Una carrera a contrarreloj le toca a la administración de Nicolás Maduro en la defensa del territorio Esequibo.
El próximo 26 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llamó a la representación venezolana y la de Guyana para definir los términos administrativos para la defensa que ambas partes asumirán por este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Para los internacionalistas Mirna Yonis y Sadio Garavini, la defensa venezolana ha sido tardía y con estrategias poco claras sobre cómo asumir que el territorio Esequibo es parte del territorio nacional, pese a que no reconocen la jurisdicción de la CIJ que en diciembre de 2020 se declaró competente para dirimir la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899.
En esa época un tribunal parisino falló a favor del entonces imperio británico y despojó a Venezuela de su histórico territorio Esequibo, decisión que desde entonces no es reconocida por Venezuela.
En el año de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra en la ONU, por el que Venezuela y Guyana acordaron dirimir el conflicto centenario a través de Naciones Unidas.
El Acuerdo se mantiene vigente y reconoce el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, pero además asegura que si las partes no logran ponerse de acuerdo, le corresponderá al secretario general de la ONU definir los mecanismos d solución previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
Estos son: «la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección».
Por más de un cuarto de siglo Venezuela y Guyana usaron los buenos oficios, a través de un funcionario que designaba la ONU para buscar un arreglo entre las partes, pero ninguno de los oficiantes alcanzó una salida que beneficiara a las partes.
Garavini, quien fue embajador de Venezuela y es doctor en Ciencias Políticas, se pregunta cómo fue que Venezuela llegó al mecanismo preferido por Guyana de 1986 que fue el juridisccional; es decir, llevarlo a la Corte Internacional de Justicia.
Asegura que desde 2004 con la presidencia de Hugo Chávez y mediante el favoritismo de Cuba hacia Guyana se dejó de lado la defensa del Esequibo. Además al fallecido mandatario le importaba más mantener el favor y voto de los 14 países del Caricom, tanto en la OEA como en la ONU.
«A Chávez en su megalomanía del liderazgo hemisférico le interesaba poco el tema porque le afectaba la relación con el Caribe que eran 14 votos de la OEA y la ONU, le interesaba tener el voto del Caricom», afirma.
En este año Chávez viajó a Guyana y permitió que se hicieran inversiones de transnacionales en el territorio en disputa. Esto abrió las puertas para que transnacionales comenzaran la exploración en aguas marinas y submarinas, que desde entonces ha aumentado la presión por la presencia de petróleo en la zona.
Las exploraciones comenzaron a finales de 2013 cuando ya Nicolás Maduro era presidente de Venezuela. Esto llevó a la interceptación de un buque de exploración petrolera por parte de nuestro país y se reactivó la disputa centenaria.
«Guyana dio unilateralmente concesiones de exploración petrolera y fijó unilateralmente el mapa de las concesiones, lo que ellos creen que es su zona económica exclusiva, hubo un barco detenido por la Marina venezolana, ese barco era de una compañía estadounidense y ocurrió en 2013, la compañía no estuvo muy tranquila. Las compañías se van a inhibir y dicen que si hay problemas no se meten», recuerda Savirini.
Para el embajador retirado los buenos oficios y la negociación bilateral que se mantuvo desde 1989 fue una delación indefinida que beneficiaba a Guyana, que en 2018 introduce un recurso en la CIJ. Dos años después la Corte se declaró competente y ahora analizará la validez o no del Laudo Arbitral de París.
Mirna Yonis, quien es parte del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, recuerda que aunque el gobierno de Maduro desconoce la jurisdicción de la CIJ debe asumir de forma estratégica la defensa del territorio Esequibo en esta instancia.
«Si no hay garantías, pero se hubiera considerado asistir a la Corte, se hubiera podido estar formulando una estrategia distinta. Ahora es una estrategia tardía, se está contrarreloj», sostiene.
Agrega que si Venezuela reconoce el sistema de Naciones Unidas, su Carta y la resolución de controversias, aunque no admita la jurisdicción de la CIJ es una instancia que es válida dentro del derecho internacional.
«Ese es el punto, aunque no reconozcas la jurisdicción de la Corte tienes que defender el no reconocer, desde el punto de vista jurídico y diplomático», admite.
Y enumera que todas las acciones desde que Guyana acudió a la CIJ por parte de Venezuela han sido a destiempo, por lo que ahora bajo el escenario en contra igual está obligada a acudir a la primera reunión administrativa el 26 de febrero.
Savarini agrega que mientras Guyana se preparó desde 2014 con excancilleres, exembajadores y otros expertos internacionales que conocen el funcionamiento de la Corte, Venezuela solo enviaba quejas o informes.
«No defendimos con lo que teníamos ese momento, la CIJ tiene el derecho de decidir si tiene jurisdicción o no, mandamos informalmente memorándums, no era una cosa que estaba en el aire».
Ahora se debe demostrar con argumentos los reclamos históricos sobre el Esequibo y no perder de vista la defensa de la facha atlántica y la zona económica exclusiva.
«Tenemos que defendernos en la CIJ con los mejores asesores que podamos, conseguir a los mejores, apartando nuestros derechos sobre el Esequibo, también tenemos que sostener nuestra defensa sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva del Delta del Orinoco, y que nuestra salida al Atlántico no no las puede quitar nadie», insiste.
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Una carrera a contrarreloj le toca a la administración de Nicolás Maduro en la defensa del territorio Esequibo.
El próximo 26 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llamó a la representación venezolana y la de Guyana para definir los términos administrativos para la defensa que ambas partes asumirán por este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Para los internacionalistas Mirna Yonis y Sadio Garavini, la defensa venezolana ha sido tardía y con estrategias poco claras sobre cómo asumir que el territorio Esequibo es parte del territorio nacional, pese a que no reconocen la jurisdicción de la CIJ que en diciembre de 2020 se declaró competente para dirimir la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899.
En esa época un tribunal parisino falló a favor del entonces imperio británico y despojó a Venezuela de su histórico territorio Esequibo, decisión que desde entonces no es reconocida por Venezuela.
En el año de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra en la ONU, por el que Venezuela y Guyana acordaron dirimir el conflicto centenario a través de Naciones Unidas.
El Acuerdo se mantiene vigente y reconoce el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, pero además asegura que si las partes no logran ponerse de acuerdo, le corresponderá al secretario general de la ONU definir los mecanismos d solución previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
Estos son: «la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección».
Por más de un cuarto de siglo Venezuela y Guyana usaron los buenos oficios, a través de un funcionario que designaba la ONU para buscar un arreglo entre las partes, pero ninguno de los oficiantes alcanzó una salida que beneficiara a las partes.
Garavini, quien fue embajador de Venezuela y es doctor en Ciencias Políticas, se pregunta cómo fue que Venezuela llegó al mecanismo preferido por Guyana de 1986 que fue el juridisccional; es decir, llevarlo a la Corte Internacional de Justicia.
Asegura que desde 2004 con la presidencia de Hugo Chávez y mediante el favoritismo de Cuba hacia Guyana se dejó de lado la defensa del Esequibo. Además al fallecido mandatario le importaba más mantener el favor y voto de los 14 países del Caricom, tanto en la OEA como en la ONU.
«A Chávez en su megalomanía del liderazgo hemisférico le interesaba poco el tema porque le afectaba la relación con el Caribe que eran 14 votos de la OEA y la ONU, le interesaba tener el voto del Caricom», afirma.
En este año Chávez viajó a Guyana y permitió que se hicieran inversiones de transnacionales en el territorio en disputa. Esto abrió las puertas para que transnacionales comenzaran la exploración en aguas marinas y submarinas, que desde entonces ha aumentado la presión por la presencia de petróleo en la zona.
Las exploraciones comenzaron a finales de 2013 cuando ya Nicolás Maduro era presidente de Venezuela. Esto llevó a la interceptación de un buque de exploración petrolera por parte de nuestro país y se reactivó la disputa centenaria.
«Guyana dio unilateralmente concesiones de exploración petrolera y fijó unilateralmente el mapa de las concesiones, lo que ellos creen que es su zona económica exclusiva, hubo un barco detenido por la Marina venezolana, ese barco era de una compañía estadounidense y ocurrió en 2013, la compañía no estuvo muy tranquila. Las compañías se van a inhibir y dicen que si hay problemas no se meten», recuerda Savirini.
Para el embajador retirado los buenos oficios y la negociación bilateral que se mantuvo desde 1989 fue una delación indefinida que beneficiaba a Guyana, que en 2018 introduce un recurso en la CIJ. Dos años después la Corte se declaró competente y ahora analizará la validez o no del Laudo Arbitral de París.
Mirna Yonis, quien es parte del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, recuerda que aunque el gobierno de Maduro desconoce la jurisdicción de la CIJ debe asumir de forma estratégica la defensa del territorio Esequibo en esta instancia.
«Si no hay garantías, pero se hubiera considerado asistir a la Corte, se hubiera podido estar formulando una estrategia distinta. Ahora es una estrategia tardía, se está contrarreloj», sostiene.
Agrega que si Venezuela reconoce el sistema de Naciones Unidas, su Carta y la resolución de controversias, aunque no admita la jurisdicción de la CIJ es una instancia que es válida dentro del derecho internacional.
«Ese es el punto, aunque no reconozcas la jurisdicción de la Corte tienes que defender el no reconocer, desde el punto de vista jurídico y diplomático», admite.
Y enumera que todas las acciones desde que Guyana acudió a la CIJ por parte de Venezuela han sido a destiempo, por lo que ahora bajo el escenario en contra igual está obligada a acudir a la primera reunión administrativa el 26 de febrero.
Savarini agrega que mientras Guyana se preparó desde 2014 con excancilleres, exembajadores y otros expertos internacionales que conocen el funcionamiento de la Corte, Venezuela solo enviaba quejas o informes.
«No defendimos con lo que teníamos ese momento, la CIJ tiene el derecho de decidir si tiene jurisdicción o no, mandamos informalmente memorándums, no era una cosa que estaba en el aire».
Ahora se debe demostrar con argumentos los reclamos históricos sobre el Esequibo y no perder de vista la defensa de la facha atlántica y la zona económica exclusiva.
«Tenemos que defendernos en la CIJ con los mejores asesores que podamos, conseguir a los mejores, apartando nuestros derechos sobre el Esequibo, también tenemos que sostener nuestra defensa sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva del Delta del Orinoco, y que nuestra salida al Atlántico no no las puede quitar nadie», insiste.