Tanto el gobernante Nicolás Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, han tratado de posicionar el llamado acuerdo nacional sobre las elecciones presidenciales 2024, firmado este 28 de febrero, como un documento mucho más amplio, más consultado y con más garantías para los comicios que el pacto sobre derechos políticos y electorales suscrito en Barbados en octubre del año pasado.
«Desde mi punto de vista este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye, porque quien puede lo más, puede lo menos. El Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, que es mucho más grande mucho más amplio. Están aquí todas las fechas y todas las propuestas», respondió Rodríguez en rueda de prensa, al ser consultado sobre el estatus del Acuerdo de Barbados ante la firma del documento en la AN de 2020.
Horas más tarde, Maduro lo secundó al señalar desde el estado Lara que los acuerdos de Barbados y de México son «subacuerdos» integrados al surgido del seno del Parlamento con mayoría del chavismo, el cual, aseguró, garantizará que en Venezuela «haya elecciones libres».
Veamos qué contempla cada documento en materia electoral:
¿Quiénes lo firman?
El llamado Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales para la elección presidencial 2024 es producto de una convocatoria hecha desde la AN de 2020. Participaron en reuniones y suscribieron el documento, factores de la oposición «moderada» que no forman parte de la Plataforma Unitaria como Fuerza Vecinal, Puente y Alianza del Lápiz, entre otros y la Alianza Democrática que forma parte del Parlamento.
Participaron y firmaron además sectores empresariales como Fedecámaras y Conindustria, universidades públicas y privadas como la Universidad Santa María, sectores sindicales, sociales y culturales afines al gobierno de Maduro.
Los acuerdos de Barbados fueron firmados el 17 de octubre de 2023, entre ellos el de derechos políticos y electorales, entre la Plataforma Unitaria Democrática, encabezada por Gerardo Blyde, y la delegación de Miraflores dirigida por Rodríguez, con la mediación del Reino de Noruega.
El convenio es un esfuerzo dirigido a lograr acuerdos para superar la crisis política del país por la vía electoral.
Estados Unidos ejerce gran influencia por ser el principal promotor de la sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro y cuyo levantamiento está sujeto a que Miraflores cumpla con garantías democráticas para los comicios.
«Representa (acuerdo AN 2020) un manifiesto de sectores parcial o íntegramente alineados con el gobierno que no representan la voluntad de la oposición democrática. Es un manifiesto que se inscribe en los lineamientos del Gobierno de Maduro, en sus énfasis electorales e inclusive nomenclaturas», opinó el politólogo y experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez, sobre lo firmado en el Palacio Legislativo.
A juicio del también experto electoral, mientras el Acuerdo de Barbados fue suscrito entre dos partes que son claramente distintas, lo acordado en el Parlamento dominado por el chavismo es «una adhesión a la pretensiones electorales» del poder político, aunque exista diversidad de fechas para la elección presidencial, por lo que desestima lo dicho por Rodríguez sobre que el acuerdo «consultado» con sectores de oposición moderada o «aliada» a Miraflores es más «amplio» que el pacto de Barbados.
«No hay un avance real en cuanto a condiciones electorales», afirmó.
Sobre las candidaturas
En el punto 1 del Acuerdo de Barbados se establece que «las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley».
En el literal M del punto 3 sobre garantías electorales se señala que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
El acuerdo surgido del seno del Parlamento con mayoría del chavismo no aborda el respeto a mecanismos de selección de candidaturas por parte de las organizaciones políticas ni inhabilitaciones.
Los voceros del chavismo madurismo califican el tema como «cosa juzgada», en vista de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya sentenció quiénes dentro de la oposición pueden optar por cargos públicos en comicios y quiénes no.
Registro Electoral
Tanto el Acuerdo de Barbados como el firmado en la AN de 2020 tocan de manera muy general el tema. En el literal B del punto 3 sólo señala «Ejecución de la actualización del Registro Electoral».
En una reciente denuncia de la Plataforma Unitaria Democrática ante la mediación de Noruega, sobre al menos 8 violaciones a los acuerdos de Barbados por parte del gobierno de Maduro, señala el hecho de que el Poder Electoral no ha aprobado jornadas especiales de actualización del Registro Electoral, que debe ser previo a la convocatoria a elecciones para reducir la brecha de los excluidos en la data y que asciende a más de 3 millones solo entre mayores de 18 años aún no inscritos.
El acuerdo de la AN de 2020 señala de manera muy general que se debe garantizar la actualización del padrón electoral dentro y fuera de Venezuela «de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico». Vale mencionar que Rodríguez hizo mención a la imposibilidad de garantizar el derecho al voto de venezolanos en países como Estados Unidos y Argentina, el primero por falta de embajada y el segundo por la posición del gobierno de Javier Milei hacia Venezuela.
Observación internacional
La «solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluida la Unión Europea (UE), el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y Centro Carter», contempla el Acuerdo de Barbados en materia electoral.
La oposición ha señalado la importancia de conocer la fecha de las presidenciales y el cronograma electoral a efectos de que se puedan girar las invitaciones a los organismos internacionales para la observación de los comicios con suficiente antelación (entre 4 y 6 meses antes en los casos de la UE y la ONU).
El acuerdo del Parlamento señala: «Invitar a misiones técnicas de acompañamiento nacional e internacional a la elección presidencial 2024, cuando estas cumplan con estricto respeto a la Constitución, la ley y normas jurídicas aplicables».
Tras la firma, Rodríguez se cerró de nuevo a la posibilidad de que se permita la observación de la misión de la UE por no considerarla imparcial, al haberse ratificado las sanciones internacionales contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, en el bloque europeo en noviembre de 2023.
«Hay retrocesos como la activación de la figura del acompañamiento electoral en detrimento de la observación electoral o inclusive de la veeduría electoral, figura actual en el marco normativo electoral venezolano», apuntó Castellanos Vásquez.
Regular redes sociales
Ambos acuerdos coinciden de manera general en el tema del reconocimiento público de los resultados electorales, las auditorías al sistema electoral, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el compromiso de mantener un discurso político que favorezca un clima pacífico para los comicios y que se garanticen condiciones de seguridad para que los candidatos presidenciales tengan libertad de reunión y circulación por todo el territorio nacional.
Uno de los aspectos que llama la atención del documento emanado de la AN de 2020 es la solicitud al CNE para que apruebe un mecanismo de regulación de la campaña electoral en redes sociales para garantizar igualdad de oportunidades y prevenir instigación al odio entre adversarios políticos y discriminación.
Sobre el punto, el experto electoral alerta: «Se retoma el riesgo de censura y persecución por redes sociales, en el marco de la campaña electoral, asomado en 2021».
Propuesta de financiamiento público
Asimismo el acuerdo AN 2020 incluye la posibilidad de financiamiento público para que las organizaciones políticas «tengan una base» para poder desarrollar la campaña electoral en igualdad de condiciones. También se pide al CNE que «agilice» el registro de movimientos con fines políticos que tienen la determinación de participar en los procesos electorales venideros y están pendientes aprobación por parte del órgano electoral.
El acuerdo de Barbados alude reconocimiento del derecho de actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento transparente que aseguren la pulcritud en su origen y manejo sin más limitaciones que las previstas en la Constitución.
«Se reaviva el riesgo de nuevos elementos de asimetrías y obstaculización en la campaña electoral por el financiamiento público, tal como ocurrió en 2007 (referendo reforma constitucional», acotó el politólogo.
El acuerdo de la AN de 2020 amplía en puntos relacionados con el compromiso de defensa «estricta» de la soberanía e independencia, del país, que no haya presión externa para el desarrollo del evento electoral y el rechazo a cualquier medida lesiva de la economía, en alusión a las sanciones internacionales.
También el respeto a las decisiones emanadas de los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral, rechazo a planes conspirativos para derrocar al gobierno y cualquier forma de ultimátum por parte de cualquier país o actor extranjero que quiera intervenir en las elecciones venezolanas.
¿Barbados sigue vivo?
A la pregunta sobre si el acuerdo AN 2020 sustituye el de Barbados tal como lo afirmaron Rodríguez y Maduro, Castellanos Vasquez sostuvo que si bien lo firmado en octubre de 2023 «está seriamente debilitado», los esfuerzos de negociación siguen vigentes.
A su juicio, el hecho de que Rodríguez no haya sugerido una fecha única al CNE para las presidenciales es un indicativo de que las conversaciones entre el gobierno y la oposición mayoritaria van a continuar, públicas o secretas.
«El régimen, al menos sectores dentro de él, no está cerrado a la posibilidad de llegar a algunos puntos de encuentro, el juego régimen – oposición democrática sigue vivo», acotó.