación con investigaciones y enjuiciamientos de los tribunales del exterior que soliciten información sobre hechos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.

Por medio del proyecto Código de Derecho Penal Internacional (Codepi), la organización busca reflejar en el derecho venezolano lo establecido en el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de la Haya, firmado y ratificado por Venezuela.

El Codepi facilitaría a los organismos policiales, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y al Ministerio Público, «crear unidades especiales para que ningún culpable de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, escape de la justicia».

Además, «acabaría con todas las lagunas legales» con respecto al derecho internacional y «establecería claramente las responsabilidades», del Estado ante crímenes «que pudieran cometerse, incluso por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de normas, supervisión, diligencia debida y cualquier obligación que, de haber sido cumplida, hubiera evitado la comisión de dichos crímenes».

«El país es en la actualidad un refugio seguro en potencia para criminales enjuiciados en el extranjero», según Amnistía Internacional, quien asegura en el escrito que «Venezuela no ha precisado en su legislación nacional delitos como las ejecuciones extrajudiciales, previstos en el derecho internacional, o no han sido definidos de un modo coherente con los requisitos más estrictos del derecho internacional».