Fuerzas de seguridad en Venezuela

En estas líneas presento una síntesis de los principales hallazgos de la investigación sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela que realizamos en el marco del proyecto regional Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela.

 

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Desde el punto de vista normativo Venezuela puede considerarse un país de avanzada en cuanto a la regulación del uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad, nuestra Constitución así como el resto del bloque normativo tiene como núcleo la defensa de la vida, contempla la rendición de cuentas por parte de las autoridades, además de contar con manuales y protocolos de actuación especializados. Sin embargo, nada de esto se aplica efectivamente, así lo comprueban las evidencias de nuestros estudios sobre las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Al analizar las informaciones oficiales disponibles puede apreciarse una clara tendencia al aumento de este tipo de muertes. Si bien las denuncias de excesos policiales son de vieja data en el país, éstas se incrementan de manera más abrupta y acelerada a partir del año 2013, y presentan grandes saltos en 2015 y 2016, cuando se hace énfasis en campañas de operativos policiales militarizados. En 2010, la tasa por cada cien mil habitantes (pccmh) de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19. ¡Se trata de un incremento de 726%! Entre 2010 y 2017 han muerto en manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas, el 60% de estos casos ocurrieron entre 2016 y 2017.

Para la elaboración de los indicadores de uso y abuso de la fuerza letal se priorizó en la información oficial, solo cuando ésta no existía se complementó con la sistematización de los casos registrados en las noticias. Por razones de espacio solo presentaré los indicadores más relevantes de nuestro informe, todos corresponden al año 2017 que fue el periodo acordado por el grupo regional.

 

Indicadores de incidencia

Con los indicadores de incidencia intentamos medir la intensidad del uso de la fuerza contra civiles. Para el caso venezolano las cifras son las siguientes:

  • Según información oficial, durante el año 2017, unas 4 mil 998 personas resultaron fallecidas por intervención de la fuerza pública. Un número superior al de Brasil, país que tiene casi siete veces la población de Venezuela.
  • Esta cifra representa una tasa de 15,9 civiles muertos por intervención de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. El país con la tasa más alta después de Venezuela es El Salvador con 6,8, seguido de Brasil con 2,3.
  • La tasa aproximada de civiles muertos por cada 1.000 agentes de seguridad pública es de 28,6. En este caso en la comparación regional se repiten las posiciones, con claras brechas, El Salvador presenta una tasa de 9,9 seguido de Brasil con 7,8.
  • En este lapso se registraron 157 funcionarios víctimas de homicidio, de éstos solo 57 (36%) se encontraban en ejercicio de sus funciones.
  • La cifra anterior da una tasa de 0,3 funcionarios fallecidos por cada 1.000 agentes. Similar a la de Colombia (0,3), inferior a la de México (0,5) y superior a la de Brasil (0,1) y El Salvador (0,1).

Indicadores de abuso

Los indicadores de abuso de la fuerza letal intentan medir en qué grado, en un conjunto de casos, se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal. Digamos de manera general que estos indicadores están vinculados con la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los hallazgos para el caso venezolano son los siguientes:

  • En 2017 el porcentaje que las muertes en manos de las fuerzas de seguridad ocupó dentro del total de homicidios en el país fue de 26%. Éste aumentó en 2018 a 33%, es decir, que actualmente en Venezuela uno de cada tres homicidios se debe a la intervención de la fuerza pública. Para hacernos una idea de las proporciones se estima que un porcentaje superior a 10% constituiría un claro indicio de uso abusivo de la fuerza. El Salvador tiene un porcentaje de 10,3% y Brasil 7,3%.
  • Siguiendo la metodología acordada por el grupo regional de investigación, la relación entre civiles y funcionarios fallecidos es la siguiente: por cada funcionario fallecido mueren 26 civiles. Tómese como referente para hacer contrastes que Chevigny plantea que la muerte de más de 10 civiles por cada funcionario de seguridad “sugiere que se pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos de la protección de la vida en situaciones de emergencia”, esto sirve como indicador de un uso excesivo de la fuerza letal. Este indicador en particular se construyó con los casos registrados en las noticias, por esta razón solo pudiera contrastarse con México, que utilizó la misma fuente, el resultado obtenido para ellos fue de 4,6. Ambos países quedan muy lejos de las cifras de El Salvador (101,8) y Brasil (57,7) que están basadas en información oficial.
  • Otro indicador es la razón entre civiles fallecidos y civiles heridos por intervención de la fuerza pública. En el caso venezolano por cada civil herido fallecen otros 16. Esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase por mucho al número de heridos o que el número de estos últimos sea mayor.
  • El número de civiles muertos por caso es de 1,5. Esta cifra ratifica lo que hemos afirmado en otras ocasiones, en Venezuela se encuentra en marcha una masacre por goteo. Según las cifras oficiales analizadas, 14 personas murieron diariamente por intervención de la fuerza pública durante el año 2017. Este número se elevó a 15 en el año 2018.

Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador del continuo proceso de precarización y deterioro institucional que se encuentra en pleno desarrollo en el país, en términos de un ejercicio del poder descontrolado, sin límites que le sirvan de contención. Estas muertes institucionales son una clara expresión de la necropolítica que se extiende de manera progresiva en la Venezuela actual.

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