Al abogado Juan Antonio Planchart Márquez le diagnosticaron un tumor en el cuello el 12 de septiembre de 2019. Llevaba seis meses detenido en la sede del Sebin del Helicoide cuando recibió la orden médica que recomendaba una intervención quirúrgica urgente.

El tribunal de la causa (Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Conexos al Terrorismo) resolvió su traslado para ser operado en un centro de salud, en octubre de ese año, pero los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no lo han ejecutado diez meses después.

Daniela Pompei de Planchart, esposa del abogado, pide al gobierno de Nicolás Maduro autorizar la atención médica que necesita porque su vida corre peligro y recuerda que el tribunal ha emitido cinco órdenes de traslado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó medidas cautelares a su favor solicitando una medida humanitaria de detención domiciliaria.

Pompei afirmó a Efecto Cocuyo que la preocupación aumenta porque hay rumores de que existen varios casos de “gripe” en el centro de detención donde se encuentra Planchart y esto ha reducido el acceso de los internos a la luz solar.

La denuncia de la muerte de un privado de libertad por síntomas asociados al COVID-19 generó alarmas en los familiares de los presos políticos que acudieron, este sábado 7 de agosto, a las puertas del Sebin para exigir sean liberados.

La familia de Planchart debe hacerle llegar sus alimentos e insumos en un contexto de pandemia que dificulta la movilidad cuando las autoridades gubernamentales dictan cuarentena radical.

Su esposa asegura que sí le permiten hablar por teléfono con él, pero su estado anímico no es el mejor porque el aislamiento “ha sido demasiado largo y difícil”.

Acusación

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Juan Antonio Planchart Márquez de los delitos de conspiración, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, fue el primero en acusarlo de presuntamente financiar una red paramilitar que perpetraría ataques terroristas” y “desfalco a la nación”.

Pero sus familiares y la ONG Foro Penal señalan que el verdadero motivo de su prisión es su vinculación con el dirigente opositor Juan Guaidó. El abogado su primo del presidente de la Asamblea Nacional.