Agenda política activa y baja productividad legislativa marcó el 2019 para la AN - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 15 DICIEMBRE, 2019 20:41

Agenda política activa y baja productividad legislativa marcó el 2019 para la AN

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

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Baja productividad legislativa por desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debilidad en el trabajo de algunas comisiones permanentes y una agenda política activa que destacó por logros en el exterior del país y pocos resultados a lo interno, marcó el año 2019 en la Asamblea Nacional (AN).

“Este año el trabajo se dirigió más a lo que fue el gobierno interino, a las negociaciones con representantes de Nicolás Maduro fuera del país, a la ayuda humanitaria, con trabajo reducido como Poder Legislativo porque por mucho que se haga, por muchas leyes que se aprueben, tienen muy pocas consecuencias porque el Ejecutivo no les da el ejecútese”, expresó la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela Mercedes De Freitas.

Desde que el Parlamento fue declarado en desacato por el Poder Judicial en 2016 por juramentar a los diputados de Amazonas todas sus actuaciones son consideradas nulas. La situación se agravó con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 pues prácticamente se ha erigido como un Poder Legislativo paralelo que en dos años aprobó 12 leyes, 63 decretos y 56 acuerdos, según balance presentado por el constituyente Fernando Soto Rojas hasta julio de este año.

La aprobación de al menos 56 acuerdos por encima de las iniciativas legislativas, la página web de la AN refleja tres instrumentos legales discutidos en cámara este año, da una idea de las manos atadas del Parlamento en ese sentido. La única ley que tuvo impacto político fue la del Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 5 de febrero de 2019. El objetivo del texto era organizar y relegitimar los poderes públicos para restablecer el texto fundamental, todo ello suponiendo que Nicolás Maduro saliera del Ejecutivo.

La Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares que Colaboren en la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela no pasó de su primera discusión (22/01/2019) por desacuerdos. ONG sostuvieron que era violatoria de la Constitución por “perdonar” crímenes de lesa humanidad que en el texto fundamental no prescriben.

La Ley de Reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fue la tercera ley discutida y aprobada (23 de julio en segunda discusión) este año.

Entre los acuerdos destacó el que declaró oficialmente en cámara la usurpación del cargo de presidente por parte de Nicolás Maduro el 15 de enero de 2019, tras desconocerse las elecciones adelantadas del 20 de mayo de 2018 por irregularidades. A la histórica resolución le siguió el 23 de enero la juramentación de Juan Guaidó como Jefe de Estado encargado tras una multitudinaria marcha en Caracas que se lo pidió a gritos.

Aquel acto marcó el inicio de la ruta del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres que no logró su cometido.

Respaldo y deudas

“Este año no ha sido diferente en cuanto a la baja productividad legislativa al estar bajo el mal llamado desacato, la elaboración de leyes es casi nula al igual que otros años”, apuntó el diputado (UNT) Enrique Márquez.

Lo que no tiene discusión, a juicio del parlamentario, es el respaldo y el reconocimiento tanto nacional (de la población) como internacional (más de 50 países, además de organismos) de la AN como único Poder legítimo electo por el pueblo.

Para Márquez fue importante el rol desempeñado por algunos legisladores como el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, en los mecanismo de negociación con el régimen de Maduro como el de Oslo, facilitado por el Gobierno de Noruega y que a su juicio, debería retomarse para tratar de salir de la crisis.

Algo criticado por el diputado fue la no aprobación en sesiones ordinarias de la Ley Especial que autoriza un préstamo excepcional con fines humanitarios de 350 millones de dólares para atender la emergencia eléctrica en estados como el Zulia, Mérida y Nueva Esparta. El proyecto que sería sometido a primera discusión el 3 de diciembre, sin éxito, causa polémica porque sería la Corporación Andina de Fomento (CAF) la que hará el préstamo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) el ente ejecutor de los recursos. Algunos diputados denunciaron sobreprecio en el presupuesto y sus dudas acerca de que el dinero fuera bien empleado.

“Aquí no estamos hablando de reconocimiento a nadie, es la posibilidad de ponernos de acuerdo para resolver los problemas, es una emergencia, estados como el Zulia lo necesitan”, reprochó Márquez, quien reveló que aún se presiona para que el proyecto de ley se discuta en las sesiones extraordinarias que deberían convocarse a partir del 15 de diciembre y antes del 5 de enero, cuando se inicia el nuevo período. De momento, una comisión especial quedó encargada de analizar la viabilidad del instrumento legal que cuenta con el apoyo de diversas ONG.

Para la analista político Sandra Pinardi la mayoría opositora en la AN cierra con un saldo lamentable, pues a su juicio, los diputados cayeron en el mismo juego de la corrupción que tanto se le critica al régimen madurista. Esto en alusión a los 8 diputados, de 12, que tiene la Comisión de Contraloría (intervenida desde el 1 de diciembre) y que fueron señalados de gestionar favores a empresarios acusados de corrupción en el programa gubernamental de alimentación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

“A mi entender esto da un poco la idea de por qué el país está así y de que existen intereses que pueden estar privando para que el régimen se alargue”, dijo. Añadió que está bien que la AN investigue pero que se le debe dar celeridad a estos casos para que la opinión pública sepa qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Para la profesora universitaria todo el empuje político con el que la AN inició el año para lograr el cese de la usurpación se diluyó en el camino por falta de estrategias sólidas de la oposición.

Otra deuda que destacó De Freitas está dejando el Parlamento este año es la designación de un nuevo Contralor General de la República.

“Es un tema pendiente la transparencia, han pasado meses y se ha quedado en promesas el nombramiento de un nuevo Contralor para que haya un control de los recursos que están fuera y que están bajo el poder de la gestión de Guaidó, que pida estados de cuenta, haga chequeo de pagos”.

En sesión ordinaria del 10 de diciembre la comisión especial designada por la AN encabezada por Macario González, informó que el proceso de postulaciones para el cargo de contralor cerró el fin de semana del 7 y 8 de diciembre y estaban a la espera de la lista de postulados a partir de la cual se hará el nombramiento.

Queda también en la agenda la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral pero el proceso de nombramiento del Comité de Postulaciones está paralizado hasta la fecha por falta de acuerdo político.

Represión

De Freitas destacó también que por falta de presupuesto los diputados tuvieron muchas dificultades para trasladarse desde y hacia sus regiones, por lo que el trabajo de representación de los estados estuvo muy limitado.

Las acciones judiciales contra los parlamentarios no cesaron este año. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa Sólorzano dio cuenta de 125 diputados víctimas de persecución con alguna medida judicial y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a 26 legisladores desde la instalación del Parlamento con mayoría opositora en 2015.

Este año fue notorio el encarcelamiento del primer vicepresidente de la AN Edgar Zambrano, acusado por el TSJ de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, a raíz del frustrado levantamiento armado del 30 de abril en la Base Aérea de La Carlota. El diputado fue rodeado en La Florida por funcionarios del Sebin y “remolcado” se lo llevaron dentro de su vehículo a la sede del organismo en El Helicoide el 8 de mayo de este año. Fue liberado el 17 de septiembre.

Diputado Edgar Zambrano estuvo preso poco más de 4 meses este año

Por esos mismos hechos les fue allanada la inmunidad parlamentaria el 8 de mayo a Henry Ramos Allup, Luis Florido, Richard Blanco, Mariela Magallanes, Américo De Grazzia, Andrés Velázques y Simón Calzadilla, unos están libres y otros fuera del país. Mientras que el 12 de agosto le tocó el turno a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García.

Mientras, 54 diputados del llamado Bloque de la Patria (Psuv y aliados) se incorporaron a la AN el a la que consideran en desacato el 24 de septiembre, sin ningún impedimento y pese a haber salido electos como constituyentes en julio de 2017.