En redes sociales se filtró la noticia sobre la presencia de un avión estadounidense en territorio venezolano a inicios de esta semana. Aunque el embajador de Estados Unidos en la OEA, Francisco Mora, no quiso comentar sobre la veracidad de este hecho, la visita del enviado especial de Joe Biden para rehenes, Roger Carstens fue un hecho.
El medio Bloomberg en línea citó a funcionarios del Departamento de Estado que confirmaron la presencia de este funcionario en Caracas. Su propósito es lograr la liberación de presos estadounidenses en cárceles venezolanas.
Por diferentes hechos, en el país están encarcelados Eyvin Hernández, un abogado; Jerry Kenemore, que es programador de computación, así como dos exboínas verdes involucrados en una fallida incursión marítima: Luke Denman y Airan Berry.
Bloomberg citó a un representante del Departamento de Estado que les dijo que la presencia de Carstens era para “discutir sobre el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela”.
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Qué quiere Maduro
Sin embargo, esta persona no detalló que respuesta obtuvieron del gobierno de Nicolás Maduro ni qué les pidió a cambio para liberar a estos cuatro estadounidenses.
En octubre de 2022 Maduro y Biden acordaron un intercambio de prisioneros; de Venezuela liberaron a los exejecutivos de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, a cambio de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores.
Además, Estados Unidos busca que le entreguen al fugitivo Glenn Francis, un contratista de defensa de Malasia conocido como Fat Leonard, quien enfrenta delitos en territorio estadounidense.
En redes también se especuló sobre un posible intercambio de estas personas por el empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno chavista le otorgó la nacionalidad venezolana, lo designó funcionario diplomático, pero que se encuentra en una cárcel estadounidense donde enfrenta un proceso por conspiración para lavado de dinero, después de que el gobierno de Cabo Verde lo extraditó a ese país en octubre de 2022.
Un objetivo superior es lograr que Estados Unidos rebaje las sanciones al petróleo venezolano, que desde 2019 no se puede comercializar en ese país por decisiones ejecutivas del entonces presidente Donald Trump.