La inhabilitación de María Corina Machado para postularse a cargos de elección popular por un plazo de quince años, decisión asumida por el régimen opresor venezolano y encauzada por la Contraloría General de la República, es una soez afrenta al ejercicio de la política que exalta el pluralismo y responde a una trampa llamada «ley».
El pluralismo entendido como el espacio que legitima la libertad y el derecho del ser humano a expresarse ante la comunidad a la cual circunscribe las capacidades y potencialidades mediante su participación.
Cualquier explicación que busque comprender los problemas en que incurre un régimen político para tomar la decisión de inhabilitar a alguien obliga a mirar la historia política, pues como lo infirió el político alemán Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.
Todo evento pasado, revisado desde la perspectiva actual, contiene un significado político. Sin embargo, la dinámica social juega a enrarecer las lecciones de la historia. La visión presurosa del pretérito tiende a desfigurar la razón que fundamenta el presente.
Es preciso preguntarse entonces: ¿por qué desdeñar la importancia de la historia política nacional toda vez que en sus líneas se hallan rotundas lecciones que pudieran evitar repetir determinados eventos.
Aprender de una caída histórica
Indagar la historia venezolana en lo que fue la caída de la Primera República, incluso los hechos posteriores, permite extraer de los infortunados eventos razones que manifiestan injusticias cometidas. El propósito trazado debe ser enfocar los errores cometidos para que su reinterpretación sirva de cimiento para restablecer el Estado democrático y social de derecho, de equidad, de pluralidad y de Justicia.
La Primera República que subsistió entre el 19 de abril de 1810 y el 30 de julio de 1812, apenas dos años, pretendió consolidarse enarbolando derechos imperiales del monarca español Fernando VII. Para ello, se elaboró un programa de interesantes decisiones políticas.
Sin embargo, el embrollo que forjó la rápida caída de dicha República fue la confusión en la tarea política de aquellos republicanos, quienes creyeron contar con el poder suficiente para lograr la independencia absoluta de Venezuela. Así se encendió el polvorín político que desató conflicto tras conflicto. La crisis provocada, arrasó con la acariciada idea de independizar a Venezuela del yugo que la asediaba.
De nada valió la creación de movimientos políticos inspirados en hechos foráneos alcanzados. Esos movimientos “revolucionarios” armados de valiosas ideas, se derruyeron tan pronto como España autorizó embates militares que comenzaron a reducir la resistencia patriótica.
Podría decirse que la caída de esa República fue incitada por el saboteo intencionado de los independentistas, además del terremoto de marzo de 1812. La República entró en una etapa de colapso inmediato.
A manera de parangón
Este breve análisis, podría fundamentar la comparación entre aquellos eventos y los que hoy protagonizan la crisis incitada por el improvisado y errado ejercicio de la política denominada “socialismo del siglo XXI”.
La ilegal inhabilitación, por inconstitucional y violatoria de los DD.HH., de la combativa María Corina Machado remite a hechos que la historia política retrató en el marco de la injusticia, el odio, el egoísmo, la envidia y la arbitrariedad vividas en la caída del Primera República.
Igual que ayer, los problemas provienen de un pluralismo extraviado y de una realidad vacía de solidaridad, sin mayor moralidad ni ética. El ejercicio de la política, sigue dándose amarrado a la ignorancia, al oprobio y la impudicia. Quizás, actualmente se suscitan hechos peores pues el miedo a la defenestración incita decisiones “a priori” como la inhabilitación en perjuicio de los derechos políticos de la líder María Corina Machado y de otros tantos venezolanos.
El ejercicio de la política ha estado en manos de sectarios. De individuos incapaces de actuar desde la razón, aunque sí subyugados por el miedo a despeñarse. Sin exacto conocimiento del ordenamiento jurídico, ignoran que las inhabilitaciones políticas no tienen valor legal alguno.
En el juego político en que participa el régimen, la alevosía es una constante. Este actor es un jugador tramposo. Le quita la pelota a quien va ganando el partido. Todo indica que, en nombre de la política, a las injusticias se les da un ropaje de “ley”.
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