Advierten que deportación de venezolanos de Trinidad y Tobago viola principio de no devolución y juicio justo

POLÍTICA · 2 DICIEMBRE, 2020 14:25

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Ibis Leon | @ibisL


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Una semana después de arrojar a mar abierto a 16 niños venezolanos, el gobierno de Trinidad y Tobago anunció la deportación de 160 venezolanos en coordinación con las autoridades venezolanas.

La no-devolución (non-refoulement) es un principio del derecho internacional que obliga a los países a no retornar a refugiados o solicitantes de asilo o refugio a las fronteras de los territorios donde su vida o libertad puedan verse amenazadas o donde corran riesgo de persecución.

Este principio está contenido en la Convención de 1951 sobre Refugiados y su Protocolo de 1967 que Trinidad y Tobago suscribió y viola con la deportación masiva de venezolanos a Venezuela, explica el especialista en derecho internacional Adolfo Salgueiro.

El abogado sostiene que el gobierno trinitense también incumple el derecho a un juicio justo, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “La pregunta es si estas personas, a las que se deportó sin ningún trámite, tuvieron la posibilidad ante un tribunal de solicitar el estatus de refugiado o la oportunidad de tener un juicio justo antes de que se les aplique una sanción”, expone.

Salgueiro destaca que las autoridades de ese país se valen de las condiciones de pobreza e indocumentación con la que huyen estas personas al país caribeño para negar los derechos inherentes a la condición de refugiado.

La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha exhortado a la comunidad internacional a reconocer a los venezolanos como refugiados debido a las causas que los obligan a huir de su país.

Salgueiro señala que, si bien la política migratoria es una atribución que tiene cada país y que, bajo el principio de soberanía, tienen el derecho de aceptar en su territorio y dar el estatus de refugiado a quien deseen, este derecho está limitado por el derecho internacional humanitario expresado en convenios y tratados que obligan a los Estados moral y legalmente a cumplir con ciertas principios como la no-devolución y el derecho a un juicio justo.

Agrega que en el caso de Trinidad y Tobago, al ser un país pequeño, el ingreso de extranjeros puede desestabilizar su economía.

“El acuerdo”

El comisionado de la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA), designado por el gobierno interino, David Smolanski, publicó una misiva del gobierno de Trinidad y Tobago que ordena la expulsión de los 160 venezolanos e informa que se hará con la coordinación de las autoridades venezolanas.

El funcionario denunció que esta nueva acción contra los connacionales se da con la venia del régimen de Nicolás Maduro. “Si a miles de venezolanos que volvieron voluntariamente por el COVID-19 los tildaron de bioterroristas qué no podrá ocurrirle a 160 deportados que van bajo la custodia de cuerpos de seguridad de un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad”, rechazó.

Se conoció que funcionarios militares de la zona operativa de defensa integral de Delta Amacuro recibieron a los 161 connacionales retornados el 30 de noviembre.

Sobre la colaboración de Maduro en estos procedimientos, el abogado Adolfo Salgueiro considera que las gestiones se hacen con este gobierno “porque es el que ejerce el poder en Venezuela” y no se puede considerar ilegal porque los venezolanos también tienen derecho a regresar a su país en cualquier circunstancia y por cualquier motivo. “En caso de que el gobierno venezolano facilite el regreso de estas personas no diría que es ilegal, lo contrario sí sería ilegal”, afirma.

Lo que cuestiona es “el silencio ruidoso” de la administración de Maduro respecto al trato cruel e inhumano que recibieron los 16 niños lanzados al mar. “El silencio es tan ruidoso que es indignante y censurable, unos nacionales fueron tratados de forma inmisericorde y el gobierno de Maduro prefirió no hacer nada”, sentencia.

Política “xenófoba”

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, tilda la política migratoria de Trinidad y Tobago de “xenófoba” y contraria a los principios del Derecho Internacional, las convenciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y las directrices de la Acnur.

“Estas deportaciones sistemáticas no están ajustadas a derecho, se están violando acuerdos internacionales y es reprochable y condenable que el gobierno de Maduro no manifieste su protesta y rechazo por el trato inhumano que han recibido algunos venezolanos”, manifiesta.

El internacionalista coincide con el abogado Adolfo Salgueiro en que los tribunales competentes de Trinidad y Tobago deben evaluar estos casos antes de que se ejecute la expulsión para que se respeten los derechos humanos de estas personas.

Trinidad y Tobago viola al menos cuatro tratados internacionales, según el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

Foto: @ZODI_61DA