Como en la película de George Clooney, se arremolinan sobre el cielo de la UCV formaciones huracanadas de gran envergadura. Recuerdo que en el 2001, por la fuerza, un grupo de estudiantes y empleados chavecistas tomó por varias semanas su Consejo Universitario, para tratar de forzar un proceso de control político de la institución que ni a la corta ni a la larga han logrado. Lamentablemente, para el 2020 tal vez podría el Gobierno materializar su hasta ahora postergado propósito de intervenir a la UCV e imponerle autoridades.
Desde agosto del 2019, mediante la sentencia 0324, la Sala Constitucional del TSJ ordenó celebrar elecciones para autoridades rectorales en la UCV en un plazo máximo de seis meses, en virtud de tener esas autoridades vencidos sus períodos de gobierno.
También estableció el TSJ un régimen transitorio para esas elecciones. Según ese régimen, tendrían derecho a votar: A) todos los profesores, activos y jubilados, de escalafón y contratados. B) todos los estudiantes activos de pregrado y postgrado. C) todos los empleados, activos y jubilados. D) todos los obreros, activos y jubilados. E) todos los egresados que ejerzan su profesión en las localidades donde la UCV tenga sus sedes y que se inscriban en un registro electoral ad hoc.
Pareciese, entonces, que la anhelada intervención por parte del Gobierno está acercándose sin que la UCV (y otras universidades) den señales de respuesta oportuna y proporcionada. En efecto, ni se ha decidido ni se ha preparado en ella elecciones rectorales con la fórmula tradicional (con solo profesores y estudiantes); pero tampoco en la forma como ordena el TSJ; ni con un modelo híbrido alguno. Podría entrar, pues, a partir del 28 de febrero próximo, la UCV en desacato con respecto al mandato de la sentencia 0324; tras lo cual un CNU dominado por el Gobierno podría ser conminado por el TSJ a designar nuevas autoridades rectorales. Así de verosímil.
¿Y cómo están las fuerzas en la UCV para enfrentar esa amenaza real e inminente? Me dicen amigos profesores que los otrora bulliciosos pasillos ucevistas (yo fui profesor en su Escuela de Educación entre 1975 y 1998) están ya desde comienzos de la tarde como las callejuelas solitarias de la Ortiz de Casas Muertas. Ya no estudian en ella los 50 mil de siempre sino, si acaso, la mitad de esa cifra.
En cuanto a los profesores, se rompió hace al menos una década la sucesión de generaciones de relevo por la brutal y constante emigración forzosa que a otros destinos laborales han debido ir haciendo recurrentemente los nuevos grupos de jóvenes docentes que ingresaban a la institución. Emigración forzosa porque a los cuatro o cinco años de actividad se dan cuenta que no pueden ni vivir ni progresar con los miserables salarios que el Gobierno ha destinado a la institución. Para diciembre pasado, por ejemplo, el sueldo de un profesor instructor a dedicación exclusiva alcanzaba solo a 619.000 bolívares mensuales y el de un profesor titular apenas a 1.143.000 bolívares.
A tal debilitamiento de la cohesión y fortaleza de los sectores profesoral y estudiantil se sumó, desde octubre pasado, un cierto distanciamiento de una parte (no se si mucha o poca) del profesorado con respecto a las autoridades rectorales por decisiones que algunas de estas tomaron en relación con el sistema médico asistencial de los profesores. Son los casos del SAMHOI y de la Clínica CEDIVI.
Como si faltasen mas ingredientes para debilitar la cohesión interna, a mediados de diciembre se conoció que diversas autoridades de la UCV (al parecer, directores de escuelas, decanos y autoridades de dependencias centrales) habían recibido un aguinaldo significativo (presuntamente, entre 30 y 50 millones de bolívares). Ello porque la OPSU autorizó un incremento substancial de sus primas por responsabilidad gerencial, lo cual repercutió en el monto del tradicional pago de aguinaldos.
Tal hecho creó diferencias muy llamativas en las escalas salariales, lo cual ha generado críticas muy fuertes desde dos perspectivas: la del igualitarismo propio de la cultura de la homologación; y también la de la meritocracia académica, pues se señalan casos notorios de profesores asistentes, con cargos directivos, que recibieron un aguinaldo cinco veces superior al de un profesor titular con carga docente, de investigación y también responsabilidades administrativas, pero no con cargos directivos de los ya señalados.
Yo creo que hay que remunerar significativamente a la gerencia de las instituciones universitarias. Pero lo que estoy reseñando es que se ha creado perplejidad y malestar en el seno del profesorado porque la lógica de las diferenciaciones salariales hasta ahora no ha sido explicada y argumentada.
En conclusión: tiene el Gobierno en sus manos una “Espada de Damocles” a partir del 28 de febrero y al frente está una comunidad de estudiantes y profesores ucevista muy debilitada y con malestar y algunas desconfianzas hacia sus autoridades. Pienso que le toca a estas salir de sus despachos y explicarle muy nítidamente al profesorado lo que ha ocurrido y va a ocurrir con sus salarios y con su sistema médico asistencial. Porque me dicen mis informantes que se han creado zonas opacas a lo interno.
Además, si esas autoridades no asumen una postura en materia de elecciones distinta a la omisión y el corrimiento de la arruga frente a cualquiera de las tres opciones electorales a implementar, me temo que el Gobierno tendrá en sus manos la decisión de cuándo y cómo intervenir a la UCV, destituyendo autoridades que podrían tener que irse a sus casas con mucha pena y poca gloria.
***
Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.