Venezuela, su historia reciente, se va llenando de casos de arbitrariedad. Una definición encontrada de paso en la web nos señala que las arbitrariedades corresponden a una forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho; y que por tanto no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes.
El concepto de arbitrariedad está muy bien sintetizado en el lenguaje popular venezolano: lo hago porque me da la gana y punto. Cuando un funcionario, que debería estar al servicio del bien común y de hacer cumplir las leyes, te responde con eso de que actúa de una manera porque, sencillamente, le da la gana, es asunto de preocuparse. Cuando es el conjunto de entidades oficiales, escala al nivel de gravedad.
En Venezuela estamos en un punto ciego. Los ciudadanos, que son víctimas de la arbitrariedad, no tienen a dónde acudir. Hacer intervenir a otra dependencia, denunciando los excesos de otros funcionarios, en un país como Venezuela, sencillamente puede llevar a que se reciba un castigo por partida doble.
A mediados del mes pasado, el periodista Otilio Rodríguez resultó detenido en Carúpano, estado Sucre. Otilio, en ese momento, era el director de la emisora Pura Candela 93.3 FM. Una noche estuvo detenido. Según su propio testimonio, los efectivos de la Guardia Nacional que le custodiaban se portaron de manera decente y argumentaron que no les tocó otra opción que meterlo preso porque había “órdenes de arriba”.
De forma muy rápida, a Otilio se le montó un expediente. Resultó acusado de “instigación al odio”, uno de los “delitos” que la neolengua del poder chavista terminó imponiendo desde una Asamblea Nacional Constituyente que no es tal cosa. Tres años después no ha redactado ni un artículo de una hipotética nueva constitución.
El periodista había denunciado irregularidades en la venta de combustible en Carúpano. No lo confirmó él, pero todo apunta a que con sus denuncias sobre la gasolina molestó a algún alto oficial militar. Esto se desprende de una única declaración en la que ofreció detalles sobre su detención, la cual se extendió por unas 20 horas.
La actuación de la Guardia Nacional contra Rodríguez no se detuvo allí. Dos semanas después de ser llevado a un calabozo y luego liberado, efectivos de este cuerpo irrumpieron en la sede de Pura Candela 93.3 FM para sacar del aire a esta estación.
De un reporte emitido por la ONG Espacio Público, el viernes 31 de julio, tomo esta cita textual sobre la desmedida, a fin de cuentas, arbitraria disposición que terminó con el medio de comunicación que dirigía Otilio Rodríguez.
“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM en Carúpano, estado Sucre, este viernes 31 de julio con la presencia de más de 200 efectivos de la GNB pasadas las 7:30 pm. Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado”, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. La periodista Lovelia Pérez dijo que los uniformados cargaron con todos los equipos y sacaron a la locutora Patricia Andarcia y a todo el equipo del programa Al calor del amor, que estaba al aire en ese momento.
Tras saber que 200 uniformados de la GN se presentaron para sacar del aire a una pequeña emisora de radio no cabe otra respuesta que la indignación. Quienes detentan el poder actúan guiados por su “me da la gana”. No hay ninguna norma que estipule que una delegación militar, numerosa por lo demás, vaya y tome los equipos de un medio de comunicación.
Han ocurrido a lo largo de los años muchos hechos arbitrarios en Venezuela, en una política que busca cercar o restringir la libertad de expresión e información. Pero éste caso se salta de escala. La arbitrariedad no parece tener límite alguno.
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