Ha sido eterna la discusión entre economistas —de distintas veredas— acerca de la necesidad del crecimiento económico y su implicación directa en las mejoras generales de la calidad de vida de las personas. Unos dicen que el crecimiento económico sería una condición previa indispensable para aquello, otros manifiestan que no sería lo más importante, puesto que solo se trataría de distribuir de forma eficiente lo que se tiene y, en consecuencia, se lograría el bienestar que se persigue (incluso más, esto sería suficiente para alcanzar la igualdad material).
Esta última postura es la que ha dominado en nuestro país en los años recientes. Así pues, hemos visto cómo se pontifica una administración de los recursos sin importar cómo se crean los mismos. Es decir, no importa la creación de la riqueza para reducir la pobreza, la desnutrición o el acceso a servicios públicos de calidad, sino que bastaría un decreto de ley o un manifiesto para declarar que todo eso deja de existir.
Sin embargo, la realidad es terca y nos demuestra diariamente que el crecimiento económico guarda correspondencia directa con el incremento de la producción de bienes y servicios, lo cual, a su vez, es el medio fundamental para ofrecer mejores empleos, protección social, atención médica, seguridad ciudadana, acceso a la vivienda, mejores ingresos, etc., dado que todo ello necesariamente requiere de recursos que deben crearse (no imprimirse sin sustento). En efecto, todas las aspiraciones personales y colectivas anteriormente mencionadas cuestan dinero, quiere decir, su materialización depende de su generación y no del simple deseo. Como dicen en unas de las primeras clases de economía para explicar la creación de riqueza: para repartir mejor la torta, tenemos que aumentar los pedazos de la torta.
Por supuesto, el ejemplo es bastante básico, porque muchos podrán decir que la torta está mal repartida e injustamente unos tienen unos pedazos más grandes a causa de muchos abusos y privilegios de tal sector. Sin embargo, esto se resuelve legislando, buscando consensos y conversando con las distintas miradas, pero no quitándole los pedazos de la torta que ya tienen de forma unilateral, porque injusticia por injusticia no es igual a justicia (al contrario, esto sería propio de lo que se ha definido como la falacia de la justicia).
En consecuencia, cuando mañana algún proyecto político le ofrezca una mejor calidad de vida, primero pregúntele cómo se financia eso, porque terminar con el hambre cuesta, percibir pensiones dignas cuesta, gozar de una buena educación cuesta, proteger el medio ambiente cuesta y acceder a una prestación de salud adecuada cuesta. Y así podría seguir con otros ejemplos para que podamos comprender que tenemos necesidades infinitas, pero recursos finitos (otra lección básica de la introducción a la economía), y estos finalmente deben crearse a través del sudor, ingenio, esfuerzo, innovación y creatividad de la sociedad en su conjunto, no por el mero voluntarismo o un comunicado oficial del gobernante de turno.
En fin, descarte aquel que prometa mejorar las condiciones de vida en general a través de normas constitucionales o alguna declaración poética, porque el hambre y la miseria solo presta oídos a políticas públicas que la encaren rigurosamente y no a un manifiesto de buenos deseos. Aún más, si no se enfrenta de este modo, solo se administrará pobreza, porque — insisto— los bienes y servicios se crean, no los trae cada noche la luna.
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