Activistas de DD. HH. esperan que fiscal de la CPI escuche a víctimas y evalúe el sistema de justicia

POLÍTICA · 26 OCTUBRE, 2021 17:51

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Ibis Leon | @ibisL


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El sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, y la abogada y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, consideran que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, debe priorizar a las víctimas y evaluar el funcionamiento del sistema de administración de justicia en su próxima visita a Venezuela.

“En este momento del examen preliminar hay un elemento importante que es lo que se llama la complementariedad; es decir, si las autoridades venezolanas y su sistema de justicia tienen la posibilidad y la voluntad de hacer justicia de manera genuina. Si la Corte Penal Internacional determina que no es genuina la voluntad, eso será un elemento adicional para abrir una investigación formal”, señala Uzcátegui.

Por esta razón, el representante de Provea sostiene que las autoridades venezolanas aprobaron una reforma judicial –aunque inconsulta- y han enjuiciado a los autores materiales de algunos casos: “Todo esto que están haciendo de manera atropellada tiene que ver con el hecho de que quieren convencer a la CPI de que el sistema judicial venezolano puede hacer justicia”.

“El fiscal debe conocer, evaluar el funcionamiento del sistema de justicia venezolano para determinar si las víctimas se van a beneficiar. El foco del fiscal debería ser el funcionamiento del sistema de justicia, conocer cuál va a ser la envergadura de la reforma judicial que fue anunciada, con quien se discutió. No es lo mismo una política pública consensuada que una aprobada de forma unilateral”, agrega.

“Sería ideal que se reúna con las víctimas, pero entendemos que se va a reunir es con las organizaciones no gubernamentales. Es bueno advertir que su visita no significa que el fiscal está comprado o que el gobierno logró el objetivo y el examen preliminar se va a cerrar, es bueno que venga a formarse una opinión y que priorice a Venezuela porque sabemos que otros países también están atravesando situaciones difíciles que debe atender la CPI”, argumenta Louza, miembro de la ONG Acceso a la Justicia.

La abogada opina que la política de violencia estructural y de represión continúa y destaca las estadísticas que lleva el Observatorio Venezolano de Violencia, según el cual, el número de muertes por “resistencia a la autoridad” superó a las muertes a manos de la delincuencia en 2020. El OVV registró ese año 4.153 homicidios versus 4.231 muertes por agentes del Estado.

Acceso a la Justicia también destaca las cifras de Provea que pasó de contabilizar 220 ejecuciones cometidas por las autoridades en 2014 a 3.030 en 2020.

“El Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, que es el que crea un ente como la Corte Penal Internacional (CPI), entonces es corresponsable de la existencia de esa institución y tiene el deber de cooperar con esa institución. Las autoridades venezolanas aceptaron la visita del fiscal en un intento de simular cooperación y voluntad de justicia. Para Provea es importante que un autor material sea sentenciado; sin embargo, hay una cadena de mando que no está siendo castigada ni se están tomando medidas para que estos hechos no se repiten”, señala Uzcátegui.

Coincide con Louza en que el gobierno de Nicolás Maduro intentará capitalizar la visita, pero advierte que el fiscal “tiene la suficiente experticia para concluir si los procesos judiciales que se están haciendo son genuinos, si hay políticas de reparación de las víctimas o se trata de un maquillaje”.

El activista de derechos humanos enumera lo que a su juicio son los tres escenarios posibles:

1️⃣ El examen preliminar se cierra y el fiscal de la CPI no abre una investigación formal contra Maduro y altos funcionarios de su gobierno por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

2️⃣ El examen preliminar se mantiene en la fase de análisis del principio de complementariedad, estatus en el que se encuentra actualmente, porque el fiscal considera que necesita procesar más información, más datos y levantar más testimonios. «Esto continuaría siendo un mecanismo de presión para las autoridades venezolanas», afirma Uzcátegui.

3️⃣ Se abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mandato de Nicolás Maduro en la CPI.

¿Qué implica la visita del fiscal de la CPI a Venezuela?