Han transcurrido casi cinco años y medio desde que la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó sobre el inicio del examen preliminar sobre el caso Venezuela I para determinar si existía fundamento razonable de proceder con una investigación, de conformidad con criterios del Estatuto de Roma por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
A lo largo de este lustro, activistas de derechos humanos y ONG destacan la estrategia «dilatoria» del gobierno de Nicolás Maduro para evadir la investigación y juicios por violaciones de derechos humanos, pero también que la Fiscalía de la CPI ha dejado claro que hasta ahora, no hay disposición en el Estado venezolano de aplicar la justicia en los casos denunciados y que cuando se ha aplicado castigo se queda solo en autores materiales sin profundizar en la cadena de mando.
Este 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó la continuación de la investigación en el caso venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, durante el contexto de masivas manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro (2014 y 2017). A continuación algunas claves del proceso hasta ahora:
1️⃣ El inicio
El 8 de febrero de 2018, la entonces fiscal Bensouda anunció mediante un comunicado el inicio de un examen preliminar para la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de evaluar «la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios del Estatuto de Roma».
Es decir, el examen preliminar se limitó a analizar si se habían cometidos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017, en medio de manifestaciones ciudadanas masivas ocurridas ese año contra el gobierno de Maduro en varias regiones del país.
La acción se vio reforzada con la llegada a la Fiscalía, el 27 de septiembre de 2018, de una solicitud de Argentina, Canadá. Colombia, Chile, Paraguay y Perú para investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014. Para entonces se advirtió que no había plazos establecidos para tomar una decisión a partir del examen preliminar.
¿Cuáles crímenes de lesa humanidad?
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece: «A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crímenes de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
En el caso venezolano se investigan torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución política que son competencia de la Corte.
2️⃣ Se abre investigación formal
El 3 de noviembre de 2021 (a casi cuatro años del inicio del examen preliminar) el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, informó que el caso Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad pasó a fase de investigación formal. Es decir, durante la fase de examen preliminar se halló una base razonable para continuar con la investigación.
Ese día, Khan hizo el anuncio con Maduro al lado en el Palacio de Miraflores, donde firmaron un memorando de entendimiento para establecer cooperación y el compromiso de Venezuela a aplicar justicia. El fiscal le aseguró al gobernante que su oficina «no es política» y que está guiada por los principios de legalidad y estado de derecho.
Khan destacaba que hasta el momento no se había «identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona». Maduro dijo respetar la decisión pero sin compartirla.
«Soy el primero que quiere saber la verdad, que se haga justicia, que se salga de la dudas creadas, de las campañas mediáticas» dijo Maduro a Khan.
3️⃣ Fallida solicitud de aplazamiento
El gobierno de Maduro solicitó aplazamiento del proceso en la CPI el 15 de abril de 2022. Se alegó que las autoridades venezolanas ya estaban investigando «genuinamente» estos crímenes, concretamente 124 casos sobre los cuales la Fiscalía de la CPI había solicitado información. De dicha cifra, 116 se encontraban, según el gobierno, bajo investigación preliminar, cinco en etapa de juicio y tres con condenas.
El fiscal Khan debió notificar a un panel de jueces de la Corte la petición del gobierno venezolano y luego les pidió que la rechazaran. La investigación sobre Venezuela quedó suspendida hasta el pronunciamiento de los jueces.
El 1 de noviembre de 2022, Khan informó que pidió autorización a la CPI para seguir con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, con lo que fue rechazada la petición del gobierno de Venezuela. El fiscal concluyó que no se ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas que son competencia de la Corte, incluyendo las reformas judiciales de los últimos años.
4️⃣CPI rechaza otro recurso de Maduro
El 8 de mayo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó también la petición de Miraflores de responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas que presentaron denuncias sobre violaciones de DDHH, por «alegatos insuficientes».
El pasado 20 de abril, la CPI publicó la versión del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs).
En ese momento se detalló que recibieron 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas que incluyen a 8.900 víctimas, aproximadamente y 630 familias (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito.
En el informe se citan 7 testimonios de casos de violencia sexual, torturas y otros tratos crueles o degradantes.
El gobierno de Maduro instó al fiscal Khan a inhibirse del caso por «su parcialidad» contra el gobierno venezolano. Pese a ello, el fiscal visitó Venezuela a principios de junio por tercera vez, cuando se reunió con representantes de los Poderes Públicos, incluyendo a Maduro y se aseguró que esta vez, la CPI sí abriría una oficina técnica en el país, la cual fue acordada durante una segunda visita en marzo de 2022.
5️⃣ Momento de presentar casos concretos
Este 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó que continúe la investigación contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
En esta fase de reanudación de la investigación sobre Venezuela sin que haya un lapso determinado para ello, el fiscal Khan puede procesar y presentar ante la Corte casos concretos de presuntos crímenes, entrar en contacto directo con las víctimas y citar a los presuntos responsables, con órdenes de arresto incluidas.
«Cabe esperar que el fiscal presente casos concretos de víctimas y presuntos perpetradores, recopilará información, sumará elementos que no haya presentado, habrá evacuación de pruebas, comunicación con testigos y víctimas, el fiscal actuará de manera libre, puede procesar lo que estaba paralizado y avanzar», indicó Alí Daniels de la ONG Acceso a la Justicia a Efecto Cocuyo.
6️⃣ Maduro apela
La noche de este 27 de junio, la Cancillería de Venezuela anunció que apelarían la decisión de la Sala de Cuestiones preliminares de la CPI, además de ejercer «otras acciones» previstas en el Estatuto de Roma.
Miraflores insistió en que existe una estrategia, liderada por Estados Unidos, que busca «instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos», para sacar del poder a Maduro.
Expertos en DDHH señalaron que el artículo 81 del Estatuto de Roma da el derecho de apelación al gobierno venezolano, pero que dicha acción no tiene efectos suspensivos de la investigación, es decir, no la paraliza mientras la CPI responde.
Igualmente, Venezuela sigue teniendo la puerta abierta para demostrar que se investigan y castigan violaciones de DDHH.